Un hombre murió tras la explosión de un artefacto en la zona límite entre Tarazá y Cáceres. De acuerdo con las autoridades, la víctima mortal registraba antecedentes judiciales.El hombre, según el reporte oficial contaba con antecedentes judiciales, murió tras la detonación de un artefacto explosivo entre los municipios de Tarazá y Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño.El caso se conoció cuando el personal de la morgue municipal alertó a las autoridades sobre el ingreso de un cuerpo sin vida trasladado desde la vereda Bejuquillo, el cual presentaba graves heridas por el estallido, incluyendo la amputación de su pierna derecha, fracturas en la extremidad inferior izquierda y múltiples laceraciones por esquirlas en el tórax y miembros superiores."La información que nosotros tenemos de acuerdo a la fuerza pública es que una persona perteneciente a un grupo al margen de la ley estaba manipulando un explosivo y, pues, se inclusionó y, lamentablemente, pues, fallece la persona" manifestó el alcalde de Tarazá, Yomer Fabian Alvarez.Tras las inspecciones técnicas las autoridades manejan como principal hipótesis que la víctima murió tras la detonación del artefacto, ya sea por su manipulación o por posibles enfrentamientos. En esta región delinquen estructuras criminales como el Clan del Golfo y el ELN.
Una fuerte explosión registrada en la mañana de este miércoles en el corregimiento El Doce, jurisdicción del municipio de Tarazá, Antioquia, dejó como saldo una persona fallecida y provocó daños materiales en varias viviendas cercanas.De acuerdo con la información preliminar, el estallido generó una fuerte onda expansiva que alarmó a los habitantes del sector, quienes reportaron afectaciones en inmuebles ubicados alrededor del lugar donde ocurrió la detonación.Las primeras hipótesis de las autoridades indican que el hecho se habría producido cuando la víctima, al parecer, manipulaba un artefacto explosivo dentro de una vivienda. La explosión fue de tal magnitud que la persona sufrió graves lesiones, incluida la amputación de sus manos y pies, falleciendo en el lugar por la gravedad de las heridas.Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido establecida. El cuerpo fue trasladado a la sede de Medicina Legal en Tarazá, donde se adelantan los procedimientos de identificación y las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió este hecho.
Disputas entre grupos armados en el Bajo Cauca antioqueño siguen causando temor, especialmente en poblaciones rurales que huyen hacia zonas urbanas para evitar caer en medio de las confrontaciones.El caso más reciente se reportó en el municipio de Tarazá, donde 20 personas que integran 10 grupos familiares llegaron en las últimas horas hasta el casco urbano, procedentes de veredas como Doradas Altas y Tahamí, tras fuertes combates registrados en la zona.Según el alcalde de Tarazá, Yomer Fabián Ariza, el panorama humanitario se ha recrudecido por los enfrentamientos entre grupos armados como el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias, que disputan el control del territorio, incluso con estrategias como el uso de drones cargados con explosivos, los cuales ya dejaron al menos una persona herida."Tuvimos un suceso y un artefacto cayó sobre una vivienda. La información que tenemos es que fue por medio del dron y hubo una persona lesionada; esa persona fue sacada del territorio y atendida. La información que tenemos fue en el municipio de Yarumal", indicó el mandatario.Pese a la compleja situación, donde los desplazados se han autoalbergado en casas de familiares o amigos, el mandatario local destacó que reportes del Ejército indican que, por lo menos, está habilitado un corredor humanitario desde los territorios afectados hacia el casco urbano para lograr cierta movilidad, así como el abastecimiento de víveres y alimentos.No obstante, advirtió que la Defensoría del Pueblo sí ha registrado confinamientos de algunos campesinos, por lo que insistió en la necesidad de implementar medidas de seguridad urgentes por parte del Gobierno nacional."Esa es una situación que lleva más de un año. Nosotros le hemos levantado la mano al Gobierno nacional, a los ministerios, al Ministerio de Defensa, al Ministerio de la Igualdad, a todos los ministerios para que, por favor, hagan presencia. Yo creo que hace más falta concurrencia de las entidades", aseguró Ariza.La situación en Tarazá se conoce pocas horas después del éxodo masivo que también han protagonizado más de 350 personas en diferentes veredas de Zaragoza y El Bagre, quienes ya llegaron solicitando atención hasta el corregimiento Puerto López.En esta zona, al igual que en Tarazá, sigue preocupando la utilización de drones, los cuales representan un peligro latente para la población civil. Por esta razón, en un reciente consejo de justicia transicional solicitaron al Gobierno nacional mediación en espacios de diálogo con los grupos armados para que se abstengan de este tipo de prácticas.
