La Sala de Reconocimiento de la JEP le ordenó a Ecopetrol entregar información sobre las relaciones que pudieron tener algunos exfuncionarios de la refinería ubicada en Barrancabermeja, Santander, con la fuerza pública, entre los años 1988 y 2006. La información deberá ser remitida antes del 25 de mayo."Informes de víctimas radicados ante la JEP, piezas procesales que reposan en los expedientes de la jurisdicción ordinaria y versiones voluntarias presentadas ante esta Sala por presuntos responsables de los hechos objeto de investigación en este subcaso hacen referencia a la presunta relación que existió entre integrantes de la fuerza pública, miembros de los grupos paramilitares y funcionarios de Ecopetrol durante la década de los 90 en la ciudad de Barrancabermeja", señala el auto de la JEP.También se solicitó a Ecopetrol información sobre 40 personas que habrían tenido vínculos con Ecopetrol y presuntas alianzas con el paramilitarismo en el Magdalena Medio durante el conflicto armado."La orden de la Sala de Reconocimiento de Verdad se da en el marco del caso 08, que investiga los crímenes cometidos por la fuerza pública o agentes del Estado en asociación con paramilitares o terceros civiles, como parte del subcaso Magdalena Medio", señala la JEP.
La Sala de Amnistía o Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó a entidades como la Interpol, la Dijin, la Registraduría Nacional y la Policía Nacional eliminar los antecedentes judiciales de 9.600 antiguos miembros de las extintas Farc que se acogieron al acuerdo de paz de 2016.De acuerdo con la JEP, estas personas no están vinculadas con crímenes de guerra o de lesa humanidad, sino delitos meramente políticos, es decir, el hecho de haber pertenecido a un grupo insurgente como lo fueron las Farc en su momento.Frente a esto, la JEP considera que debe garantizarse la amnistía otorgada en 2017 por el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ya que no todas han sido materializadas.A la decisión, la JEP dio un plazo de 30 días para que se brinde la información a las autoridades correspondientes e inicie el proceso de limpiar los expedientes criminales que estén a nombre de los 9.600 firmantes.Siendo así, apenas se materialice el proceso de amnistía, ninguna de estas 9.600 personas tendrá registros negativos y podrán acceder a una estabilidad laboral, así como a la libertad financiera.
El 30 de agosto de 1996 la extinta guerrilla de las Farc lanzó un ataque contra la base del Ejército de Las Delicias, casi 30 militares murieron y otros 60 fueron secuestrados por ese grupo. Algunos de los responsables que hicieron parte del Bloque Sur de la guerrilla, se han presentado ante la JEP para hablar sobre este tema y posteriormente el tribunal decidió citar a las víctimas para que entreguen sus observaciones a lo que han dicho los exguerrilleros.Una de las víctimas, identificada como Erick, aseguró que los firmantes del acuerdo que han comparecido, en algunos casos, no están diciendo la verdad plena, pues los soldados sufrieron algunas condiciones en cautiverio que los exguerrilleros siguen negando."Los señores de las Farc dijeron que ellos no habían ultimado a nadie, pero ahí sí no están diciendo la verdad, a escasos 20 metros de donde estaba yo había otro soldado y cuando estábamos en el combate yo fui a donde estaba él y ya había pasado una hora de estar en el combate y lo encontré herido, le habían pegado dos tiros, y una hora después volví y ya estaba muerto, le habían pegado dos machetazos en la cabeza", señaló Erick.Otra de las víctimas aseguró que, mientras estuvo secuestrado, vio menores de edad que hacían parte de la guerrilla, asegurando que dicho bloque del grupo reclutaba menores de edad. Además, los militares aseguran que sufrieron tratos crueles que les dejaron secuelas que aún padecen, como miedo, paranoia y una sensación de persecución."En cuanto a la representación judicial ejercida por abogados de la corporación Mil Víctimas, se señaló que de acuerdo a las versiones de las víctimas, todo el tema operativo estuvo en cabeza de Joaquín Gómez, quien, según los testimonios, estuvo presente en el combate y el secuestro, a pesar de negarlo en la audiencia de reconocimiento", señalaron desde la corporación Mil Víctimas tras las diligencias, organización que representa a algunos de los militares en el caso de secuestro.
