"Impotable", editorial de Ana Cristina Restrepo
En el editorial de este martes en Vive Medellín, Ana Cristina Restrepo habló sobre la calidad del agua en varios municipios de Antioquia.
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Este es el editorial de Ana Cristina:
Según la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, el agua de los municipios Cisneros, Argelia, Murindó y Vigía del Fuerte es “inviable sanitariamente”.
La calidad del agua de Buriticá, Nariño y San José de la Montaña ha sido calificada como “de alto riesgo”. En La Pintada, el riesgo es “medio”. El peligro de la calidad del agua se considera “bajo” en otros veinte municipios, entre los cuales se cuentan Guarne, Entrerríos, El Peñol, Turbo y Fredonia.
Miremos el caso de Cisneros, una de las poblaciones de Antioquia con más fuentes hídricas: a pesar de tener siete acueductos en el casco urbano, el agua no es potable. Hace casi dos semanas, se entregó en Cisneros una planta de tratamiento que costó 4 mil millones de pesos, pero es necesario mejorar la red para empezar a bombear el agua y conectar las siete tomas, pues solo habrá un acueducto.
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El pasado mes de marzo, la Defensoría del Pueblo había llamado la atención de los entes territoriales en los departamentos de Bolívar, Magdalena, Antioquia, Cauca, La Guajira, Meta y Caquetá para que garanticen la prestación del servicio de agua en condiciones óptimas para el consumo humano. El reporte de la Defensoría del Pueblo, con datos de 2015, indica que hay 7 municipios colombianos declarados como sanitariamente inviables: Norosí y Hatillo de Loba, en Bolívar; El Castillo, en Meta; Piamonte y Timbiquí, en Cauca; y Dibulla, en La Guajira. Cisneros y Argelia son los dos únicos municipios de Antioquia mencionados por la Defensoría del Pueblo.
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Según la Organización de Naciones Unidas: “Cada año mueren más personas a causa de un agua insalubre que por muerte violenta, incluida la guerra. La fuente más importante de contaminación del agua es la falta de gestión y tratamiento adecuados de los residuos humanos, industriales y agrícolas”.
Las cifras de Unicef señalan un dato dramático: “Ocho de cada 10 personas que carecen de acceso a agua limpia, viven en zonas rurales”.
Algunos definen la violencia de Estado a través del exceso de sus acciones policivas de control y vigilancia, o de sus alianzas clandestinas con fuerzas que suplantan el poder democráticamente establecido.
Pero la negligencia también es una forma de violencia.
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No hay firma de acuerdos de paz que sirva si las instituciones estatales siguen permitiendo que algunos de sus habitantes vivan como cerdos, si arriesgan la salud de los niños, exponiéndolos a enfermedades prevenibles y permitiendo que mueran de males curables. La omisión o descuido de un servicio básico como el suministro de agua potable es un mecanismo de exclusión y marginación, intolerable en cualquier tipo de entorno, en especial en uno democrático.
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A nosotros, en las grandes ciudades, nos basta con abrir el grifo en la casa o en el lugar de trabajo para beber agua potable, sin preocupación. La realidad rural nos es ajena.
La indiferencia, no importa de dónde emane, siempre será impotable.