Se fugó alias 'El Chivo' de la cárcel de Tarazá, Antioquia. Este sujeto está vinculado al Clan del Golfo como uno de sus presuntos cabecillas. Se investiga una posible complicidad a la interna del centro penitenciario.Hay preocupación en el municipio de Tarazá, en el Bajo Cauca Antioqueño, después de conocerse el escape de Carlos Miguel Ojeda Miranda, más conocido con el alias de 'El Chivo', del centro penitenciario municipal. El hombre está procesado por homicidio agravado y tráfico de armas.De acuerdo con el reporte preliminar entregado por las autoridades, alias 'El Chivo' intimidó a uno de los guardias de turno con un arma de fuego, exigiendo las llaves de las celdas y la puerta principal. Una vez afuera, huyó como parrillero en una motocicleta que lo esperaba a pocos metros.Este hecho toma un tinte particular al conocerse que los guardias del penal son civiles contratados por la alcaldía y no portan armas, lo que facilitó su fuga. Las autoridades intentan establecer cómo este sujeto tuvo acceso a un arma de fuego dentro del centro de reclusión.Ojeda Miranda fue capturado en el año 2024 en la zona rural de Tarazá en un operativo donde se incautaron pistolas, granadas y material alusivo al Clan del Golfo. Según inteligencia militar, este hombre estaría vinculado a la coordinación de los instructores de las "escuelas clandestinas de formación" de este grupo armado.Por lo pronto, las autoridades trabajan en dar con el paradero de 'El Chivo' y esclarecer si en este caso se presentó negligencia o una posible complicidad por parte de los custodios. Mientras que la comunidad exige respuestas inmediatas ante la peligrosidad del fugitivo.
A menos de una semana para las tradicionales fiestas del río Tarazá, un complejo panorama afrontan varios comerciantes que se preparan para ofrecer sus productos en las riberas del afluente.Fuertes precipitaciones de las últimas horas en esta localidad del Bajo Cauca antioqueño produjeron una creciente del río que afectó varios de los puestos instalados para el evento.Mercancía, enseres y las mismas estructuras de estos espacios, la mayoría en madera, se vieron comprometidos por la fuerza y los altos niveles de las aguas. "Vemos varios comerciantes afectados debido a que la creciente sobrepasó el nivel normal y se llevó estructuras que fueron construidas en madera", aseguró Ángel Gómez, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tarazá.Hasta el momento no se conoce si por cuenta de la emergencia las fiestas tradicionales del municipio, entre el 9 y el 11 de enero, vayan a ser aplazadas o tengan modificaciones en medio de las advertencias previas de las autoridades para que los comerciantes aún no se instalaran en la zona.La Administración Municipal y los organismos de gestión del riesgo también continúan atendiendo y evaluando impactos de las inundaciones que el mismo afluente provocó en zonas urbanas aledañas.
