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Al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, la Procuraduría le abrió dos investigaciones: una por su programa Valle del Software, y la segunda, por no adquirir seguros para Hidroituango.
Sobre la primera investigación se trata de uno de los programas banderas del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, donde se habrían detectado presuntas irregularidades en la ejecución del llamado “Valle del software”, por lo que se inició una indagación previa en averiguación de responsables.
El Ministerio Público conoció información que advertía sobre presuntas anomalías en el avance de esta iniciativa, pues, al parecer, existe incumplimiento en la entrega de varios de los 21 centros planeados para fomentar el uso de tecnologías y ofrecer a la comunidad una oferta en materia de emprendimiento e innovación. A la fecha sólo se habrían entregado 8 de estos.
La Procuraduría ya pidió a la Alcaldía de Medellín información de los contratos y de los servidores públicos o particulares que participaron en la etapa previa, celebración y ejecución de cada uno de los negocios jurídicos relacionados con este programa.
Asimismo, solicitó copia de los estudios previos, contratos, actas de entrega y una certificación del estado actual del proyecto, que permita adelantar las respectivas sanciones disciplinarias si hay lugar.
La segunda indagación no solo involucra al alcalde Daniel Quintero como presidente de la Junta, sino al gerente general Jorge Andrés Carillo, para determinar su responsabilidad en que el proyecto de Hidroituango no estuviera asegurado en el año 2021.
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Según se pudo conocer en el documento, la decisión fue notificada a través de un auto emitido por la Procuraduría el pasado 23 de diciembre, donde se busca esclarecer el papel, toma de decisiones, y responsabilidades de ambos.
En el documento se advierte: “abrir indagación previa contra Daniel Quintero Calle, en calidad de alcalde mayor de Medellín D.C.T.I., en calidad de presidente de la junta directiva, Jorge Andrés Carrillo Cardoso, en calidad de gerente y otros por determinar, miembros de la junta directiva de Empresas Públicas de Medellín - EPM, por la presunta omisión de la obligación de asegurar contra todo riesgo al proyecto hidroeléctrico Ituango en la vigencia 2021”.
Se debe recordar que ese fue uno de los inconvenientes que se tuvo por parte de EPM para adquirir respaldos en el mercado asegurador y que hicieron que se aplazaran, en cinco ocasiones, la licitación para las obras finales de Hidroituango, donde una única solución que tuvo la compañía fue hacer una transferencia de riesgos a un fondo de autoseguros de 23 millones de dólares, que le permite, dentro de sus estimaciones estadísticas, gestionar la mayoría de las eventualidades asegurables que puedan afectar el desarrollo del proyecto, según informó el 7 de noviembre de 2021.
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Dentro del comunicado no se tiene claridad si se tiene otros funcionarios de EPM implicados en la investigación. Por ahora no hay pronunciamiento ni de EPM, ni del alcalde Daniel Quintero.
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