El pasado 11 de abril, la Policía anunció la captura de Juan Carlos Rodríguez, un mayor en retiro del Ejército que es compareciente ante la JEP en los casos 03 y 06, que investigan los falsos positivos y los crímenes contra la Unión Patriótica, respectivamente.Rodríguez, según informó la Policía, fue capturado con un arsenal de guerra que transportaba en un vehículo junto a otras personas. Posteriormente, se informó que Zeus se había fugado junto a más de 20 personas y posteriormente el presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, hicieron una rueda de prensa en la que señalaron la presunta responsabilidad de Rodríguez en una banda que hurtaba armamento en bases militares.Blu Radio conoció en primicia un documento que radicó en las últimas horas Zeus ante la JEP, teniendo en cuenta que esta jurisdicción le abrió un proceso sancionatorio después de que se conocieran los hechos.En un primer momento, dice que la Policía le ha violado sus derechos fundamentales, pues asegura que se encontraba con 3 personas el día que lo capturaron, según su relato, en un sitio conocido como La Laguna los detuvieron, verificaron que la documentación estuviera al día y le permitieron continuar el recorrido. Posteriormente, él y sus acompañantes habrían parado en una tienda, unos 300 metros después del puesto de control, al establecimiento, según Zeus, habrían llegado otros agentes que lo volvieron a requisar, lo habrían hecho esperar 30 minutos y una vez fue a prender el carro le habrían dicho que quedaba capturado por unas armas encontradas en la camioneta.Rodríguez señala que lo hicieron conducir hasta la estación de Motiscua, después de haberle preguntado si conocía a un soldado que llevaba armas en su vehículo y allí se habría producido una segunda captura."En Pamplona, en las instalaciones de la Policía, el conductor del carro cuestionado de transportar las supuestas armas manifestó claramente que "ellos", refiriéndose a nosotros, los 3 hombres, la señora y las niñas, no tienen nada que ver con esto, "yo solo me les pegué". Fuimos incomunicados y encerrados todos en celdas, materializándose una tercera captura... En una mentirosa rueda de prensa al día siguiente se dijo luego de unas minuciosas labores de inteligencia´ habían sido incautadas en mi poder, en mi carro, armas, municiones y explosivos. Situación que no es cierta porque ese material de guerra no fue encontrado en mi poder, ni en mi vehículo, ni en mi maleta, ni mucho menos cerca de mi", explica Zeus a la JEP.En el mismo sentido asegura que no contó con las garantías para defenderse que los policías habrían mentido en su informe presentado ante el juez de control de garantías y que él se encontraba lejos del carro donde se presentó la incautación pues las habría visto solo dos horas después de del decomiso, en la estación de Policía. También asegura que no tuvo contacto con su abogada y que se habrían presentado irregularidades con las otras personas que fueron capturadas junto a él, posteriormente se refirió a la fuga que fue anunciada por la Policía."El 21 de abril, por la noche mientras dormía, se presentó una crisis médica de un privado de la libertad , luego de repente una estampida, humana desde el interior de la celda donde estaba recluido, todo se hizo caos, se estaban prendiendo algunos colchones y humo en un espacio tan reducido, yo sentí pavor, temor de ser asesinado y corrí. Realmente no sé que fue, si una fuga masiva o un plan para matarme, solo sé que me dispararon como en 5 oportunidades a la cabeza, razón por la que sentí un miedo insuperable y corrí para preservar la vida", asegura Rodríguez en el documento.Alias ‘Zeus’ habría planeado y financiado su fuga con anterioridad: PolicíaFinalmente, dice que su caso, supuestamente, es parecido al de alias Matamba, quien se fugó de la cárcel La Picota y posteriormente fue abatido durante un operativo de la fuerza pública. En este punto también señala que está dispuesto a presentarse ante la JEP de manera virtual para responder a las preguntas que puedan tener los magistrados."Reitero totalmente que no es cierto que fue decomisado material de guerra en mi poder o en mi vehículo, Me han violado todos mis derechos fundamentales, en especial el debido proceso y la dignidad, en una acción desbordada, equivocada e ideológica, que solo corresponde al afán para silenciarme. La Policía ofrece 50 millones supuestamente para capturarme, pero lo que realmente va a pasar es que me van a asesinar para que no declare en la JEP. Estoy a su disposición y estoy en la capacidad de declarar en forma virtual porque por temor a perder mi vida me da miedo hacer cualquier movimiento", se lee en el documento.La última solicitud que hace es que se investigue su caso, que los magistrados de la JEP puedan intervenir y que se le garantice la seguridad a él y a su familia durante este proceso.
