Pese a las versiones que circularon frente a un supuesto ataque en contra de la infraestructura del acueducto del municipio de Tarazá en medio de las protestas delparo minero, autoridades locales confirmaron que el servicio se presta con normalidad.
Mario Eliecer Sierra, alcalde de esta localidad del Bajo Cauca antioqueño afectada por las recientes manifestaciones, le explicó a Blu Radio que, en medio del difícil panorama de orden público, a veces es complejo confirmar versiones de la comunidad y que todo obedeció a un "pánico colectivo" que colapsó el suministro del servicio por cerca de cuatro horas en la noche de este domingo.
Esto, a pesar de que el propio presidente Gustavo Petro había trinado sobre el supuesto hecho vandálico.
Han dejado sin agua potable a Tarazá, al romper los tubos. El clan del golfo contra el pueblo humilde.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 13, 2023
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"A mí, incluso, me llegó esa información, pero a medida de que va transcurriendo el día me van comentando que no hubo afectaciones. Por redes sociales se decía que iban a atentar contra el acueducto, entonces la gente empezó a almacenar agua y los tanques se quedaron sin suministro, lo que afectó a todo el municipio por unas horas", relató el alcalde Sierra.
En cuanto al panorama de seguridad en la localidad, el mandatario explicó que avanzan en procesos de diálogo con las comunidades mineras afectadas que se concentran en el casco urbano de la localidad y que los desmanes responden a grupos de jóvenes, encapuchados en su mayoría, que atentan contra la infraestructura y la fuerza pública llegando y entrada la noche.
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"Nosotros como gobierno local no tenemos la capacidad ni las facultades para dar solución a la problemática minera. Esto depende de las facultades del Gobierno nacional y de lo que pueda salir de una mesa de diálogo entre ellos y los manifestantes", añadió el alcalde.
Por esta razón, invitó a los delegados del alto gobierno a que hagan presencia en el territorio para poner fin a las protestas que ya completan más de 10 días y que han afectado derechos fundamentales como la alimentación, el transporte, la educación y la salud.
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