Desde la Defensoría del Pueblo se hizo un llamado al Ministerio del Interior para que se convoque una sesión de la Comisión Intersectorial para que se dé Respuestas Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat) ya emitidas para el departamento del Cauca, tras la muerte de dos personas entre ellas un menor de edad en el más reciente atentado con explosivos ocurrido en Miranda, Cauca.
Municipios como Santander de Quilichao, Padilla, Corinto, Suárez, y aquellos ubicados en el norte del cauca también merecen una intervención por parte del Gobierno nacional por la fuerte presencia de actores criminales en esa zona del departamento.
“Al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, ya le hicimos la solicitud y se la reiteramos, debe convocar con prontitud una sesión extraordinaria de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, dados los reiterados hechos de violencia en el Cauca, especialmente en el norte del departamento. Es fundamental que las instituciones se reúnan para que implementen acciones urgentes”, dijo Carlos Camargo Assis, defensor del pueblo.
Así mismo, se hizo un llamado contundente a los grupos armados que operan en la zona, para que no cometan este tipo de actos donde se vean involucrada la población civil, el cuerpo del menor de edad muerto por la explosión de un artefacto fue trasladado hasta el municipio de Palmira, Valle de donde es oriunda su familia.
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“Quiero reiterar mi llamado a los actores ilegales a abstenerse de involucrar a la población civil en sus acciones violentas. Además, toda la institucionalidad del Estado debe comprometerse con acciones concretas para que la niñez y la infancia queden por fuera del conflicto armado, y en tal sentido se pueda garantizar su protección constitucional reforzada”, señaló Camargo.
El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría ya había emitió en el 2023 cuatro alertas tempranas para el Cauca, una de ellas para Miranda, donde fueron advertidos enfrentamientos que afectan directamente a la población civil, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, la instalación de minas antipersona, entre otras situaciones que ponen en un alto nivel de riesgo a las comunidades.
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