Un total de 135 personas víctimas de desplazamiento forzado en Tarazá, Antioquia, llevan tres meses sin poder regresar a sus hogares. La ausencia de desminado humanitario impide el retorno seguro a sus territorios.Ante la inminente gravedad de que explotaran algunas de las minas antipersona instaladas cerca a las viviendas de distintas familias en el municipio de Tarazá, Antioquia, 135 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares, estos artefactos fueron plantados a raíz de los fuertes choques entre el ELN y el Clan del Golfo que se han presentado en esta zona.Las familias desplazadas proceden de las veredas Tahamí, Doradas Altas y Tesorito. Durante cerca de 2 meses se albergaron en el coliseo municipal de Tarazá, sin embargo, ante la falta de una solución definitiva, los desplazados optaron por autoalbergarse en viviendas de familiares o conocidos dentro del mismo municipio.Luis Carlos Martínez, presidente de la junta de acción comunal de la vereda Tahamí, explicó que, "tras múltiples solicitudes al Gobierno Nacional para realizar desminado humanitario y no recibir respuestas, la comunidad tomó la decisión de abandonar el albergue y buscar refugio por sus propios medios en otros sectores".El desplazamiento forzado continúa como uno de los principales flagelos que afecta a Antioquia y al país. De acuerdo con el más reciente boletín de la Defensoría del Pueblo, entre el 1.° de enero y el 30 de octubre de 2025, Antioquia registró 5.171 personas afectadas por eventos de desplazamiento forzado masivo, y el panorama nacional indica que más de 200.000 personas resultaron afectadas por desplazamiento forzado y confinamiento.
La zozobra sigue sintiéndose en el municipio de Tarazá, Bajo Cauca antioqueño, donde hace exactamente 26 días más de un centenar de personas abandonaron sus viviendas en las veredas Tahamí, Doradas Altas y Tesorito ante los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo, que se disputan el territorio por actividades ilegales de minería, cultivos de coca y extorsiones.Desde entonces, un total de 53 familias permanecen en el coliseo municipal, donde recientemente recibieron ayudas humanitarias por parte de la Unidad de Víctimas. Sin embargo, lo que no ha vuelto es la tranquilidad para poder regresar a sus hogares, en especial por la alerta que se cierne sobre este territorio debido a la alta presencia de minas antipersonal. Así lo expresó Luis Carlos Martínez, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Tahamí, quien pidió al Gobierno nacional que intervenga.“Hacemos un llamado al Gobierno nacional y a la comunidad internacional para que hagan lo posible, o lo que tengan que hacer, para que nos ayuden a estas comunidades, para poder regresar a nuestro territorio, porque sabemos que es un territorio que ha estado afectado por las minas, por los artefactos explosivos”, aseguró Martínez.Aunque los enfrentamientos cesaron hace más de una semana y el Ejército ha indicado que está haciendo presencia en la zona, el retorno de estas 135 personas no ha sido posible, en especial porque en los últimos días dos personas habrían resultado heridas por minas antipersonal instaladas por los ilegales que se enfrentaban. A la petición de ayuda se ha sumado en reiteradas ocasiones el alcalde de esta localidad, Yomer Álvarez.“Se está pidiendo un desminado para esa zona, y ese desminado tiene que ir acompañado del Gobierno nacional. Entonces, el gobernador hacía el llamado en ese consejo de seguridad y le decía al Ejército: lo que tenemos que hacer es que ustedes lleguen y den las garantías en el territorio”.Según reportó la Unidad de Víctimas, las familias desplazadas que se encuentran albergadas en el coliseo y en viviendas de la zona urbana ya recibieron más de dos toneladas de alimentos, artículos de aseo y dotación de albergue (colchonetas, cobijas, juegos de cama, toldillos, toallas y kits de cocina) como parte de la atención, mientras se dan las condiciones de seguridad para regresar a las veredas.Durante este año, esta entidad ha atendido a más de 2.500 familias desplazadas o confinadas durante 24 emergencias masivas ocurridas en Antioquia por el conflicto armado.
