La Sala de Reconocimiento de la JEP le ordenó a Ecopetrol entregar información sobre las relaciones que pudieron tener algunos exfuncionarios de la refinería ubicada en Barrancabermeja, Santander, con la fuerza pública, entre los años 1988 y 2006. La información deberá ser remitida antes del 25 de mayo."Informes de víctimas radicados ante la JEP, piezas procesales que reposan en los expedientes de la jurisdicción ordinaria y versiones voluntarias presentadas ante esta Sala por presuntos responsables de los hechos objeto de investigación en este subcaso hacen referencia a la presunta relación que existió entre integrantes de la fuerza pública, miembros de los grupos paramilitares y funcionarios de Ecopetrol durante la década de los 90 en la ciudad de Barrancabermeja", señala el auto de la JEP.También se solicitó a Ecopetrol información sobre 40 personas que habrían tenido vínculos con Ecopetrol y presuntas alianzas con el paramilitarismo en el Magdalena Medio durante el conflicto armado."La orden de la Sala de Reconocimiento de Verdad se da en el marco del caso 08, que investiga los crímenes cometidos por la fuerza pública o agentes del Estado en asociación con paramilitares o terceros civiles, como parte del subcaso Magdalena Medio", señala la JEP.
La Sala de Amnistía o Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó a entidades como la Interpol, la Dijin, la Registraduría Nacional y la Policía Nacional eliminar los antecedentes judiciales de 9.600 antiguos miembros de las extintas Farc que se acogieron al acuerdo de paz de 2016.De acuerdo con la JEP, estas personas no están vinculadas con crímenes de guerra o de lesa humanidad, sino delitos meramente políticos, es decir, el hecho de haber pertenecido a un grupo insurgente como lo fueron las Farc en su momento.Frente a esto, la JEP considera que debe garantizarse la amnistía otorgada en 2017 por el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ya que no todas han sido materializadas.A la decisión, la JEP dio un plazo de 30 días para que se brinde la información a las autoridades correspondientes e inicie el proceso de limpiar los expedientes criminales que estén a nombre de los 9.600 firmantes.Siendo así, apenas se materialice el proceso de amnistía, ninguna de estas 9.600 personas tendrá registros negativos y podrán acceder a una estabilidad laboral, así como a la libertad financiera.
El 30 de agosto de 1996 la extinta guerrilla de las Farc lanzó un ataque contra la base del Ejército de Las Delicias, casi 30 militares murieron y otros 60 fueron secuestrados por ese grupo. Algunos de los responsables que hicieron parte del Bloque Sur de la guerrilla, se han presentado ante la JEP para hablar sobre este tema y posteriormente el tribunal decidió citar a las víctimas para que entreguen sus observaciones a lo que han dicho los exguerrilleros.Una de las víctimas, identificada como Erick, aseguró que los firmantes del acuerdo que han comparecido, en algunos casos, no están diciendo la verdad plena, pues los soldados sufrieron algunas condiciones en cautiverio que los exguerrilleros siguen negando."Los señores de las Farc dijeron que ellos no habían ultimado a nadie, pero ahí sí no están diciendo la verdad, a escasos 20 metros de donde estaba yo había otro soldado y cuando estábamos en el combate yo fui a donde estaba él y ya había pasado una hora de estar en el combate y lo encontré herido, le habían pegado dos tiros, y una hora después volví y ya estaba muerto, le habían pegado dos machetazos en la cabeza", señaló Erick.Otra de las víctimas aseguró que, mientras estuvo secuestrado, vio menores de edad que hacían parte de la guerrilla, asegurando que dicho bloque del grupo reclutaba menores de edad. Además, los militares aseguran que sufrieron tratos crueles que les dejaron secuelas que aún padecen, como miedo, paranoia y una sensación de persecución."En cuanto a la representación judicial ejercida por abogados de la corporación Mil Víctimas, se señaló que de acuerdo a las versiones de las víctimas, todo el tema operativo estuvo en cabeza de Joaquín Gómez, quien, según los testimonios, estuvo presente en el combate y el secuestro, a pesar de negarlo en la audiencia de reconocimiento", señalaron desde la corporación Mil Víctimas tras las diligencias, organización que representa a algunos de los militares en el caso de secuestro.
