Después de recibir atención por parte de la Personería, Secretaría de Salud y Bienestar Familiar, entre otras instituciones, las familias indígenas que protagonizaron la toma, sin precedentes de la Alcaldía de Medellín, fueron trasladadas en vehículos de la Administración Distrital hasta el coliseo Carlos mauro Hoyos mientras se adelantan las mesas de diálogo con las autoridades.
Los indígenas, provenientes del alto Andágueda, en el Chocó, buscan, entre otras cosas, que les permitan a las mujeres "trabajar" en compañía de sus niños, además de ser reconocidos como víctimas del conflicto armado.
"Los acuerdos a los que se llegaron fue de trasladarlos a ellos, a todas las comunidades indígenas, a un coliseo de la ciudad donde estarán mientras se desarrolla la Mesa de Concertación donde está Alcaldía, la Unidad de Víctimas, está Bienestar Familiar y acompaña Procuraduría, Defensoría y Personería como garantes", explicó el personero de Medellín, William Yeffer Vivas.
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Las solicitudes acerca de albergue, alimentación, ser reconocidos como víctimas del conflicto armado, el retorno a sus territorios y que se cumplan los compromisos que se han pactado antes con ellos en esos aspectos serán varios de los temas que se analizarán con los delegados de las familias indígenas.
Según el personero, se espera que durante los próximos días se haga el censo completo de los cerca de 800 indígenas y se llegue a acuerdos con ellos, pero hay un punto en el que ninguna autoridad u organismo de control piensan ceder.
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"Existe una postura por parte de todas las instituciones y es que los niños no pueden ser instrumentalizados. Eso es de los temas que van a ser producto de conversaciones en la mesa de concertación. Aquí siempre hay un interés superior, hay un derecho que requiere y merece toda la atención por parte del Estado, de todas las instituciones y es la protección de los niños y niñas", añadió Vivas.
Y es que, según el alcalde de Medellín, detrás de la utilización de los menores indígenas existe una red grande: “Detrás de esto hay unos jefes, unos taitas, unos caciques que son los que los mandan a pedir plata, a bailar hasta altas horas con los extranjeros, los dejan en camionetas de alta gama en varios puntos. Eso no son personas humildes (o) sencillas, sino una red que está utilizando a los menores”, sostuvo Daniel Quintero.
Las negociaciones apenas comienzan, pero lo que sí está claro es que por parte de las autoridades el autorizarlos para estar en el espacio público trabajando, vendiendo, bailando o pidiendo dinero con los menores de edad es innegociable.
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