Se agrava el panorama humanitario en el municipio de Tarazá: aparte de más de 130 personas desplazadas, hay 50 familias confinadas en zona rural donde persisten confrontaciones entre el ELN y el Clan del Golfo. Gobernación de Antioquia solicitó al Ejército acciones de desminadoLa situación de orden público en el municipio de Tarazá se agrava con el paso de las horas, pues a desplazamientos de zonas rurales como las veredas Doradas Altas y Tahamí, ahora se suma el temor de varias comunidades para desplazarse por cuenta de artefactos explosivos instalados en caminos.La problemática tiene confinadas a unas 50 familias como lo expuso en el más reciente Consejo de Seguridad y Oportunidades Sociales presidido por el gobernador Andrés Julián Rendón, el alcalde de Tarazá, Yomer Fabián Álvarez.En diálogos con Blu Radio, el mandatario aseguró que siguen sin ser efectivas en el territorio las acciones que ha anunciado como despliegue el Ejército.“Cuando hablamos de posesiones, una posesión que sea efectiva, porque pues el coronel decía, 'Nosotros tenemos ejército allá', pero de ahí a que tengan un Ejército que le dé garantías de seguridad a la población, pues hay mucho que decir”, agregó.Álvarez también reveló que una de las solicitudes puntuales por parte de la administración departamental durante el mismo encuentro fue garantizar el desminado en la zona que persiste el confinamiento, una actividad que solo se puede desarrollar con la garantía de presencia y control en el territorio por parte de la fuerza pública.“Se está pidiendo un desminado para esa zona y ese desminado tiene que ir acompañado del gobierno nacional. Entonces, el gobernador hacía el llamado en ese en ese Consejo de Seguridad y le decía al ejército, pues lo que se lo que tenemos que hacer es que ustedes lleguen y den las garantías en el territorio”, agregó.Hasta el casco urbano de Tarazá ya han llegado 136 personas huyendo de las recientes confrontaciones entre el Clan del Golfo y el ELN, una situación que sigue siendo atendida por la institucionalidad local y regional en el coliseo del municipio.Autoridades locales reiteraron la necesidad de la presencia del Gobierno nacional en el municipio para abordar los diferentes impactos que ya dejan más de 15 días desde que se registraron los primeros arribos de pobladores desplazados de la ruralidad.El Ejército Nacional avanza en las operaciones de búsqueda de un militar que luego de fuertes combates contra el Clan del Golfo está desaparecido en Yondó, Antioquia. El uniformado habría sido visto por última vez cuando ingresó al río Cimitarra
Con el paso de los días aumenta el drama humanitario de decenas de personas que han debido abandonar sus hogares en veredas como Doradas Altas y Tahamí del municipio de Tarazá por fuertes disputas entre el ELN y el Clan del Golfo.La problemática que inició hace 13 días con la llegada de 42 personas al Coliseo Municipal, ya asciende a 136, según el más reciente reporte del alcalde Yomer Fabián Álvarez, quien destacó que sigue el panorama de incertidumbre para el retorno de esta población en la que hay varios menores de edad y 12 adultos mayores.La posible presencia de artefactos explosivos en vías rurales complica la situación que incluso mantiene confinadas a varias comunidades con planes de abandonar sus territorios."Es incierta la situación. No sabemos hasta dónde podamos nosotros sostenerlos, atenderlos, y mucho más cuando hoy el Gobierno no nos acompañe. Es incierta hoy la situación de estas personas que están en el coliseo, porque cuando nos preguntan cuándo van a retornar, nosotros no tenemos una respuesta precisa", indicó. El mandatario cuestionó la presencia de entidades del Gobierno nacional para atender la situación, pero al mismo tiempo pidió mayor presencia de la fuerza pública para hacer frente a la amenaza armada en un corredor estratégico ubicado en límites entre Tarazá, Valdivia, Cáceres y Anorí."Eso es un corredor estratégico durante mucho tiempo. Le hemos dicho al Gobierno nacional, al Ejército Nacional, que por favor, le preste atención, que llegue a este territorio, que tome el control, pero lastimosamente no podemos decir que no hay presencia del Ejército, pero no lo suficiente para tomar el control de un territorio tan amplio como es ese sector", detalló el alcalde. Esta situación en el Bajo Cauca antioqueño se suma a la amenaza armada que persiste sobre varios municipios del Norte y Nordeste antioqueño por parte del frente 36 de las disidencias de las Farc ante recientes acciones ofensivas de la fuerza pública en las que han abatido al menos cuatro de sus cabecillas.
