La primera declaración es la de la procuradora para asuntos disciplinarios, Nasly Hoyos, quien le narró a la Fiscalía que los funcionarios investigados habrían destruido y desaparecido expedientes del despacho del exprocurador Fernando Carrillo.
El senador Iván Cepeda envió al fiscal Jaimes 40 preguntas sobre el proceso de Uribe después de advertir públicamente que no ha habido garantías para las víctimas.
Un juez ordenó a las empresas de telefonía para que suministren información que contenían estos dispositivos desde antes de ser incautados en enero de 2020.
En 2010, llegó a una parroquia en Bogotá y, al parecer, desde ese entonces, comenzó a abusar sexualmente de un niño de 13 años, hijo de una empleada de la casa cural.
La investigación en la seccional de Cali tiene que ver con denuncias que interpuso la también fiscal de esa ciudad, Silvana Uribe, quien puso en conocimiento actos de corrupción en la entidad y que pidió que se actuara con celeridad porque temía por su integridad.
En resumen, dijo la JEP, hay unos casos que no son de su competencia y, además, Alfonso López no habría presentado un compromiso claro de verdad, justicia, reparación y no repetición.
El abogado Jaime Granados es el apoderado del caso en el que defiende al excongresista señalado de Cohecho, tráfico de influencias y delitos contra la participación democrática.