Colombia podría dar un nuevo paso en la regulación del cannabis medicinal con la expedición de un decreto que permitiría a universidades y entidades reconocidas por Colciencias adelantar investigaciones científicas sobre esta planta. La medida, que se encuentra en estudio, busca abrir nuevas alternativas de tratamiento para más de 15 millones de pacientes que sufren dolor crónico en el país y posicionar a Colombia como referente regional en innovación y desarrollo en este campo.
Según la Asociación Colombiana para el Estudio del Dolor (ACED), el 70 % de los colombianos –es decir, cerca de 42 millones de personas– ha padecido dolor crónico en algún momento de su vida, una condición que afecta la productividad laboral, la actividad física, el descanso e incluso la vida social y familiar. De ahí la relevancia de ampliar las investigaciones que respalden el uso terapéutico del cannabis en el tratamiento de este tipo de patologías.
Actualmente, el país es pionero en América Latina en la regulación de esta industria y ha demostrado avances en el manejo de enfermedades como epilepsia, esclerosis múltiple, trastornos de ansiedad, insomnio y dolor crónico. Los pacientes que cumplen los requisitos pueden acceder a medicamentos derivados del cannabis a través de su plan de beneficios de salud o EPS.
Juan Romero, CEO de Carmen’s Medicinals, calificó la propuesta como “una oportunidad para que la ciencia respalde con más evidencia sólida el uso terapéutico del cannabis para el desarrollo de nuevos productos en diferentes patologías, lo que beneficiaría a muchos más pacientes como a la comunidad médica”. La compañía, que ha trabajado junto a la Universidad Santiago de Cali y la Asociación de Veterinarios VetCann, resalta que cambios regulatorios de este tipo permitirían consolidar a Colombia en un mercado que, según Mordor Intelligence, alcanzará los USD 22.460 millones para 2028.
El Ministerio de Justicia informó que actualmente existen en el país más de 57.000 hectáreas de cultivos legales de cannabis y más de 3.000 licencias de producción y transformación, lo que confirma el potencial de Colombia en este sector. Con el nuevo decreto, se crearía una licencia específica para investigación científica, de uso no comercial, que daría luz verde a estudios controlados que fortalezcan la evidencia clínica sobre sus aplicaciones terapéuticas.
Además, el Invima podría actualizar la resolución que regula las formas de acceso a los tratamientos, ampliando las presentaciones disponibles más allá de la vía oral y beneficiando a un mayor número de pacientes.
De esta manera, el país no solo fortalecería su ecosistema de investigación, sino que también impulsaría la innovación de laboratorios certificados, mejorando la disponibilidad de tratamientos en el sistema de salud.