Preocupados por el interés de 10 municipios del país en desarrollar una consulta popular para prohibir la explotación minera en sus territorio, tal cual sucedió en el municipio de Cajamarca, Tolima, los mineros informales le solicitaron al Ministerio de Minas ser tenidos en cuenta para no perder sus fuentes de ingreso.
Rubén Darío Gómez, secretario general de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia, Conalminercol, solicitó a la Asociación Nacional de Minería y al Ministerio de Minas buscar mecanismos de formalización y concertación con las comunidades para no afectar a los mineros artesanales.
De acuerdo con Conalminercol, decisiones adoptadas como las de Cajamarca, en caso de replicarse en poblaciones como Pueblorrico, Jericó y Jardín, en Antioquia, podrían afectar a unos 120.000 mineros informales.
Para la Confederación Nacional de Mineros de Colombia en el país no se puede repetir la operación que, según ellos, acabó con el empleo de miles de familias en el desalojo ordenado por la Policía y la Gobernación a los mineros del sector San Antonio en el municipio de Buriticá. Actualmente hay ocho personas judicializadas.