Los audios y mensajes de WhatsApp que probarían abuso de poder de Quintero y su secretaria privada

En el proceso de injuria y calumnia interpuesto por el exgerente de EPM Álvaro Guillermo Rendón la fiscalía novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia compulsó copias ante la Fiscalía de Medellín en contra del alcalde Daniel Quintero y su secretaria privada, María Camila Villamizar, por los delitos de abuso de poder y tráfico de influencias.Esa decisión se tomó, además, por la inasistencia por tercera ocasión del alcalde Quintero a la audiencia de conciliación, y además por las diferentes pruebas de audio y mensajes de WhatsApp que ya fueron radicadas y presentadas por la defensa del exgerente Rendón, declarado insubsistente por el mandatario local, al señalar que maliciosamente se había aliado con el Consorcio CCC Ituango para la suscripción de la adenda 39 del contrato que se firmó con Camargo Correa Infra S.A, una subsidiaria de Constructores y Comercio Camargo Correa, para continuar la construcción del proyecto Hidroituango, por un año más, en el mes de diciembre del año 2020.BLU Radio conoció el documento de 30 páginas donde la firma Julián Quintana abogados, que representa al señor Rendón, presentó la ampliación de la denuncia donde buscan comprobar que nunca hubo acuerdo previo, ni un interés indebido en su suscrición con fines de hacerle “conejo” a una eventual demanda de EPM y favorecer a las empresas.Entre los audios, se transcribió la conversación con Alexander Sánchez Pérez, vicepresidente de asuntos legales de EPM, quien ya renunció, sobre un concepto sobre la empresa Camargo Correa Infra Proyectos S.A, donde se tenían inquietudes por parte del alcalde Daniel Quintero y la secretaria privada sobre esa empresa y el informe de sugerencias.En uno de los apartes del diálogo, hacen referencia a que ese concepto no fue abordado en el informe de sugerencias para la firma de esa adenda, porque era un documento que correspondía a varias dependencias de la Alcaldía y la gerencia de EPM.Pero le inquietó a Álvaro Guillermo Rendón que no haya conocido ni le hayan activado esa consulta interna: “ni me inquietaron sobre eso ni Camila, ni el Alcalde, ni nadie. Sino que están yendo a ustedes, así las cosas, también hay que leer esa intencionalidad, por qué razón están pasando por encima de mí”.En donde le responde Alexander Sánchez: “de mi parte solo encontrará una respuesta, y es: la Gerencia General no tiene por qué enterarse de estas minucias, ósea a este tema tiene que estar escalonado a nivel de mando medios y yo de veinte defectos encontrados, no me di cuenta del veintiuno”. Además, aseguró que se reunirá con el equipo para revisar la empresa que firmaría la adenda.Otro de los audios entregados a la Fiscalía es la conversación del exgerente de EPM con Bernardita Pérez Restrepo, miembro de la Junta, coordinando una reunión y donde hacen referencia a los pronunciamientos de Quintero en los medios de comunicación y donde se refiere a el vicepresidente de asuntos legales como una persona peligrosa, que ha supuestamente distorsionado la realidad de lo que sucedió en la firma AMB-39, por responsabilizar lo sucedido de forma falsa a la Gerencia, a pesar que en el audio anterior se observó todo lo contrario.En donde Bernardita aseguró que: “la estrategia de hablar con los abogados es importante, porque nos van a oír mucho nuestra opinión y le tienen al alcalde la cabeza llena de cucarachas, de que hay un complot interno gravísimo, de grandes delincuentes”.Álvaro le responde: “Imagínate y él no tiene problema en contar eso por Twitter y eso se nos complica todo”.Sigue Bernardita Pérez: “Ese es el problema que él es de lengua rápida”.Al final concretan la reunión donde los miembros de la Junta analizaron en plano la adenda y donde se evidenció en la exposición de algunos, que se explicó con claridad que revisando lo que ocurrió y la actitud de las partes, refleja la voluntad de las partes, es decir EPM y los constructores, donde se encargaron de concretar el documento final.Ya en la comisión del presunto delito de autoridad por acto arbitrario e injusto, sobresalen en el documento las incómodas conversaciones de Chat de WhatsApp en las que el exgerente Rendón soportó los aparentes embates del alcalde para obligar a su renuncia:Quintero: ¿No ibas de vacaciones?Rendón: No Alcalde. Creo que no es el momento. Hablemos de ello. Además, en medio de la pandemia no anima a nadie a salir en familia para salir al buen descanso.Quintero: Sino es conveniente vacaciones hagamos el proceso vía renuncia.Rendón: Hablemos de elloQuintero: Hoy anunciaré o vacaciones o renuncia. Ese fue nuestro acuerdo.Quintero: Listo. Pon el tema porque tú me estás forzando a la renuncia o a las vacaciones sin retorno.En febrero del 2021, luego de ser declarado insubsistente por Quintero, Álvaro Guillermo Rendón mencionó dichas conversaciones que durante más de un año permanecieron en cadena de custodia y que configuraría el delito de abuso de autoridad, pero también la intromisión de la secretaria privada de la alcaldía, María Camila Villamizar, en los asuntos de EPM.“Interrumpía mis reuniones para involucrarme en ellas. Después empezó también a direccionar órdenes, supuestamente del alcalde para que se nombrara en el grupo EPM o en las filiales (…) La señora María Camila Villamizar mandaba unas hojas de vida y a ella se le olvidó que allá son procesos”.Y en otros pantallazos de chat se evidenció como desde el número de Camila Villamizar, ahora también secretaria de gobierno encargada de Medellín, relacionó las hojas de vida de por lo menos cinco personas para los cargos de Gerente de Comunicaciones, Gerente Financiero, Gerente Administrativo y Vicepresidente comercial de EPM y vicepresidente financiero de Afinia, filial de la empresa en la costa caribe.Las conversaciones y transcripciones de las actas de las juntas directivas en las que, entre otras, los integrantes de la junta estuvieron de acuerdo con ampliar el contrato de Hidroituango a los actuales constructores, hecho por el que fue declarado insubsistente Rendón y que finalmente terminó formándose por el gerente actual, serán analizados por la Fiscalía general de la Nación.