El pasado 11 de abril, la Policía anunció la captura de Juan Carlos Rodríguez, un mayor en retiro del Ejército que es compareciente ante la JEP en los casos 03 y 06, que investigan los falsos positivos y los crímenes contra la Unión Patriótica, respectivamente.Rodríguez, según informó la Policía, fue capturado con un arsenal de guerra que transportaba en un vehículo junto a otras personas. Posteriormente, se informó que Zeus se había fugado junto a más de 20 personas y posteriormente el presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, hicieron una rueda de prensa en la que señalaron la presunta responsabilidad de Rodríguez en una banda que hurtaba armamento en bases militares.Blu Radio conoció en primicia un documento que radicó en las últimas horas Zeus ante la JEP, teniendo en cuenta que esta jurisdicción le abrió un proceso sancionatorio después de que se conocieran los hechos.En un primer momento, dice que la Policía le ha violado sus derechos fundamentales, pues asegura que se encontraba con 3 personas el día que lo capturaron, según su relato, en un sitio conocido como La Laguna los detuvieron, verificaron que la documentación estuviera al día y le permitieron continuar el recorrido. Posteriormente, él y sus acompañantes habrían parado en una tienda, unos 300 metros después del puesto de control, al establecimiento, según Zeus, habrían llegado otros agentes que lo volvieron a requisar, lo habrían hecho esperar 30 minutos y una vez fue a prender el carro le habrían dicho que quedaba capturado por unas armas encontradas en la camioneta.Rodríguez señala que lo hicieron conducir hasta la estación de Motiscua, después de haberle preguntado si conocía a un soldado que llevaba armas en su vehículo y allí se habría producido una segunda captura."En Pamplona, en las instalaciones de la Policía, el conductor del carro cuestionado de transportar las supuestas armas manifestó claramente que "ellos", refiriéndose a nosotros, los 3 hombres, la señora y las niñas, no tienen nada que ver con esto, "yo solo me les pegué". Fuimos incomunicados y encerrados todos en celdas, materializándose una tercera captura... En una mentirosa rueda de prensa al día siguiente se dijo luego de unas minuciosas labores de inteligencia´ habían sido incautadas en mi poder, en mi carro, armas, municiones y explosivos. Situación que no es cierta porque ese material de guerra no fue encontrado en mi poder, ni en mi vehículo, ni en mi maleta, ni mucho menos cerca de mi", explica Zeus a la JEP.En el mismo sentido asegura que no contó con las garantías para defenderse que los policías habrían mentido en su informe presentado ante el juez de control de garantías y que él se encontraba lejos del carro donde se presentó la incautación pues las habría visto solo dos horas después de del decomiso, en la estación de Policía. También asegura que no tuvo contacto con su abogada y que se habrían presentado irregularidades con las otras personas que fueron capturadas junto a él, posteriormente se refirió a la fuga que fue anunciada por la Policía."El 21 de abril, por la noche mientras dormía, se presentó una crisis médica de un privado de la libertad , luego de repente una estampida, humana desde el interior de la celda donde estaba recluido, todo se hizo caos, se estaban prendiendo algunos colchones y humo en un espacio tan reducido, yo sentí pavor, temor de ser asesinado y corrí. Realmente no sé que fue, si una fuga masiva o un plan para matarme, solo sé que me dispararon como en 5 oportunidades a la cabeza, razón por la que sentí un miedo insuperable y corrí para preservar la vida", asegura Rodríguez en el documento.Alias ‘Zeus’ habría planeado y financiado su fuga con anterioridad: PolicíaFinalmente, dice que su caso, supuestamente, es parecido al de alias Matamba, quien se fugó de la cárcel La Picota y posteriormente fue abatido durante un operativo de la fuerza pública. En este punto también señala que está dispuesto a presentarse ante la JEP de manera virtual para responder a las preguntas que puedan tener los magistrados."Reitero totalmente que no es cierto que fue decomisado material de guerra en mi poder o en mi vehículo, Me han violado todos mis derechos fundamentales, en especial el debido proceso y la dignidad, en una acción desbordada, equivocada e ideológica, que solo corresponde al afán para silenciarme. La Policía ofrece 50 millones supuestamente para capturarme, pero lo que realmente va a pasar es que me van a asesinar para que no declare en la JEP. Estoy a su disposición y estoy en la capacidad de declarar en forma virtual porque por temor a perder mi vida me da miedo hacer cualquier movimiento", se lee en el documento.La última solicitud que hace es que se investigue su caso, que los magistrados de la JEP puedan intervenir y que se le garantice la seguridad a él y a su familia durante este proceso.
