Luego de que se conociera el fallo del Tribunal Administrativo de Bolívar que ordenaba la suspensión inmediata de la intervención de la EPS Coosalud, el representante legal del Jaime González denunció demora y dilatación en el proceso de entrega de la entidad por parte de la Superintendencia de Salud.
Blu Radio habló con el abogado Julián Quintana, representante de Jaime González, quien fue gerente de Coosalud antes de su intervención, y señaló que esta mañana se presentaron en las instalaciones de la EPS en Cartagena para iniciar el proceso de entrega, tal como lo ordenó el Tribunal, que dispuso devolver la entidad al estado en el que se encontraba antes de la intervención.
Quintana aseguró que tiempo después de que el agente interventor de la EPS Coosalud, Jorge Orlando Suárez, se presentara para realizar la entrega de la entidad, se retiró después manifestando que la Superintendencia Nacional de Salud negó la continuidad del procedimiento.
“De un momento a otro el interventor nos dice que él no puede seguir entregando la información y que no va a hacer ninguna entrega porque la Superintendencia dio la orden de que no se podía hacer nada. Entonces sin duda alguna es un desacato total a la decisión”, señaló Julián Quintana.
Esta decisión por parte del interventor constituiría un desacato a la orden judicial, según lo manifestado por Quintana, ya que el fallo del tribunal establece la entrega inmediata y sin interpretaciones adicionales.
“Están tratando de ganar tiempo y dilatar y no entendemos las razones para que hoy no se haya hecho esa entrega inmediata que fue así como lo ordenó el tribunal”, agregó.
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Entre tanto, la Superintendencia de Salud aseguró que, si está acatando el fallo del Tribunal, argumentando que el interventor continuará en ejercicio sus funciones hasta tanto se culmine la entrega formal de la EPS, por lo cual se realizarán mesas técnicas de alistamiento a partir del lunes 20 de abril de 2026, a las 2:00 de la tarde en las instalaciones de COOSALUD EPS S.A. en Cartagena.
Cabe destacar que esta decisión se da en medio de un momento crítico para la EPS, pues según el Tribunal desde la intervención a Coosalud se habría presentado un incremento del 32 % en las quejas y reclamos mientras que las cuentas por cobrar con más de 180 días de mora pasaron de $66.000 millones a más de $274.700 millones.