Un menor de 15 años, identificado como Jayder Parrado, decidió terminar con su vida en un apartamento del barrio Tejares, en Bogotá, tras sufrir múltiples maltratos durante años.
Todo inició cuando la madre del pequeño murió luego de atragantarse con una comida y su cuidado quedó en manos de su padre y la mujer que lo acompañaba, quien lo maltrató psicológicamente, según cuenta Vanessa Hernández, una periodista que trabaja en temas de comunidad y estuvo muy pendiente del caso con los vecinos del sector, en donde ha realizado varios trabajos sociales.
“Lo bañaban con agua fría. Lo maltrataban psicológicamente, no le daban comida”, dice con la voz destemplada.
El ICBF supo de la situación tras recibir algunas denuncias y prestó acompañamiento en 2012, pero las condiciones de violencia continuaron y en 2015 decidieron intervenir para ingresar al menor a un internado. Entonces, el defensor de familia de la entidad lo entregó en adopción a su familia extensiva, unos tíos que no mermaron en los abusos contra Jayder.
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Una habitante del sector aseguró que una vez la violencia física sobrepasó los límites. “Le pegaron con palos. Le partieron un palo y por eso tiene que conocerse esto, porque somos padres y esto no puede pasar”, dijo.
Este es el segundo caso en el año en que menores de edad sufren consecuencias nefastas por la decisión de un defensor de familia del ICBF que consideró apta a una familia llena de problemas de convivencia en el hogar.
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Los residentes del conjunto aseguran que la ambulancia se tardó mucho en llegar y dicen que, cuando encontraron al niño, este tenía signos vitales. Autoridades investigan el fatal desenlace.
Según el ICBF, los defensores de familia tienen autonomía y pueden considerar entregar a los menores luego de procesos de verificación de las condiciones de cada núcleo familiar.
En el caso de la niña de tres años abusada física y sexualmente en el barrio Santa Fe, ocurrió algo similar. El defensor de familia entendió en su autonomía que el periodo de seguimiento bastaba con seis meses y la pequeña estuvo a punto de morir en una clínica en Bogotá, inclusive, con ácido en su cuerpo y signos del maltrato más extremo.
Cifras de 2018 dan cuenta de 2.944 niños y adolescentes a los que se les abrió proceso administrativo de restablecimiento de derechos por abuso sexual. Entre 2017 y 2018 son 25.363, y por maltrato físico en ambos años son 5.694.
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Varios sectores han cuestionado el papel de los defensores de familia del ICBF y la entidad presenta la línea de atención telefónica 141 para que los menores con presiones y cargas emocionales puedan tener algún tipo de respaldo. Por ahora, la Procuraduría investiga la respuesta de la entidad en el caso de la pequeña.