El ‘caso Aida Merlano’ , duro golpe a la compra y venta de votos: columna de Óscar Montes

La compra y venta de votos es un delito muy grave que atenta contra la transparencia electoral. Es decir, atenta contra la esencia misma de la democracia, pues compromete el derecho a elegir y ser elegido de forma libre y autónoma. Por desgracia es una práctica generalizada en todo el país, en especial en la Región Caribe, donde es vista como algo natural y hasta folclórica.Pero el hecho de que sea generalizada no significa que deje de ser delito. El "constreñimiento al elector", cómo está tipificado, debe ser erradicado si queremos purificar nuestro sistema democrático. Y para ello es necesario sancionar de manera drástica a quienes incurren en esta conducta abiertamente irregular. Es decir, a quienes compran el voto como a quienes lo venden, pues es tan grave lo uno como lo otro.La captura el domingo pasado en Barranquilla de varias personas que se encontraban en una sede política de la aspirante de la actual representante a la Cámara y senadora electa por el Partido Conservador, Aida Merlano, entre ellas una hermana suya, evidenció lo que podría considerarse una sofisticada red de compra y venta de votos.Lea también: Una cifra contundente, 50.000 votos: columna de Óscar MontesAl menos así lo ha presentado ante los medios de comunicación la Fiscalía General de la Nación, entidad que estuvo al frente de la operación.En dicha sede política fueron hallados 268 millones de pesos en efectivo, varias armas y papelería electoral. También fueron decomisados algunos computadores. Tanto las personas detenidas, como el material incautado, están a disposición de las autoridades que deberán esclarecer los hechos.La Fiscalía General pidió a la Corte Suprema de Justicia que investigue la conducta de la parlamentaria, quien goza de fuero como congresista.De acuerdo con la Fiscalía General, la campaña de la congresista habría dispuesto de más de 6.000 mil millones de pesos para comprar votos en Barranquilla y en varios municipios del departamento. Cada voto, según el organismo investigador, era pagado a 40 mil pesos, más un "subsidio por transporte", de 5 mil pesos.La campaña de la congresista conservadora deberá explicar la procedencia del dinero, así como su destinación, así como los permisos y salvoconductos para el porte de las armas decomisadas.De igual manera, tendrá que explicar el uso de material electoral encontrado, cuyo uso corresponde de forma exclusiva a las autoridades electorales.La senadora electa, por su parte, deberá responder por su presunta participación en un delito que atenta de forma grave contra la transparencia electoral.Un voto comprado es un voto ilegal. Un voto comprado es un voto manchado. Así debe entenderse, tanto por quien lo compra como por quien lo vende. Un voto que se compra es una conciencia que se vende. Y ese práctica perversa y antidemocrática debe ser combatida con toda severidad.