En el municipio de Tarazá, Antioquia, se registró el desplazamiento forzado de 28 familias —unas 89 personas— como consecuencia de los combates entre integrantes del Clan del Golfo y el ELN en la vereda Doradas Altas.Las familias afectadas fueron evacuadas con apoyo de la institución militar hacia los cascos urbanos de Tarazá y Cáceres, donde actualmente reciben atención bajo los protocolos establecidos."Tarazá necesita paz, Doradas Altas y todo ese sector necesitan paz; al Gobierno nacional, el acompañamiento con la fuerza pública en el territorio y la inversión social", solicitó Yomer Fabián Álvarez, alcalde de Tarazá.Por su parte, el comandante encargado del Ejército Nacional, mayor general Erik Rodríguez Aparicio, confirmó que las tropas ya se encuentran en la zona para garantizar la seguridad. Agregó que este fenómeno no es exclusivo de Tarazá, sino que también afecta al sur de Bolívar y que algunas personas desplazadas se han movilizado hacia municipios como Segovia."Dar parte en este momento, tanto en el caso del sur de Bolívar, en Santa Rosa, en las veredas de Santa Rosa, como en Tarazá; ya tenemos tropas, tanto de la Brigada 19 en el caso del sur de Bolívar, como en Tarazá tropas de la Brigada 11 y la Fuerza de Despliegue Rápido, atendiendo esas emergencias y buscando a los perpetradores de estas confrontaciones que han generado el desplazamiento", manifestó el alto mando militar.Rodríguez Aparicio explicó que esta situación obedece a la disputa de grupos armados ilegales por el control de economías ilícitas, en especial la explotación de oro en zonas rurales apartadas.El oficial resaltó que el denominado “cinturón aurífero”, que se extiende desde el sur de Bolívar hasta localidades como San Pablo, Tarazá, Cáceres y El Bagre, es el principal foco de confrontación entre los grupos ilegales, debido a la riqueza minera de la región.
Una celebración por el inicio de una nueva etapa terminó con enfrentamientos entre familiares, vajilla rota y la intervención de la Guardia Civil. Una discusión entre los recién casados habría desencadenado una serie de altercados durante el banquete, en medio de versiones sobre una supuesta infidelidad y una posible ruptura.Los hechos ocurrieron durante una boda celebrada en Gomesende, en Ourense, España. La celebración terminó con varios invitados enfrentados y con la presencia de las autoridades, después de que la situación escalara hasta el punto de que parte de la vajilla y la cristalería del lugar resultaran dañadas.En las horas posteriores al matrimonio comenzaron a circular diferentes versiones sobre lo ocurrido. Una de ellas apuntaba a una supuesta infidelidad de la novia con un trabajador encargado de la organización del evento, mientras que también se habló de una posible separación de la pareja tras la celebración.Sin embargo, los propios recién casados salieron posteriormente a desmentir parte de esas informaciones. En declaraciones recogidas por La Región, el novio aseguró que continúa junto a su esposa y negó que ella le haya sido infiel.De acuerdo con la reconstrucción difundida por Efe y La Región, el conflicto habría comenzado durante la celebración por una discusión relacionada con 40.000 euros.Según esas versiones, la novia habría reclamado al novio dicha cantidad, que estaría relacionada con el dinero recibido como regalos de los invitados y con un supuesto acuerdo previo entre ambos. Él, de acuerdo con esa reconstrucción, se habría negado a entregarle el dinero.La discusión habría involucrado posteriormente a familiares de los dos recién casados. El enfrentamiento fue aumentando de intensidad hasta trasladarse al espacio donde se desarrollaba el banquete, donde se registraron gritos, agresiones y tirones de pelo, según las informaciones publicadas.La situación llegó a tal punto que los responsables del establecimiento solicitaron la presencia de la Guardia Civil. Durante el altercado también resultaron rotos elementos de la vajilla y la cristalería.El novio niega la supuesta infidelidadUno de los detalles que más repercusión generó después de la boda fue una versión según la cual la novia habría acudido a los baños junto a un joven que trabajaba en la organización del evento y habría mantenido allí un encuentro íntimo.La información fue difundida posteriormente por distintos medios y programas de televisión como una posible explicación del conflicto