La Sección de Apelación de la JEP decidió rechazar por improcedente la tutela de la Procuraduría con la cual se buscaba tumbar el sometimiento integral de Salvatore Mancuso ante este tribunal. Los magistrados consideran que dicha tutela es improcedente, pues es la Corte Constitucional la que debe pronunciarse sobre la competencia que tiene Justicia y Paz, y la que tiene la JEP."Con independencia de si es la JEP o JyP quien deba conocer, o en qué medida, de los casos del señor Mancuso Gómez, lo cierto es que, ambos sistemas continúan adelantando las actuaciones correspondientes, garantizándose así la judicialización del referido compareciente y, de otro lado, en lo tocante a las víctimas, aquellas tienen la potestad de hacer valer sus intereses ante ambas autoridades, para lo cual se diseñó en la JEP un mecanismo de diálogo entre esta y JyP en lo que a estas respecta, de manera que no se observa amenaza inminente a sus derechos mientras la Corte Constitucional resuelve lo que corresponde", señala el auto de la JEP.Salvatore Mancuso definió su posición frente a tutela que pretende tumbar ingreso a la JEPEs importante recordar que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso había pedido a la JEP rechazar la acción de la Procuraduría y aseguró que la procuradora Margarita Cabello tiene "miedo a la verdad"."Estos procuradores delegados, tanto Niño como Fernández, tienen la misión espuria encomendada por Margarita Cabello de impedir de cualquier manera que yo pueda acceder a la JEP y a mis derechos, todos recuperados a partir de mi participación seria y honesta en la justicia transicional colombiana. Quiero hacer un llamado directo a la procuradora Margarita Cabello y preguntarle: ¿Por qué existe tal angustia y preocupación por parte de usted o de sus amigos políticos porque yo comparezca ante la JEP o que obtenga mi libertad como corresponde por derecho?", aseguró Mancuso en una carta recientemente.
En una reveladora declaración ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el exdirector del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), Carlos Eduardo Reyes Jiménez, reveló los detalles de su conexión con grupos paramilitares en el marco del subcaso Gran Magdalena del Caso 08, que investiga crímenes ocurridos durante el conflicto armado.Reyes señaló nombres de funcionarios públicos y terceros civiles que, aprovechando su posición en el Incoder, facilitaron operaciones que promovieron desplazamientos forzados, legalización del despojo de tierras mediante compras a precios ínfimos, acaparamiento y reasignación de tierras a través de trámites irregulares en municipios del corredor minero de Cesar.Salvatore Mancuso definió su posición frente a tutela que pretende tumbar ingreso a la JEPEstas acciones sé habrían realizado en colaboración con los frentes 'Mártires del Cacique de Upar' y 'Juan Andrés Álvarez Pastrana' del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), además de satisfacer intereses de actores económicos privados locales.El exdirector también explicó ante la magistratura cómo se manipulaban los mecanismos legales para desplazar y despojar de sus tierras a campesinos, y cómo posteriormente esos predios eran legalizados y transferidos a testaferros de las AUC o terceros civiles afines a estos grupos.“Farc sometieron a trabajos forzados a secuestrados en su poder para sancionarlos”: JEPLa información que logró recopilar la magistratura permitirá analizar, identificar y entender los patrones de delitos graves en esta área del país dirigidos contra propietarios de tierras en al menos 11 sitios, y mostrar cómo el desplazamiento forzado y la confiscación de tierras están vinculados directamente con redes criminales.La diligencia se realizó de manera reservada y fue presidida por el magistrado Óscar Parra Vera, relator del subcaso Gran Magdalena, del Caso 08.
