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Concejales en Medellín denuncian irregularidades en adjudicación de contrato de chatarrización

En el contrato, el kilo de chatarra se vende a precios por debajo de los que se manejan en el mercado y dejaría un presunto detrimento de 3.000 millones de pesos.

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Patios.
Foto: cortesía.

En medio de un debate de control político a la Alcaldía de Medellín, concejales del Partido Verde denunciaron falsificación de documentos, precios bajos y falta de certificaciones indispensables en la adjudicación del contrato de chatarrización de la Secretaría de Movilidad.

En los patios de la Secretaría de Movilidad se encuentran cerca de 50.000 vehículos para chatarrización, subasta que fue adjudicada a la Unión Temporal RYM SAS y que, según el concejal Daniel Duque, es la misma empresa que fue descalificada por el municipio de Bello para la misma tarea, por no contar con la certificación ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

El corporado advirtió que la empresa que sí cuenta con la certificación ambiental y que hace parte de RYM es Recuperaciones Naranjo, empresa con líos judiciales por irregularidades en otros contratos de chatarrización a nivel nacional.

Otra de las irregularidades en el proceso de subasta y posterior contratación, encontrada por Daniel Duque y su equipo, hace referencia a la falsedad en las especificaciones técnicas y en el certificado del Icontec en una máquina requerida por la Secretaría de Movilidad para poder participar en el proceso.

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“Utilizó un documento falseado, falseando el logo de Icontec para poder participar, diciendo que tiene una maquinaria que no tiene”, dijo el concejal Duque.

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A esto se suma el bajo precio por el que, según el contrato, será pagado el kilo de chatarra: $98 pesos el kilogramo, cuando, tras revisar con su equipo, Duque encontró que en el país el valor en contratos similares oscila entre los $700 y los $1.600.

El concejal ya llevó las pruebas recopiladas a la Fiscalía y solicitó a los demás entes de control que tomen cartas en el asunto para no solamente reversar el contrato por cerca de $3.000 millones que está vigente, sino para que también se sancione a los responsables.

Escuche el podcast Sin Tabú:

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