La Sección de Apelación de la JEP decidió rechazar por improcedente la tutela de la Procuraduría con la cual se buscaba tumbar el sometimiento integral de Salvatore Mancuso ante este tribunal. Los magistrados consideran que dicha tutela es improcedente, pues es la Corte Constitucional la que debe pronunciarse sobre la competencia que tiene Justicia y Paz, y la que tiene la JEP."Con independencia de si es la JEP o JyP quien deba conocer, o en qué medida, de los casos del señor Mancuso Gómez, lo cierto es que, ambos sistemas continúan adelantando las actuaciones correspondientes, garantizándose así la judicialización del referido compareciente y, de otro lado, en lo tocante a las víctimas, aquellas tienen la potestad de hacer valer sus intereses ante ambas autoridades, para lo cual se diseñó en la JEP un mecanismo de diálogo entre esta y JyP en lo que a estas respecta, de manera que no se observa amenaza inminente a sus derechos mientras la Corte Constitucional resuelve lo que corresponde", señala el auto de la JEP.Salvatore Mancuso definió su posición frente a tutela que pretende tumbar ingreso a la JEPEs importante recordar que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso había pedido a la JEP rechazar la acción de la Procuraduría y aseguró que la procuradora Margarita Cabello tiene "miedo a la verdad"."Estos procuradores delegados, tanto Niño como Fernández, tienen la misión espuria encomendada por Margarita Cabello de impedir de cualquier manera que yo pueda acceder a la JEP y a mis derechos, todos recuperados a partir de mi participación seria y honesta en la justicia transicional colombiana. Quiero hacer un llamado directo a la procuradora Margarita Cabello y preguntarle: ¿Por qué existe tal angustia y preocupación por parte de usted o de sus amigos políticos porque yo comparezca ante la JEP o que obtenga mi libertad como corresponde por derecho?", aseguró Mancuso en una carta recientemente.
En una reveladora declaración ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el exdirector del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), Carlos Eduardo Reyes Jiménez, reveló los detalles de su conexión con grupos paramilitares en el marco del subcaso Gran Magdalena del Caso 08, que investiga crímenes ocurridos durante el conflicto armado.Reyes señaló nombres de funcionarios públicos y terceros civiles que, aprovechando su posición en el Incoder, facilitaron operaciones que promovieron desplazamientos forzados, legalización del despojo de tierras mediante compras a precios ínfimos, acaparamiento y reasignación de tierras a través de trámites irregulares en municipios del corredor minero de Cesar.Salvatore Mancuso definió su posición frente a tutela que pretende tumbar ingreso a la JEPEstas acciones sé habrían realizado en colaboración con los frentes 'Mártires del Cacique de Upar' y 'Juan Andrés Álvarez Pastrana' del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), además de satisfacer intereses de actores económicos privados locales.El exdirector también explicó ante la magistratura cómo se manipulaban los mecanismos legales para desplazar y despojar de sus tierras a campesinos, y cómo posteriormente esos predios eran legalizados y transferidos a testaferros de las AUC o terceros civiles afines a estos grupos.“Farc sometieron a trabajos forzados a secuestrados en su poder para sancionarlos”: JEPLa información que logró recopilar la magistratura permitirá analizar, identificar y entender los patrones de delitos graves en esta área del país dirigidos contra propietarios de tierras en al menos 11 sitios, y mostrar cómo el desplazamiento forzado y la confiscación de tierras están vinculados directamente con redes criminales.La diligencia se realizó de manera reservada y fue presidida por el magistrado Óscar Parra Vera, relator del subcaso Gran Magdalena, del Caso 08.
