El Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó la suspensión provisional de la intervención de la EPS Coosalud, medida que había sido adoptada por la Superintendencia Nacional de Salud desde noviembre de 2024 y prorrogada hasta noviembre de 2026. La decisión fue tomada mediante el Auto Interlocutorio 072 de 2026, como medida cautelar dentro de una acción popular.
La acción fue presentada por la Red Integrada de Prestadores de Servicios de Salud S.A.S., Multiservicios OL S.A.S. Jaime Miguel González Montaño Y Natalia Largo González, quienes argumentaron que la intervención habría vulnerado el derecho colectivo a la moralidad administrativa y afectado la prestación del servicio de salud a los afiliados.
Según el tribunal, durante el periodo de intervención se evidenció un deterioro en los indicadores de la EPS. Entre los datos analizados, se destacó un aumento del 32 % en las peticiones, quejas y reclamos, que pasaron de más de 81 mil en 2024 a más de 107 mil en 2025. Además, las acciones de tutela relacionadas con la prestación del servicio de salud también tuvieron un aumento del 21 %, lo que reflejaría mayores dificultades para los usuarios.
Asimismo, advirtió un deterioro financiero progresivo de la entidad, acompañado de una alta rotación en los agentes interventores, pues entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025 fueron designados cinco interventores distintos, lo que, según el tribunal, habría generado inestabilidad administrativa y dificultades para cumplir los objetivos de la intervención.
La decisión judicial también tuvo en cuenta la actuación de la Procuraduría General de la Nación, que suspendió provisionalmente al agente interventor Alexander Mesa Romero, tras encontrar indicios de una gestión deficiente que habría agravado la situación financiera y operativa de la EPS.
Por lo anterior, el Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó la suspensión provisional de las resoluciones que determinaron la toma de posesión y la prórroga de la intervención, mientras se resuelve de fondo la acción popular. La decisión implica que la administración de la EPS vuelva al estado en que se encontraba antes de dicha intervención.
Finalmente, el tribunal ordenó a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación ejercer acompañamiento y vigilancia administrativa, financiera y técnica sobre el funcionamiento de Coosalud.
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Cabe destacar que esta decisión es de carácter cautelar y no representa un fallo definitivo sobre la legalidad de la intervención de la entidad.
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