y de la supuesta separación de los recién casados.No obstante, esa versión es rechazada por la pareja. El novio defendió públicamente a su esposa y aseguró que nunca existió una infidelidad."Mi mujer y yo no nos separamos en ningún momento", afirmó en el mensaje recogido por La Región, donde también negó que existiera un acuerdo entre ambos por 40.000 euros relacionado con la boda.El recién casado sí reconoció que durante la celebración hubo enfrentamientos, aunque presentó una explicación diferente sobre el origen de las peleas.Según el relato del novio, uno de los primeros altercados ocurrió después de que su hermana, quien estaría enferma, le tapara la boca a su esposa mientras esta hablaba. El hermano de la novia habría reaccionado ante ese gesto y la situación terminó desencadenando una pelea.Posteriormente habría ocurrido otro enfrentamiento, que el propio recién casado calificó como "más gorda". En este caso, dos invitadas se habrían agarrado del pelo en las inmediaciones del recinto.El novio también rechazó las versiones que hablaban de una ruptura inmediata después de la boda. En su mensaje, sostuvo que él y su esposa permanecen juntos y cuestionó a quienes, según afirma, intentaron perjudicarlos."Nunca dejaré que se manche el nombre de nuestras familias", aseguró.La pareja sostiene actualmente que continúa unida y que ambos se encuentran viviendo en A Coruña, donde están trabajando. De esta manera, los recién casados dieron su propia versión de una celebración que terminó rodeada de versiones contradictorias sobre una supuesta infidelidad, una pelea familiar y una eventual ruptura que ellos niegan.
El Juzgado 804 Transitorio de Familia de Bogotá concedió una acción de tutela y ordenó al presidente Abelardo De La Espriella abstenerse, en ejercicio de sus funciones, de participar en actos religiosos que impliquen adhesión o identificación del Estado con una confesión determinada.La decisión fue adoptada al resolver una tutela presentada por el ciudadano Julio Jair Mizger Díaz, quien alegó la vulneración de sus derechos a la libertad de conciencia, la libertad de cultos y el principio de laicidad del Estado.El caso se originó por los hechos ocurridos el 29 de agosto en la Plaza de Bolívar, durante la denominada “Gran velatón por las víctimas del terremoto”, convocada por el Gobierno Nacional para recaudar ayudas tras el sismo del 10 de agosto. Según el accionante, durante el evento se realizaron actos propios de la religión católica que excluyeron a otras confesiones y a personas no creyentes.En la tutela se afirmó que el presidente participó en la “coronación de una estatua de la Virgen de Fátima” y que, además, habría entregado la Nación a Cristo. El ciudadano sostuvo que el evento fue convocado y difundido a través de canales oficiales del Estado, lo que le otorgó un carácter institucional.El juez estudió ambos aspectos por separado. Tras revisar el material audiovisual, concluyó que la participación del mandatario en la imposición de una corona a la imagen religiosa excedió los límites de neutralidad que exige la Constitución a las autoridades públicas.En el fallo se señala que “el principio de neutralidad religiosa exige que las autoridades públicas se abstengan de identificarse o realizar actos oficiales de adhesión, incluso simbólicos, a una determinada religión o confesión”. El juez agregó que, aunque el evento tenía una finalidad pública relacionada con la solidaridad hacia las víctimas del terremoto, “la actuación específica del señor Presidente desbordó dicha finalidad”.La decisión también precisa que el mandatario no actuó en una esfera estrictamente personal, sino en su calidad de jefe de Estado y durante un evento oficial. Por ello, el juzgado consideró que la participación presidencial proyectó una adhesión simbólica del Estado a una confesión religiosa determinada.En contraste, el despacho concluyó que no se acreditó que el presidente hubiera pronunciado la frase sobre la entrega de la Nación a Cristo. Al revisar el video, determinó que esa expresión fue realizada por otra persona y no podía ser atribuida al mandatario.El juez negó otras solicitudes del accionante, entre ellas una reparación simbólica mediante una declaración pública y el envío de copias a la Procuraduría para una eventual investigación disciplinaria.La providencia es de primera instancia y puede ser impugnada.
