Una leve fiebre y un poco de tos fueron los síntomas que Catalina Londoño de la Hoz, una fisioterapeuta de 29 años con 22 semanas de embarazo, empezó a sentir desde el pasado 22 de junio, el mismo día en que decidió ir junto a su esposo a su EPS Sura para ser revisada pues temía estar contagiada con COVID-19.
Días después fue diagnosticada con coronavirus, pero Catalina nunca más regresó a su hogar. Desde entonces, la comunicación solo fue vía telefónica con su familia y el pasado 4 de julio, tras graves problemas para respirar, fue intubada en la clínica Porto Azul.
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Horas antes del procedimiento se comunicó con su padre Fernando Londoño, a quien le dijo que sentía temor.
“Me mandó un mensaje de voz donde me dice que la van a intubar y que lo acepta para prevenir algo que lamentar más adelante. Ella temí intubarse por su estado de embarazo”, expresó el padre de la joven víctima.
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La fisioterapeuta llevaba aproximadamente seis años trabajando en la Clínica de la Costa. La institución, a través de un comunicado, informó que ante la contingencia por el COVID-19 ampliaron las medidas de bioseguridad hacia ella y se limitó completamente su exposición, asignándola a la atención de pacientes no-COVID.
Pese a esto, el padre de la víctima, quien además era madre de una niña de dos años, señaló que la clínica debió mandarla a realizar trabajo en casa para no exponerla por su embarazo.
En la actualidad, seis miembros de su familia, incluidos dos niños, se encuentran a la espera de que sus EPS les practiquen las pruebas de COVID-19.
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