Salvatore Mancuso sostiene que la Procuradora Judicial II Penal no logra probar que hubo un error de procedimiento en la resolución que permitió su sometimiento a la JEP en 2023, luego de haber estado en Justicia y Paz.De acuerdo con el documento, su tránsito de una jurisdicción a otra no vulnera las garantías de los derechos de las víctimas del paramilitarismo a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, sino que es al contrario, en el sentido de que respeta el debido proceso de todos los involucrados incluidas las víctimas.Alega, además, que se trata de una “grosera contradicción” cuando la Procuraduría General de la Nación dio su visto bueno para su comparecencia ante la JEP tras concluir que “efectivamente (Salvatore Mancuso) estuvo vinculado material y orgánicamente a la fuerza pública y sirvió de enlace entre los militares y el aparato paramilitar”.Lea también: Nuevo intento de Mancuso por quedar en libertad fue negado por Tribunal de CundinamarcaSegún la tutela, que presentó la Procuradora Judicial II Penal ante la Sección de Revisión de Sentencias de la JEP, el sometimiento de Mancuso a esa jurisdicción fue inconstitucional y observa una serie de irregularidades que obligaría a revertir esa decisión.Sin embargo, la posición de Mancuso es que la Procuraduría no puede sostener tales argumentos en un párrafo de 11 renglones que pretende definir su situación jurídica, más cuando sigue en curso que la Corte Constitucional resuelva la competencia entre Justicia y Paz y la JEP para conocer los crímenes cometidos por el paramilitarismo en varias regiones del país.En definitiva, para Salvatore Mancuso la mejor salida tanto para él como para las víctimas es que la JEP sea el juez natural de su caso para impedir la impunidad de miles de crímenes sin resolver (más de 65.000 según la Procuraduría) y que están estancados en Justicia y Paz en donde se necesitaría casi 100 años para impartir justicia a cada una de las víctimas.
El Tribunal de la Paz de la JEP confirmó la acusación de esclavitud y secuestro contra el exsecretariado de las Farc-EP por su participación en crímenes de guerra, incluyendo la toma de rehenes y severas privaciones de libertad, además de otros delitos cometidos por la disuelta guerrilla.Al respecto, el magistrado Camilo Suárez explicó en Meridiano Blu los detalles de esta decisión en la JEP. Para esta imputación se tuvo en cuenta la verificación, contrastación y análisis de las diferentes pruebas que recaudó la sala de macrocasos durante, aproximadamente, cinco años."En el macrocaso 01, que tiene que ver con la toma de rehenes, lo que hace la sección es verificar las conductas, hechos y calificaciones jurídicas se corresponden, es decir, si es adecuadamente conforme a la ley. La sala ya había planteado que el secretariado de las Farc había cometido el crimen de esclavitud y lo que está haciendo el tribunal es, conforme a las pruebas que se recaudaron, encontrar que el delito de esclavitud sí se dio y por esa razón es un crimen concurrente", detalló el magistrado Suárez.Procuraduría interpone tutela para ‘tumbar’ la acogida de Mancuso en la JEPEl magistrado recalcó que, desde el secretariado de las Farc, se creó una política y unos patrones que realizaron los diferentes bloques de la estructura criminal para realizar la toma de rehenes o secuestro."Lo que se evidencia es que hubo falta de control, a pesar de tener información, antes, durante y después de la conducta por parte de quienes integraban la cúpula de esta organización no se tomó ninguna acción para que evitar que esta conducta se cometiera", añadió el magistrado.Trabajo forzadoLos secuestrados también fueron sometidos a trabajo forzado en la selva, desmonte de estructuras, es decir, realizar actividades que eran de interés de las Farc."Muchos de estos trabajos eran para sancionar o para castigar o acciones a quienes se consideraban enemigos. Varios de los comparecientes reconocieron esas actividades", añadió el magistrado Camilo Suárez.
El Tribunal para La Paz ratificó la imputación por esclavitud y secuestro al exsecretariado de las Farc-EP por haber cometido crímenes de guerra de toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por la extinta guerrilla.