Un joven sobrevivió a una fuerte descarga eléctrica cuando, presuntamente, intentaba hurtar cables en el sector del retorno de Viveros, en la vía hacia el retén, en Barrancabermeja. El hombre quedó atrapado entre una maraña de cables, con quemaduras visibles en diferentes partes del cuerpo y una posible fractura en una de sus piernas.De acuerdo con versiones conocidas en el lugar, dos personas habrían subido a un poste para intentar apoderarse de varios cables. Sin embargo, tras producirse la primera descarga eléctrica, una de ellas habría logrado escapar, mientras que su compañero quedó atrapado entre los conductores.El joven permaneció durante varios minutos en el lugar, expuesto a las consecuencias de la descarga y con lesiones de consideración. La gravedad de las posibles afectaciones internas deberá ser determinada por los profesionales de la salud.Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja acudieron al sitio y, mediante el uso de una escalera, lograron llegar hasta el hombre, liberarlo de los cables y descenderlo en una camilla.Posteriormente, fue trasladado al Hospital Regional del Magdalena Medio, donde quedó bajo atención médica para establecer la gravedad de las quemaduras y determinar si presenta lesiones internas como consecuencia de la descarga eléctrica.Por ahora, se presume que el incidente involucró una línea de media tensión. Sin embargo, las autoridades y la Electrificadora de Santander responsable del servicio deberán establecer la magnitud exacta de la energía involucrada y las circunstancias en las que se produjo el accidente.El caso vuelve a poner en evidencia los riesgos de manipular redes eléctricas sin las condiciones de seguridad necesarias, especialmente cuando se trata de infraestructura de media tensión en Santander.
Más de 100 kilos de material explosivo fueron encontrados en las últimas horas en zona rural de Charta, Santander, en medio de las operaciones que adelantan las autoridades contra estructuras armadas ilegales en el departamento.El hallazgo fue informado por el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, quien explicó que tropas de la Quinta Brigada del Ejército localizaron el material y adelantan el procedimiento de incautación, además de las investigaciones para establecer su procedencia y posible uso.De acuerdo con las primeras informaciones entregadas por las autoridades, los explosivos pertenecerían, al parecer, a una estructura del ELN que tiene presencia en la región.“Ante la ofensiva contra las estructuras criminales ubicaron unos explosivos que están en proceso de incautación en este momento y haciendo ese respectivo proceso de investigación”, explicó Hernández.El funcionario señaló que en el procedimiento participan diferentes componentes de las autoridades y que se realizará el respectivo acompañamiento institucional mientras avanzan las investigaciones.Este nuevo operativo ocurre pocas semanas después de otro importante hallazgo registrado en Charta. El pasado 3 de septiembre, tropas de la Quinta Brigada, en coordinación con la Policía y con apoyo del FBI, localizaron un depósito ilegal en la vereda Ovejera, donde fueron encontrados 250 kilos de explosivo R1.Según las autoridades, ese material pertenecía al Frente de Guerra Nororiental del ELN y estaba oculto cerca de una institución educativa. Por el riesgo que representaba para la comunidad, los explosivos fueron destruidos de manera controlada.En ese momento, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, señaló que con la operación se evitó que el material pudiera ser utilizado contra la población civil, la Fuerza Pública o infraestructura estratégica. También indicó que los explosivos podrían haber sido destinados a actividades relacionadas con minería ilegal.Con el nuevo hallazgo, las autoridades mantienen las operaciones en esta zona del departamento.
