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El Gobierno nacional, a través de la Superintendencia Nacional de Salud, nombró a cuatro “interventores suplentes” de las EPS Asmet Salud, Savia Salud, Coosalud y Servicio Occidental de Salud S.O.S., que habían sido suspendidos por la Procuraduría ante el deterioro del servicio para los usuarios.
La designación de los nuevos interventores provisionales responde a la decisión de la Procuraduría, que el pasado mes de marzo suspendió por 3 meses a los interventores de estas EPS, al evidenciar el incremento de las quejas y reclamos sobre la prestación de los servicios y el aumento de las acciones de tutela por parte de los afiliados durante el proceso de la intervención forzosa.
La Procuraduría detectó el aumento de los problemas financieros y de gastos administrativos y el crecimiento de los pasivos de esas entidades.
En cumplimiento de la orden de la Procuraduría, la Superintendencia de Salud nombró a Jessica Milena Aguirre en la EPS Asmet Salud como interventora encargada. En el perfil profesional divulgado por la entidad aparece como médica con especialidad en auditoría de servicios de salud y gerencia de servicios.
Para la EPS Servicios Occidentales de Salud (S.O.S.), fue designada como interventora suplente Margarita Orozco Eslait, quien es Administradora de Empresas.
En la EPS Savia Salud fue nombrada como interventora suplente Edda Lorena Sintura. En el perfil profesional divulgado por la superintendencia, señala que es Contadora Pública con Especialización en Gerencia Tributaria y Magíster en Administración de Empresas.
En la EPS Coosalud fue designado como interventor provisional Jorge Orlando Suárez Burgos, contador público.
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Para el caso de la EPS Capresoca, la Superintendencia de Salud anunció que procederá a la designación de un nuevo suplente en virtud de la reciente decisión de la Procuraduría General de la República.
En este caso, el ministerio público suspendió provisionalmente por tres meses a la agente interventora de la EPS Capresoca, Betty Cecilia Anaya, tras el deterioro en los servicios a los pacientes tras su intervención por parte del Gobierno en 2024. La procuraduría denunció que las quejas y reclamos aumentaron un 144% y el número de tutelas se incrementó en un 56% después de su intervención.
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