La Fiscalía General de la Nación, por medio de un comunicado, manifestó que llamó a interrogatorio a cinco funcionarios judiciales de Medellín, por presunta corrupción en OPA de Nutresa. Se trata de una investigación que anunció la Fiscalía el pasado 24 de noviembre de 2022 para determinar si hubo supuestas irregularidades en la radicación y reparto de dos demandas civiles, una de Grupo Argos, y otra de Grupo Sura en medio de las OPA por Nutresa.
Estas demandas son contra los tres miembros de la junta de Sura delegados por la familia Gilinski que ordenaron a la administración de Grupo Sura vender en la OPA de la árabe IHC por acciones Nutresa. Esto no ocurrió porque el juez 5° civil admitió la demanda y dictó medidas cautelares en que ordenó a los representantes legales de Grupo Sura no atender instrucciones que provengan de una Junta Directiva con menos de 4 miembros.
Al respecto, el Grupo Argos señaló en un comunicado de finales de noviembre pasado que la demanda y las medidas cautelares que fueron solicitadas y decretadas en el trámite fueron encaminadas a la protección de sus derechos como accionista de Grupo Sura, frente a las actuaciones hechas por tres de los siete miembros de la Junta.
Se tratan de Ángela María Tafur Domínguez, María Ximena Lombana Villalba, y Andrés Bernal Correa, quienes pretendieron adoptar decisiones sobre la última OPA por Nutresa sin contar con las mayorías legales y estatutarias. Los demandados apelaron ante el Tribunal Superior de Medellín contra el auto que decretó las medidas cautelares.
En ese contexto avanza una investigación penal por parte de la Fiscalía por presunta corrupción en el reparto de las demandas civiles que fueron interpuestas por Grupo Sura y Grupo Argos.
Por eso anunció que fueron citados a interrogatorio cinco funcionarios judiciales de Medellín: Rafael Antonio Matos Rodelo, juez quinto civil del circuito de Oralidad de Medellín; Mateo Flórez Echeverry, auxiliar administrativo de la oficina judicial de Medellín; Daniela Díaz Muñoz, auxiliar administrativo de la oficina judicial de Medellín, y Carlos Andrés Álvarez Zuluaga, profesional universitario de la oficina judicial de Medellín.
En noviembre pasado, mediante un comunicado, el Juez Rafael Antonio Matos Rodelo aseguró que el reparto de las demandas civiles depende de la oficina judicial que no está bajo el control de los jueces. Además, afirmó que el auto que admite una demanda, si bien es notificable, las medidas cautelares que se soliciten no se notifican por su carácter de reserva y que no tiene sentido decretar una medida cautelar, cuando ya se hubiese consumado el hecho que busca precaver.
Hasta ahora ninguna persona que trabaja en Grupo Argos o Grupo Sura ha sido vinculada al proceso de investigación de la Fiscalía, solo a los cinco funcionarios de la rama judicial en Medellín que tuvieron que ver en la recepción y decisión de las medidas cautelares.
Al momento no hay claridad de los intereses de la demanda, sólo se conoce que se interpuso por parte del abogado Andrés Garzón.
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