“El tribunal adoptó esta decisión con aplicación de las diferentes fuentes de derecho que se imponen a esta jurisdicción, facultad que se conoce como calificación jurídica propia, armonizando de manera adecuada el Derecho Penal Nacional y el Derecho Penal Internacional”, dijo el magistrado Camilo Suarez.Procuraduría interpone tutela para ‘tumbar’ la acogida de Mancuso en la JEPLos comparecientes por el caso 01 son:Rodrigo Londoño Echeverri, conocido durante el conflicto armado como ‘Timochenko’, fue el último comandante en jefe de las Farc-EP, desde la muerte de 'Alfonso Cano' en 2011, hasta la firma del Acuerdo Final de Paz en 2016. Su periodo de comandancia se caracterizó por las negociaciones de paz realizadas con el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018).Pastor Lisandro Alape Lascarro, conocido durante el conflicto armado como ‘Pastor Alape’, fue comandante del Bloque Magdalena Medio de las Farc-EP desde su creación en 1993, hasta la firma del Acuerdo Final de Paz en 2016.Milton de Jesús Toncel Redondo, conocido durante el conflicto armado como ‘Joaquín Gómez’, fue comandante del Bloque Sur de las Farc-EP desde 1993, al asumir ese rol desde la formación de esa estructura en la VIII Conferencia Nacional Guerrillera, hasta su reincorporación a la vida civil. Fue miembro del Secretariado desde 2008 y del Estado Mayor Central desde 2005.Jaime Alberto Parra Rodríguez, conocido durante el conflicto armado como ‘Mauricio Jaramillo’ o el ‘Médico’, fue el último comandante del Bloque Oriental de las Farc-EP desde 2010 hasta 2016. Desde 1993 era miembro del Estado Mayor del Bloque Oriental, y de 2003 a 2006 fue el segundo comandante del Bloque Oriental por debajo de 'El Mono Jojoy'.Julián Gallo Cubillos, conocido durante el conflicto armado como ‘Carlos Antonio Losada’: desde 1984 y hasta 2007 tuvo como responsabilidad la organización clandestina de las redes urbanas de las antiguas Farc-EP en Bogotá, donde residió hasta el año 2000, cuando se trasladó a San Vicente del Caguán. Desde entonces y hasta 2007, según su propia versión, continuó desde zona rural de Cundinamarca y Meta bordeando el páramo de Sumapaz.Pablo Catatumbo Torres Victoria, conocido durante el conflicto armado como ‘Pablo Catatumbo’, fue comandante de la Columna Móvil Alirio Torres y miembro del Estado Mayor del Bloque Móvil 'Arturo Ruiz' desde 1997. Su trayectoria se desarrolló principalmente en el Occidente del país. Fue designado como titular del Estado Mayor Central de las Farc-EP en 2000 y en 2002 como comandante de la Columna Móvil Arturo Ruiz.Rodrigo Granda Escobar, conocido durante el conflicto armado como ‘Ricardo Téllez’: fue designado integrante del Estado Mayor Central en la VIII Conferencia Nacional Guerrillera en 1993. En 2004 fue nombrado en el Estado Mayor del Bloque Caribe. En 2011 fue nombrado suplente del secretariado.Lo que se viene en este caso 01 que tiene 21.396 víctimas es una audiencia donde ellas participarán junto con los comparecientes y el ministerio público.Será un espacio judicial para que la Sección verifique que se cumplen la contribución a la verdad y la forma de reparación, en el marco del Sistema Integral para la Paz; con base a esto se determinará la duración de la sanción propia que la conforma el componente de restricción de derechos, libertades y el restaurativo. Estas oscilarán entre los 5 y 8 años y serán verificadas y monitoreadas por la Sección con la participación de Naciones Unidas.Corte Penal Internacional apoya el papel de la JEP en la justicia colombiana
El resguardo Motilón del pueblo Barí, que agrupa más de 2.400 miembros de sus comunidades, fue acreditado por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP en el Caso 07 que investiga el reclutamiento de niñas y niños en el conflicto armado. En una diligencia llevada a cabo los días 22, 23 y 24 de abril, en Cúcuta, Norte de Santander, máximas autoridades del Pueblo Barí y otros integrantes de sus diferentes comunidades le contaron a la JEP cómo la presencia de los grupos armados en su territorio ancestral alteró su cosmovisión, su lengua Barí-ara, sus costumbres y su fuente alimentaria.Concretamente, este resguardo se refirió a los hechos de reclutamiento y utilización que sufrieron por parte de las Farc-EP y el Ejército, ocasionando “que los sueños de las niñas y los niños se apagaran” y fracturando la transmisión de los saberes ancestrales a las nuevas generaciones.Junto a los pueblos indígenas Hitnü y Koreguaje, el resguardo Motilón Barí es el tercer pueblo indígena acreditado en el Caso 07, en el cual, a la fecha, 6.381 víctimas han sido reconocidas por la JEP y por ello han podido participar como intervinientes especiales. De ellas, 851 son víctimas individuales (61 % de ellas son mujeres y 39% hombres) y 5.530 son víctimas colectivas.Los intervinientes en la diligencia manifestaron que, después de los esfuerzos y la organización de las autoridades del pueblo étnico, ser reconocidos como víctimas en un macrocaso de la JEP significó “un gran triunfo para el Pueblo Barí”.Los Barí se ubican sobre la hoya del río Catatumbo, en la frontera con Venezuela, en la Serranía de los Motilones, departamento de Norte de Santander, en jurisdicción de los municipios de El Carmen, Convención y Teorama.
