El Gobierno cubano ha elevado su tono de crítica contra Washington, acusando a la administración estadounidense de recurrir a una larga serie de falsedades para justificar su política regional y de intentar presentar a la isla caribeña como una amenaza para la seguridad hemisférica. Según la Cancillería de la isla, estas tácticas no solo buscan legitimar sanciones y presiones, sino también desacreditar a Cuba en el ámbito internacional.
El foco de la disputa más reciente se centra en las medidas anunciadas por la Casa Blanca que permiten imponer aranceles a países que suministren petróleo a Cuba, bajo el argumento de que la isla constituye una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional de Estados Unidos. Para La Habana, estas declaraciones están desvinculadas de hechos concretos y responden más a una campaña política que a una evaluación objetiva de la situación.
Desde el Gobierno cubano se rechaza este tipo de narrativa y se denuncia que Washington está utilizando la lucha contra el terrorismo como pretexto para reforzar una agenda de presión económica y diplomática que ya lleva décadas. En un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano calificó de política unilateral y coercitiva la decisión estadounidense y subrayó que la isla no ha cambiado su postura sobre cooperación antiterrorista, pese a las acusaciones.
La discusión sobre la veracidad de la información no se limita a la esfera diplomática. En el último año, gobiernos fuera de la región han implementado medidas para tratar de controlar la manipulación de datos en internet. Un ejemplo destacado es China, que recientemente ha puesto en marcha normas más estrictas para quien genera contenido en línea sobre temas “serios” como salud, finanzas, educación o derecho.
Bajo estas disposiciones, los creadores digitales deben demostrar que poseen credenciales profesionales, títulos o licencias en las materias que abordan antes de publicar análisis o consejos en redes sociales, una medida que las autoridades chinas defienden como un esfuerzo contra la desinformación. Críticos, en cambio, advierten que estas leyes podrían limitar la libertad de expresión al restringir quién puede hablar de ciertos temas, aunque también se reconoce que en muchos países la proliferación de voces sin conocimiento especializado ha contribuido a expandir confusión y falsedades en plataformas populares.
Esta tendencia no está aislada en Asia: parlamentarios en otros países han propuesto seguir este modelo para regular quién puede publicar sobre temas sensibles y qué tipo de verificación debe aplicarse a los emisores de contenido.
Un fenómeno global con múltiples facetas
La preocupación por la manipulación de la información ha sido un tema central en informes sobre libertad de internet y democracia. Organizaciones como Freedom House han documentado cómo diversos gobiernos, incluidos Estados Unidos y Rusia, han recurrido a técnicas, legales y encubiertas, para influir en debates online, ya sea en procesos electorales o en posiciones geopolíticas.
En América Latina, la acusación cubana también se enmarca en una historia de tensiones con Estados Unidos que se remonta décadas, aunque ahora se libra tanto en las esferas diplomáticas como en las plataformas digitales. Caracas y Moscú han mostrado su apoyo a La Habana frente a la política de presión de Washington, lo que indica que la disputa no es solo bilateral, sino parte de un debate más amplio sobre hegemonía, información y soberanía.