En una camilla, con el rostro desencajado, Maricarmen se despide de su hogar. Esta madrileña de 87 años desahuciada el miércoles se ha convertido en símbolo de la crisis del encarecimiento de la vivienda en España.Después de varios años de lucha judicial, esta jubilada perdió la batalla frente a la agencia inmobiliaria que compró el piso que ella ocupaba desde hacía 70 años en el acomodado barrio del Retiro y le subió el alquiler un 275%, hasta los 2.650 euros mensuales.Maricarmen, que se desplaza en silla de ruedas por problemas de movilidad, se vio obligada a abandonar su vivienda, lo que provocó una ola de indignación a nivel nacional."¡Maricarmen, no estás sola!", coreaban decenas de manifestantes congregados frente a su domicilio mientras la octogenaria era llevada a una ambulancia.Explosión de los preciosSu caso ilustra la crisis de la vivienda en España, donde los precios se han disparado y la oferta se ha reducido, en parte por los alquileres turísticos de corta duración, como Airbnb, y los fondos "buitre".En diez años, el precio medio del metro cuadrado en alquiler en el país casi se ha duplicado, alcanzando los 15,1 euros/m² en agosto, según el portal inmobiliario Idealista. Para la compra el precio ronda los 2.355 euros, es decir un 50% más en una década, según cifras oficiales.Madrid encabezó en 2025 y 2026 la clasificación mundial de la red Barnes sobre las ciudades más cotizadas para el sector inmobiliario de lujo. El número de viviendas sociales es tan reducido que algunas se adjudican por sorteo."En Madrid y Barcelona ya casi no quedan pisos por menos de 700 €/mes. El mercado de alquiler empieza en cerca de 1.000 €/mes, lo que precisa de unos ingresos de al menos 2.000 €/mes netos y un importante ahorro para afrontar varios meses de fianza", denuncia la organización de consumidores OCU en un estudio publicado este miércoles."Es muy indignante, ¿no?" Los españoles, sobre todo los jóvenes, están sobrepasados y acusan al gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez y a las autoridades de la Comunidad de Madrid, gobernada por la derecha (Partido Popular, PP).En España, un país muy descentralizado, las autoridades regionales tienen competencia en materia de política de vivienda a nivel local, lo que alimenta las críticas a la oposición conservadora."Creo que es muy indignante, ¿no?", afirmó Pedro Sánchez en rueda de prensa en Nueva York antes de su discurso en la Asamblea General de la ONU."Ver a responsables políticos que (...) con dinero público se permiten el lujo de comprarse áticos con 200 metros de terraza y sin embargo no son capaces de mover un dedo por personas que necesitan de la ayuda de lo público", añadió, apuntando a la presidenta conservadora de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.La izquierda acusa a Ayuso desde hace meses de haber comprado, con fondos públicos, un lujoso ático en el centro de la capital para su uso personal. Ella lo niega.El miércoles por la noche miles de personas se manifestaron simbólicamente bajo las ventanas de la vivienda de Maricarmen, pero también en Barcelona y Oviedo.El jueves, Díaz Ayuso contraatacó recalcando que el desahucio fue "por orden judicial" y acusó al gobierno central de no haber cambiado la ley en los ocho años que lleva en el poder.Gobierno y oposición en ascuas"En un contexto de inflación, de pérdida de poder adquisitivo (...) esta situación no ayuda a ninguno de los partidos", estima Guillermo Fernández Vázquez, profesor en la universidad Carlos III de Madrid."Al PP le viene muy mal (...) que se siga hablando del ático de Ayuso y, además, que se siga hablando con indignación" y al gobierno también "va a pasarle factura" porque "revelan una impotencia enorme", añade.A pocos meses de las elecciones legislativas, Pedro Sánchez prometió presentar de urgencia un nuevo texto en el Parlamento.Pero sin mayoría y debilitado por múltiples casos judiciales, el jefe del gobierno sigue bajo la presión de la oposición y de sus aliados, como el partido de izquierda radical Sumar, que llama a congelar los alquileres.