Salvatore Mancuso sostiene que la Procuradora Judicial II Penal no logra probar que hubo un error de procedimiento en la resolución que permitió su sometimiento a la JEP en 2023, luego de haber estado en Justicia y Paz.De acuerdo con el documento, su tránsito de una jurisdicción a otra no vulnera las garantías de los derechos de las víctimas del paramilitarismo a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, sino que es al contrario, en el sentido de que respeta el debido proceso de todos los involucrados incluidas las víctimas.Alega, además, que se trata de una “grosera contradicción” cuando la Procuraduría General de la Nación dio su visto bueno para su comparecencia ante la JEP tras concluir que “efectivamente (Salvatore Mancuso) estuvo vinculado material y orgánicamente a la fuerza pública y sirvió de enlace entre los militares y el aparato paramilitar”.Lea también: Nuevo intento de Mancuso por quedar en libertad fue negado por Tribunal de CundinamarcaSegún la tutela, que presentó la Procuradora Judicial II Penal ante la Sección de Revisión de Sentencias de la JEP, el sometimiento de Mancuso a esa jurisdicción fue inconstitucional y observa una serie de irregularidades que obligaría a revertir esa decisión.Sin embargo, la posición de Mancuso es que la Procuraduría no puede sostener tales argumentos en un párrafo de 11 renglones que pretende definir su situación jurídica, más cuando sigue en curso que la Corte Constitucional resuelva la competencia entre Justicia y Paz y la JEP para conocer los crímenes cometidos por el paramilitarismo en varias regiones del país.En definitiva, para Salvatore Mancuso la mejor salida tanto para él como para las víctimas es que la JEP sea el juez natural de su caso para impedir la impunidad de miles de crímenes sin resolver (más de 65.000 según la Procuraduría) y que están estancados en Justicia y Paz en donde se necesitaría casi 100 años para impartir justicia a cada una de las víctimas.
El Tribunal de la Paz de la JEP confirmó la acusación de esclavitud y secuestro contra el exsecretariado de las Farc-EP por su participación en crímenes de guerra, incluyendo la toma de rehenes y severas privaciones de libertad, además de otros delitos cometidos por la disuelta guerrilla.Al respecto, el magistrado Camilo Suárez explicó en Meridiano Blu los detalles de esta decisión en la JEP. Para esta imputación se tuvo en cuenta la verificación, contrastación y análisis de las diferentes pruebas que recaudó la sala de macrocasos durante, aproximadamente, cinco años."En el macrocaso 01, que tiene que ver con la toma de rehenes, lo que hace la sección es verificar las conductas, hechos y calificaciones jurídicas se corresponden, es decir, si es adecuadamente conforme a la ley. La sala ya había planteado que el secretariado de las Farc había cometido el crimen de esclavitud y lo que está haciendo el tribunal es, conforme a las pruebas que se recaudaron, encontrar que el delito de esclavitud sí se dio y por esa razón es un crimen concurrente", detalló el magistrado Suárez.Procuraduría interpone tutela para ‘tumbar’ la acogida de Mancuso en la JEPEl magistrado recalcó que, desde el secretariado de las Farc, se creó una política y unos patrones que realizaron los diferentes bloques de la estructura criminal para realizar la toma de rehenes o secuestro."Lo que se evidencia es que hubo falta de control, a pesar de tener información, antes, durante y después de la conducta por parte de quienes integraban la cúpula de esta organización no se tomó ninguna acción para que evitar que esta conducta se cometiera", añadió el magistrado.Trabajo forzadoLos secuestrados también fueron sometidos a trabajo forzado en la selva, desmonte de estructuras, es decir, realizar actividades que eran de interés de las Farc."Muchos de estos trabajos eran para sancionar o para castigar o acciones a quienes se consideraban enemigos. Varios de los comparecientes reconocieron esas actividades", añadió el magistrado Camilo Suárez.
