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Procuraduría pone la lupa a nuevas reglas de la CRC para frenar estafas por mensajes de texto

La vigilancia tendrá especial atención sobre los mensajes que se originan o son gestionados desde el exterior, debido a las dificultades que pueden existir para identificar y controlar estas operaciones.

Estafas por mensajes de texto.jpg
Estafas por mensajes de texto.
Foto: Procuraduría.

La Procuraduría General de la Nación le puso la lupa a las nuevas reglas que se preparan para el envío de mensajes de texto en Colombia. El objetivo es verificar que esta regulación fortalezca la seguridad de los ciudadanos y ayude a prevenir las estafas que se cometen a través de los celulares.

La actuación preventiva está relacionada con un proyecto regulatorio de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC. La Procuraduría busca comprobar que las medidas que se adopten sean realmente eficaces para proteger a los usuarios frente a la ciberdelincuencia, los fraudes y los robos.

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Y es que los mensajes de texto hacen parte de la vida diaria de los colombianos, pues por esta vía llegan códigos de seguridad, alertas bancarias, confirmaciones y otras comunicaciones importantes, pero estos mismos canales también son utilizados por delincuentes para hacerse pasar por entidades reconocidas y engañar a los ciudadanos.

Según información suministrada por entidades financieras, durante 2024 se registraron reclamos relacionados con robos mediante mensajes de texto por alrededor de 252 millones de pesos diarios. Una cifra que, para el Ministerio Público, evidencia la necesidad de reforzar las medidas de prevención y control.

Por lo que la Procuraduría está revisando que las nuevas reglas permitan identificar quién envía los mensajes y establecer con mayor claridad los canales utilizados para su distribución. También busca que sea posible bloquear las rutas que sean utilizadas para cometer fraudes.

El órgano de control anunció que continuará haciendo seguimiento a las decisiones que regulen los mensajes que llegan a los teléfonos móviles. La prioridad, según la actuación preventiva, es que estas nuevas reglas fortalezcan la seguridad de los colombianos y reduzcan los riesgos de fraude, estafa y robo de información o dinero.

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