En la renovada playa de Barranquilla, Puerto Mocho, más de 150 voluntarios se se unieron para realizar una ardua tarea de recolección de residuos sólidos. Al final de esta jornada de limpieza, fueron recogidos 2 toneladas de basura.El Contralmirante John Henry Ruiz, director de la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla, informó que los residuos recolectados durante esta jornada serán reutilizados como materia prima en la fabricación de “Poliureciens”, la pintura ecológica anticorrosiva que produce dicha escuela como iniciativa de sus semilleros de investigación."Estas jornadas son importantes, porque como muy bien lo sabemos, el plástico afecta la biodiversidad de las playas, la comunidad y la fauna, siendo así es de suma relevancia recoger las basuras para mantener un espacio bueno y agrable, en donde se pueda desarrollar un futuro mejor para todos los habitantes y visitantes de este lugar", resaltó el Contralmirante.Para la realización de esta jornada de limpieza se unieron la Armada Nacional de Colombia, la Alcaldía de Barranquilla, la Triple A y la Asociación de Recicladores AsoRevivir Caribe, quienes aprovecharon la conmemoración del Día Mundial del Reciclaje para llevar a cabo esta actividad con la que se buscó, más allá de embellecer este espacio, mitigar el impacto ambiental ocasionado por la contaminación que produce la mala disposición de residuos en la región.Las organizaciones involucradas, enviaron un mensaje de conientización para los habitantes y visitantes de este espacio, para que al momento de arrojar basuras o desechos sólidos puedan prevenir la contaminación y hagan una mejor disposición de estos residuos, por lo que este renovado espacio contará de contenedores de basuras y ecológicos para promover el reciclaje en este renovado espacio.Al término de la jornada, el Distrito informó que estas jornadas ambientales se seguirán realizando de manera frecuente para posicionar la playa de Puerto Mocho como uno de los nuevos atractivos turísticos de Barranquilla.
En la primera de sus visitas a la central durante el presente cuatrienio, mandatarios locales coincidieron, en su mayoría, en resaltar los beneficios que el proyecto de generación ha llevado a sus diferentes territorios. Uno de esos mandatarios que elogió la gestión de EPM en Hidroituango fue Yomer Fabián Álvarez, alcalde de Tarazá"Esta es una hidroeléctrica que hoy genera seguridad para todos los habitantes del territorio y también trae unas bondades en materia de trabajo social, donde hacen acompañamiento no solamente agua hasta arriba, sino agua hasta abajo", indicó el mandatario.Por su parte, el gerente general de EPM, John Maya, entregó un balance de lo que fue la visita de estos mandatarios al proyecto que ya presenta, según Empresas Públicas de Medellín, un avance del 93 % en su construcción."Se fueron con la información de los beneficios que ha presentado este proyecto para sus localidades, para sus municipios, derivadas en infraestructura, en escuelas, en centros de salud, los impuestos que se generan a través de las regalías que son para el beneficio del municipio", explicó el gerente.Los alcaldes de Ituango, Yarumal, Briceño, Toledo, Valdivia, San Andrés de Cuerquia, Buriticá, Olaya, Peque, Santa Fe de Antioquia, Cáceres y Caucasia también hicieron parte del recorrido, pasando por la presa, el vertedero, la casa de máquinas y el centro de monitoreo técnico (CMT).
Agilizar los trámites de la licencia ambiental del macroproyecto del Canal del Dique es el llamado vehemente que al unísono hicieron el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, y los alcaldes de Luruaco, Campo de la Cruz, Candelaria, Manatí, Repelón, Sabanalarga, Santa Lucía y Suan.El gobernador recordó que “la ANI LA solicitó que el proyecto debe contar con licencia ambiental, pero Cormagdalena, el dueño del instrumento ambiental, impugnó dicha resolución”. Criticó que “hasta el momento la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) no se ha pronunciado sobre esta impugnación, lo que sigue retrasando y perdiendo tiempo valioso para el inicio del proyecto”."Estamos requiriendo una acción urgente por parte del Ministerio de Ambiente, para que expidan de una vez los términos de referencias para poder iniciar los trámites de la licencia ambiental del megaproyecto 'Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique'", agregó el gobernador del Atlántico.El pronunciamiento de Verano se dio durante una audiencia pública en Barranquilla sobre la socialización del proyecto 'Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique', el cual tiene como objetivo evidenciar las acciones y planes de contingencia frente a la llegada del Fenómeno de La Niña a esta zona del país.Allí, la Agencia Nacional de Infraestructura también expresó que está a la espera de que la ANLA se pronuncie frente al tema del licenciamiento ambiental para poder proceder. Además. se dio el pronunciamiento de Carolina Barbanti, vicepresidenta de Gestión Contractual de la ANI."Igualmente, desde el Ministerio del Ambiente hemos contado con la disposición de la señora ministra, para poder trabajar de manera expedita en las situaciones que se presenten y lo más importante es evitar que se presenten emergencias como inundaciones, y el tema de licenciamiento, la semana entrante una vez definido podemos proceder.". dijo.El megaproyecto, que le fue adjudicado a la empresa Sacyr el 7 de diciembre de 2022, está contemplado para ser ejecutado por etapas, en un período estimado de 15 años y con una inversión 3,1 billones de pesos, recursos distribuidos entre obras, operación y mantenimiento.