El Tribunal para La Paz ratificó la imputación por esclavitud y secuestro al exsecretariado de las Farc-EP por haber cometido crímenes de guerra de toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por la extinta guerrilla.“El tribunal adoptó esta decisión con aplicación de las diferentes fuentes de derecho que se imponen a esta jurisdicción, facultad que se conoce como calificación jurídica propia, armonizando de manera adecuada el Derecho Penal Nacional y el Derecho Penal Internacional”, dijo el magistrado Camilo Suarez.Procuraduría interpone tutela para ‘tumbar’ la acogida de Mancuso en la JEPLos comparecientes por el caso 01 son:Rodrigo Londoño Echeverri, conocido durante el conflicto armado como ‘Timochenko’, fue el último comandante en jefe de las Farc-EP, desde la muerte de 'Alfonso Cano' en 2011, hasta la firma del Acuerdo Final de Paz en 2016. Su periodo de comandancia se caracterizó por las negociaciones de paz realizadas con el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018).Pastor Lisandro Alape Lascarro, conocido durante el conflicto armado como ‘Pastor Alape’, fue comandante del Bloque Magdalena Medio de las Farc-EP desde su creación en 1993, hasta la firma del Acuerdo Final de Paz en 2016.Milton de Jesús Toncel Redondo, conocido durante el conflicto armado como ‘Joaquín Gómez’, fue comandante del Bloque Sur de las Farc-EP desde 1993, al asumir ese rol desde la formación de esa estructura en la VIII Conferencia Nacional Guerrillera, hasta su reincorporación a la vida civil. Fue miembro del Secretariado desde 2008 y del Estado Mayor Central desde 2005.Jaime Alberto Parra Rodríguez, conocido durante el conflicto armado como ‘Mauricio Jaramillo’ o el ‘Médico’, fue el último comandante del Bloque Oriental de las Farc-EP desde 2010 hasta 2016. Desde 1993 era miembro del Estado Mayor del Bloque Oriental, y de 2003 a 2006 fue el segundo comandante del Bloque Oriental por debajo de 'El Mono Jojoy'.Julián Gallo Cubillos, conocido durante el conflicto armado como ‘Carlos Antonio Losada’: desde 1984 y hasta 2007 tuvo como responsabilidad la organización clandestina de las redes urbanas de las antiguas Farc-EP en Bogotá, donde residió hasta el año 2000, cuando se trasladó a San Vicente del Caguán. Desde entonces y hasta 2007, según su propia versión, continuó desde zona rural de Cundinamarca y Meta bordeando el páramo de Sumapaz.Pablo Catatumbo Torres Victoria, conocido durante el conflicto armado como ‘Pablo Catatumbo’, fue comandante de la Columna Móvil Alirio Torres y miembro del Estado Mayor del Bloque Móvil 'Arturo Ruiz' desde 1997. Su trayectoria se desarrolló principalmente en el Occidente del país. Fue designado como titular del Estado Mayor Central de las Farc-EP en 2000 y en 2002 como comandante de la Columna Móvil Arturo Ruiz.Rodrigo Granda Escobar, conocido durante el conflicto armado como ‘Ricardo Téllez’: fue designado integrante del Estado Mayor Central en la VIII Conferencia Nacional Guerrillera en 1993. En 2004 fue nombrado en el Estado Mayor del Bloque Caribe. En 2011 fue nombrado suplente del secretariado.Lo que se viene en este caso 01 que tiene 21.396 víctimas es una audiencia donde ellas participarán junto con los comparecientes y el ministerio público.Será un espacio judicial para que la Sección verifique que se cumplen la contribución a la verdad y la forma de reparación, en el marco del Sistema Integral para la Paz; con base a esto se determinará la duración de la sanción propia que la conforma el componente de restricción de derechos, libertades y el restaurativo. Estas oscilarán entre los 5 y 8 años y serán verificadas y monitoreadas por la Sección con la participación de Naciones Unidas.Corte Penal Internacional apoya el papel de la JEP en la justicia colombiana
El resguardo Motilón del pueblo Barí, que agrupa más de 2.400 miembros de sus comunidades, fue acreditado por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP en el Caso 07 que investiga el reclutamiento de niñas y niños en el conflicto armado. En una diligencia llevada a cabo los días 22, 23 y 24 de abril, en Cúcuta, Norte de Santander, máximas autoridades del Pueblo Barí y otros integrantes de sus diferentes comunidades le contaron a la JEP cómo la presencia de los grupos armados en su territorio ancestral alteró su cosmovisión, su lengua Barí-ara, sus costumbres y su fuente alimentaria.Concretamente, este resguardo se refirió a los hechos de reclutamiento y utilización que sufrieron por parte de las Farc-EP y el Ejército, ocasionando “que los sueños de las niñas y los niños se apagaran” y fracturando la transmisión de los saberes ancestrales a las nuevas generaciones.Junto a los pueblos indígenas Hitnü y Koreguaje, el resguardo Motilón Barí es el tercer pueblo indígena acreditado en el Caso 07, en el cual, a la fecha, 6.381 víctimas han sido reconocidas por la JEP y por ello han podido participar como intervinientes especiales. De ellas, 851 son víctimas individuales (61 % de ellas son mujeres y 39% hombres) y 5.530 son víctimas colectivas.Los intervinientes en la diligencia manifestaron que, después de los esfuerzos y la organización de las autoridades del pueblo étnico, ser reconocidos como víctimas en un macrocaso de la JEP significó “un gran triunfo para el Pueblo Barí”.Los Barí se ubican sobre la hoya del río Catatumbo, en la frontera con Venezuela, en la Serranía de los Motilones, departamento de Norte de Santander, en jurisdicción de los municipios de El Carmen, Convención y Teorama.
