Tutelas por salud suben 18 % en Colombia: más de 312.000 casos en 2025

Las tutelas para proteger el derecho a la salud continúan en aumento en Colombia. Según la Defensoría del Pueblo, en 2025 se presentaron cerca de 312.500 acciones, frente a más de 265.000 registradas en 2024, lo que representa un incremento cercano al 18 %, es decir, alrededor de 47.500 casos adicionales.

Actualmente, el 34 % de todas las tutelas en el país están relacionadas con salud, lo que las convierte en una de las principales causas por las que los ciudadanos acuden a la justicia.

El informe, basado en datos de la Corte Constitucional, también muestra que la mayoría de estas acciones son falladas a favor de los pacientes. La tasa de concesión alcanza el 74,3 %, lo que indica que en tres de cada cuatro casos los jueces reconocen la vulneración del derecho y ordenan garantizar la atención.

“Las solicitudes de transporte registran la tasa más alta (83,0 %), seguidas de insumos médicos (82,6 %) y tratamiento integral (82,1 %), con ello se evidencia que en general, el sistema judicial resuelve favorablemente la gran mayoría de estas tutelas”, dice el informe.

Concentración territorial y desigualdades

Antioquia lidera con 55.705 tutelas, equivalente al 20,5 % del total nacional, seguido por Valle del Cauca con 27.971 y Bogotá con 26.372. Estas tres regiones concentran más del 40 % de las acciones.

A nivel municipal, Medellín encabeza con 24.202 tutelas, seguida de Bogotá y Cali, mientras que los 25 municipios con mayor volumen agrupan cerca del 60 % del total.

Sin embargo, la Defensoría advierte que la baja judicialización en territorios más pobres no implica una mejor situación. Por el contrario, puede reflejar mayores barreras de acceso tanto a los servicios de salud como a la justicia. De hecho, regiones como San Andrés presentan tasas que cuadruplican el promedio nacional, mientras que departamentos como Huila y Bolívar registran los niveles más bajos.

EPS, barreras y motivos de las tutelas

La Nueva EPS concentra el mayor volumen de tutelas, con 63.176 acciones, es decir, el 23,3 % del total nacional. No obstante, el informe aclara que las diferencias entre EPS no se explican por la complejidad de los pacientes, sino por barreras administrativas y organizacionales.

“En contraste, Savia Salud presenta una tasa de 118,8 (2,6 veces el promedio) con 22 177 tutelas concentradas casi exclusivamente en Antioquia. El Inpec exhibe la tasa más alta: 203,5 por 10 000, lo que refleja los problemas estructurales de atención en el sistema penitenciario. Famisanar (incluidas las tutelas que vinculan a CAFAM y a Colsubsidio) registra tasas que superan el doble del promedio”, añade el informe.

Entre las principales razones por las que los ciudadanos interponen tutelas están las dificultades para acceder a citas con especialistas, que representan el 26,4 % de los casos. Le siguen problemas con la entrega de medicamentos (23,6 %), transporte y viáticos (21,3 %), hospitalización (19,7 %), tratamientos integrales (17,5 %) y cirugías (16,5 %). También se reportan demoras, negaciones explícitas, falta de insumos médicos y terapias de rehabilitación.

Perfil de pacientes y poblaciones vulnerables

El informe también identifica patrones en los diagnósticos asociados a estas acciones. Las enfermedades del sistema circulatorio encabezan la lista, seguidas por afecciones osteomusculares, neurológicas y endocrinas, incluyendo la diabetes. Asimismo, se evidencia una presencia relevante de trastornos mentales como ansiedad, autismo y depresión.

Cerca del 40 % de las tutelas corresponden a sujetos de especial protección constitucional, entre ellos mujeres lactantes o cabeza de hogar, adultos mayores, personas con discapacidad, pacientes con enfermedades graves y población migrante, además de habitantes de calle, desplazados y víctimas de violencia.

“La acción de tutela se ha consolidado como la principal vía de acceso a la justicia en materia de derecho a la salud, con lo cual desplaza su carácter de recurso excepcional. (…) Los más de 265 000 casos analizados constituyen igual número de historias individuales de ciudadanos que encontraron en la acción judicial un mecanismo de último recurso. Los patrones identificados, concentración territorial e institucional, heterogeneidad entre EPS, sesgo hacia condiciones costosas y la paradoja de que quienes más necesitan el mecanismo son quienes menos acceden a él, no son aleatorios ni coyunturales, sino que reflejan las características estructurales del diseño institucional del sistema de salud colombiano”, concluye el informe.