Desde la Defensoría del Pueblo se hizo un llamado al Ministerio del Interior para que se convoque una sesión de la Comisión Intersectorial para que se dé Respuestas Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat) ya emitidas para el departamento del Cauca, tras la muerte de dos personas entre ellas un menor de edad en el más reciente atentado con explosivos ocurrido en Miranda, Cauca. Municipios como Santander de Quilichao, Padilla, Corinto, Suárez, y aquellos ubicados en el norte del cauca también merecen una intervención por parte del Gobierno nacional por la fuerte presencia de actores criminales en esa zona del departamento.“Al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, ya le hicimos la solicitud y se la reiteramos, debe convocar con prontitud una sesión extraordinaria de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, dados los reiterados hechos de violencia en el Cauca, especialmente en el norte del departamento. Es fundamental que las instituciones se reúnan para que implementen acciones urgentes”, dijo Carlos Camargo Assis, defensor del pueblo.Así mismo, se hizo un llamado contundente a los grupos armados que operan en la zona, para que no cometan este tipo de actos donde se vean involucrada la población civil, el cuerpo del menor de edad muerto por la explosión de un artefacto fue trasladado hasta el municipio de Palmira, Valle de donde es oriunda su familia.“Quiero reiterar mi llamado a los actores ilegales a abstenerse de involucrar a la población civil en sus acciones violentas. Además, toda la institucionalidad del Estado debe comprometerse con acciones concretas para que la niñez y la infancia queden por fuera del conflicto armado, y en tal sentido se pueda garantizar su protección constitucional reforzada”, señaló Camargo. El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría ya había emitió en el 2023 cuatro alertas tempranas para el Cauca, una de ellas para Miranda, donde fueron advertidos enfrentamientos que afectan directamente a la población civil, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, la instalación de minas antipersona, entre otras situaciones que ponen en un alto nivel de riesgo a las comunidades.
En coordinación con el Gobierno de Estados Unidos, Migración Colombia logró identificar a un hombre de nacionalidad estadounidense que pretendía arribar a Medellín, pero que al llegar al aeropuerto José María Córdova los sistemas arrojaron que el hombre sería un posible agresor sexual.Este aviso se dio por la alerta Angel Watch, un sistema norteamericano que tiene como objetivo mostrar los movimientos que hacen las personas involucradas en delitos sexuales. Por ello y luego de la revisión documental por parte de las autoridades colombianas, el estadounidense se le informó que no podía entrar a Colombia.El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reaccionó a través de su cuenta de X, en donde reiteró que a la ciudad son bienvenidos los turistas responsables pero, "no quienes vienen a explotar sexualmente a niños, niñas, adolescentes y mujeres".Recordemos que esta misma semana se dio la expulsión del país del australiano Charlie Hardy en Santa Marta. El hombre era señalado por la presunta violación de normas relacionadas con la explotación sexual en Medellín.Según el reporte entregado por Migración Colombia, el sistema Angel Watch ha permitido que desde el 2023 se hayan identificado a 19 extranjeros con perfil delictivo de agresor sexual o pedófilo.En Medellín las autoridades han capturado este año 92 extranjeros por diferentes delitos, entre ellos, los relacionados con la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes.Las cifras fueron presentadas como parte de los resultados operativos de la intervención en el Parque Lleras, tras cuatro meses en los que según la Policía Metropolitana, ha habido también actividades de prevención y disuasión a la ciudadanía para que denuncie este tipo de conductas contra los menores de edad.