Las labores de investigación de la Policía Nacional, tras el asesinato de un patrullero en el suroccidente de Barranquilla continúan sin dar resultados precisos, por lo que la institución ha decidido aumentar la recompensa ofrecida para quien entregue información que permita dar con el paradero del autor material e intelectual del crimen del policía Jaider Gregorio Amador Quessep.El general William Salamanca, comandante de la Policía Nacional, desde Cartagena envió un mensaje de solidaridad a la familia del patrullero Amador Quessep, y reveló que las investigaciones preliminares dieron como resultado algunos indicios de quién podría estar detrás de este hecho sicarial, perpetrado en el barrio San Luis, en la tarde de este viernes."Con el comandante de la Policía de Barranquilla, general Herbert Benavidez, dialogamos con el comandante Regional de la Policía y hay unos importantes indicios que nos llevan a obtener pistas de quien sería el autor material e intelectual de este crimen" aseguró el general Salamanca.En videos de cámara de seguridad, que son materia de investigación, se puede ver como el patrullero corre para salvar su vida, cuando es alcanzado por su asesino, quien disparó en múltiples ocasiones al uniformado, dejándolo mal herido. Y pese a que fue llevado a un centro asistencial cercano, los galenos confirmaron que sufrió una muerte cerebral.Tras conocerse el fallecimiento del uniformado, las autoridades en Barranquilla ofrecieron una recompensa de 30 millones de pesos, a quien brindara información relevante sobre el autor del suceso. Sin embargo, tras la reunión sostenida en Cartagena con el general William Salamanca, la Policía anunció que la cifra aumentó, por lo que espera dar en las próximas horas con el paradero del responsable del asesinato del patrullero."Sí hemos ofrecido una recompensa, junto con el General Benavidez acordamos un monto de hasta 50 millones de pesos, para quien nos de información certera que nos contribuya a esclarecer el crimen", puntualizó el comandante de la Policía Nacional.
Tras los recientes hechos violentos de las cárceles de Colombia, Esperanza Bustamante, representante de la Fundación Corazón Humano, expuso en Noticias de la Mañana, las preocupantes condiciones en las que se encuentran las personas privadas de la libertad en Colombia.La Fundación, que trabaja para garantizar la dignidad y los derechos de los presos, ha enviado una carta al presidente Gustavo Petro y al ministro de Justicia, Néstor Osuna, solicitando mejoras urgentes para enfrentar la crisis carcelaria que afecta al país. La Fundación Corazón Humano busca poner fin a esta realidad y reivindicar la importancia de la vida de los privados de la libertad. No todos los presos son responsables de los actos de violencia que ocurren en las cárceles, por lo que es fundamental que se respete su dignidad y se les brinde la oportunidad de reintegrarse a la sociedad una vez cumplan su condena. "Están cometiendo en este momento errores y, fuera de eso, están esperando. Es una oportunidad ante la sociedad. No hay que olvidar que estas personas, a pesar de estar privadas de la libertad, van a volver en algún momento dado a reintegrarse a ella”, dijo. ¿Cuál es la situación de las cárceles en Colombia?La crisis carcelaria en Colombia lleva más de veinte años sin resolverse y la Fundación Corazón Humano espera ver mejoras significativas en las condiciones de los privados de la libertad en este nuevo Gobierno. Bustamante se refirió a la situación de los centros penitenciarios en el país."La emergencia carcelaria lleva más de 20 años decretada, es resultado de una política criminal fallida, totalmente fallida. Nosotros esperábamos que mejoraran las condiciones de los privados de la libertad en este nuevo Gobierno, pero todo sigue exactamente igual. No podemos continuar abriendo más cárceles cuando ni siquiera podemos sostener las que tenemos", resaltó.Sin embargo, hasta ahora, las cosas siguen iguales y se siguen abriendo más