De acuerdo al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a los perjuicios materiales causados a desaparecidos o torturados se debe sumar una reparación por daños morales causados también a los familiares inmediatos.
Así las cosas, el fondo para indemnizaciones se distribuiría entre las víctimas directas y sus hijos, padres o hermanos siempre y cuando no hayan sido ya objeto de reparación económica.
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“Esos siete millones de dólares pueden bajar porque hay que hacer unas deducciones de lo ya pagado y estaría divido en un grupo que oscila entre 138 y 140 personas aproximadamente”, dijo Adriana Guillén, directora de Agencia de Defensa Jurídica del Estado.
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La funcionaria aclaró que ese monto está incluido dentro de los parámetros de indemnización normales del Sistema Interamericano pese a que las víctimas aspiraban a una reparación mayor.