En México, la creciente digitalización se ha convertido en una herramienta peligrosa en manos del crimen organizado, que ahora utiliza videojuegos en línea y redes sociales para captar a niñas, niños y adolescentes. Activistas de derechos humanos han levantado la voz ante esta alarmante tendencia, denunciando la falta de respuesta y acciones concretas por parte del Estado mexicano para enfrentar esta nueva forma de reclutamiento.
Aunque este fenómeno ha sido ampliamente documentado en otros países de América Latina como Colombia, donde la ONU ha verificado cientos de casos, la situación en México comienza a mostrar patrones similares. En diversas plataformas como TikTok, Facebook o juegos multijugador con chats en vivo, miembros de organizaciones criminales entablan contacto con menores, iniciando conversaciones aparentemente inofensivas que posteriormente se convierten en intentos de captación directa.
El objetivo de estos grupos no es solo aumentar su capacidad operativa, sino también reforzar su control territorial y social. El uso de menores facilita su presencia en comunidades vulnerables, incrementa su pie de fuerza en zonas en disputa y, en muchos casos, les permite ampliar actividades como el cultivo de drogas, el tráfico de armas y la participación en actos violentos.
En cuentas públicas o privadas, los criminales hacen apología de la violencia, exaltan el estilo de vida dentro del grupo armado y presentan sus actividades como una vía rápida para obtener dinero, respeto o poder. Este discurso es especialmente atractivo para adolescentes en situación de pobreza o marginación, y el entorno digital se convierte en un campo fértil para este tipo de mensajes, sin filtros ni vigilancia efectiva.
La ONU ha señalado que entre 2022 y 2024 se verificaron más de 650 casos de menores reclutados en Colombia, muchos de ellos pertenecientes a pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. Aunque en México no se cuenta con cifras oficiales comparables, los expertos advierten que el escenario podría replicarse si no se actúa de forma preventiva. La combinación de violencia estructural, impunidad y conectividad sin regulación efectiva crea un caldo de cultivo similar.
Particular preocupación despierta el hecho de que las niñas y adolescentes mujeres son cada vez más objetivo del crimen organizado, no solo por su vulnerabilidad en entornos violentos, sino también por el riesgo de ser reclutadas mediante el engaño, el acoso y con fines de explotación sexual.
Las recomendaciones de organismos internacionales son claras: urge una coordinación entre niveles de gobierno, instituciones de derechos humanos y plataformas digitales para frenar este tipo de prácticas. Las redes sociales deben asumir mayor responsabilidad y establecer mecanismos para identificar y bloquear interacciones sospechosas que involucren a menores.