cárceles sin tener la capacidad de sostener las que ya existen. Los presos sufren de falta de alimentación adecuada y problemas de salud, sin recibir la atención médica necesaria para tratar enfermedades graves.La corrupción también juega un papel importante en la crisis carcelaria en Colombia. La Fundación ha denunciado la corrupción en la contratación de estructuras y alimentos en las cárceles, pero hasta el momento no se ha tomado ninguna acción. La petición al Gobierno PetroLa Fundación Corazón Humano pidió una mesa de diálogo con el presidente y el ministro de justicia para discutir estas problemáticas y buscar soluciones. Además, solicitan la presencia de los representantes de ejecución de penas en esta mesa, ya que es fundamental que se cumpla con la ley y se respeten los derechos de los privados de la libertad. La Fundación busca una reforma que realmente respete la dignidad humana de los presos y que se trabaje en una verdadera justicia restaurativa."Es una corrupción total en esas contrataciones. Nunca llegan los dineros que son entregados directamente a las cárceles. Hay personas que reciben el desayuno a las 6 de la tarde. En muchas ciudades, los niños que están guardados dentro de estas prisiones con sus madres ni siquiera tienen un ventilador. Esto se está saliendo de control, nosotros lo advertimos, inclusive", mencionó enfáticamente.Finalmente, indicó que, la situación en los penales del país es grave y se evidencia una crisis humanitaria que no puede ser ignorada. Es necesario que el Ministerio de Justicia preste atención a estas denuncias y tome medidas urgentes para mejorar las condiciones de vida de los privados de la libertad en Colombia.Escuche la entrevista completa acá:
Ocho mujeres están en alto riesgo de feminicidio en este momento en Bucaramanga, por ese motivo el alcalde de la ciudad hizo un llamado a las entidades encargadas de garantizar su seguridad para evitar hechos que dejen víctimas.El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, confirmó que ocho mujeres requieren seguridad de manera urgente en este momento en la ciudad debido al riesgo que tienen de posibles feminicidios por hechos de maltrato o violencia que han venido sufriendo, en ese sentido le pidió a las entidades encargadas de garantizar la ruta de atención actuar con celeridad para evitar que sigan ocurriendo asesinatos por falta de cuidado oportuno.“Bucaramanga hoy tiene ocho mujeres en alto riesgo de feminicidio, las rutas se activan, pero el sistema parece verse lento para dictar medidas de protección. Mi llamado, desde la Alcaldía de Bucaramanga a las entidades que conforman las rutas de atención a mujeres violentadas, es a que fortalezcamos la prevención y no la reacción. Casos como el de Yuly nos enseñan que hay situaciones que no esperan formalismos ni procesos públicos”, dijo Beltrán.El alcalde enfatizó en que los comités se deben hacer para garantizar la seguridad de las mujeres y no para analizar los asesinatos como el que ocurrió contra Yulli Maritza Rubio en pleno centro de Bucaramanga.“Los agresores, como el que asesinó a Yuly, amenazan, intimidan y dan muestras de que algo puede pasar en cualquier momento. Desde la alcaldía de Bucaramanga estamos comprometidos a hacer nuestra parte, brindando atención psicológica y jurídica, ofreciendo refugio temporal y acompañando los procesos; tal y como ocurrió con este último caso de feminicidio, pero el sistema judicial también debe endurecer la prevención con los victimarios, y ser inmediato a la hora de salvaguardar la vida de las mujeres”, agregó el alcalde de Bucaramanga.El alcalde además manifestó su descontento porque la administración ha terminado realizando reuniones después de los feminicidios y no antes para prevenirlos: “Como alcalde quiero participar de comités para prevenir y salvar vidas, no para analizar casos posteriores como el de Yuly, que nos duele y tiene que hacer reaccionar a todos los que hacen parte de estas rutas de atención a la mujer”.
Este viernes, en el Desafío XX, Alejo le aconsejó a Kratos resolver sus diferencias con Lina, subrayando que ella no toma los comentarios de manera personal.Andrea Serna reunió a los Súper Humanos para el Desafío de Sentencia y Servicios. Destacó la personalidad cariñosa de Hércules y cuestionó a Santiago sobre su chaleco de sentencia. Santi expresó su deseo de enfrentarse en un Desafío a Muerte con el miembro de Beta que lo sentenció, insinuando sin mencionar nombres, que se refiere a Marlon, quien captó la indirecta.Seis competidores de cada equipo llegan al Box Rojo para la competencia. La presentadora explicó las reglas y Sebastián Martino dio inicio a la cuenta regresiva. Omega se alza con la victoria, mientras que Beta y Alpha no logran asegurar el segundo lugar debido a los fallos de Mapi y Glock a la hora de encestar las pelotas, dejando vacante el puesto.De vuelta en la casa Omega, Gaspar y Alejo discutieron la repartición de los 20 millones de pesos ganados, argumentando que deberían recibir un porcentaje por sus inversiones previas en el grupo. Renzo, en desacuerdo, señaló que estas condiciones debieron establecerse antes de pagar el arriendo para evitar ir a Playa Baja, lo que provocó un pequeño enfrentamiento.Posteriormente, Omega en alianza con Beta, decidieron sentenciar a un hombre de Alpha. Alejo entrega el chaleco a Francisco, quien lo recibe con calma, anticipando la conspiración.En medio de tensiones, Alejo muestra molestia cuando Gaspar insinúa una relación entre él y Lina, aclarando que tiene una novia fuera del Desafío 2024 y la respeta mucho. Lina intenta intervenir pero es detenida por Kratos. Anamar interviene para calmar los ánimos, sugiriendo que discutan el problema más tarde.Antes del llamado de Andrea Serna, Alejo se disculpa con Gaspar por su reacción durante la discusión y le desea éxito en el Desafío a Muerte en el Box Negro.Santi decide ceder su liderazgo a Kevyn debido a las críticas por su desempeño en el Box Blanco. Esta decisión no es bien recibida por sus compañeros, especialmente por Dickson. En una tensa discusión de equipo, critican la forma en que Santi anunció su decisión, aunque Francisco lo defiende, mostrando las divisiones y retos de liderazgo dentro de Beta.
A pesar de haber recibido varias amenazas de diferentes grupos delincuenciales desde hace más de seis meses, al director de la cárcel de máxima seguridad de Palogordo de Girón en Santander no le han asignado un esquema de seguridad para proteger su vida. Teniendo en cuenta el asesinato del director de la cárcel La Modelo de Bogotá, el director de la cárcel de máxima seguridad de Palogordo de Girón Eleasid Durán Sánchez explicó que ha recibido amenazas de muerte por parte de diferentes bandas delincuenciales como La Inmaculada, el Tren de Aragua, Los rastrojos costeños y el Comando Elite Urbano, entre otros y, a pesar de eso, lleva más de seis meses esperando un esquema de seguridad que debe estar integrado por un vehículo blindado y dos escoltas.“Hemos pedido un vehículo blindado porque la vía hacía Palogordo es destapada y puede ser peligrosa en varios tamos y eso vulnera mucho la seguridad y es algo que hemos denunciado a las diferentes autoridades el denominado plan pistola y las amenazas permanentes pero la verdad es que tenemos una colección de panfletos porque todo el tiempo nos están amenazando y queremos articular nuestra seguridad con las diferentes entidades”, dijo Durán Sánchez.Aunque el director de la cárcel de Palogordo le ha pedido a la Unidad Nacional de Protección la seguridad necesaria con un Acto Administrativo que así lo exige, lo cierto es que hasta el momento las medidas de seguridad no han sido implementadas mientras le siguen llegando panfletos con amenazas de muerte.“Estamos trabajando para que exista una verdadera percepción de seguridad alrededor de la cárcel de Palogordo y que los funcionarios se sientan más tranquilos para ejercer sus funciones ya que es muy difícil, ya que se trata de estructuras criminales y el poder que manejan, pero continuamos trabajando para ejercer el control debido y la disciplina debida al interior del establecimiento carcelario”, agregó Durán Sánchez.