Un hombre murió tras la explosión de un artefacto en la zona límite entre Tarazá y Cáceres. De acuerdo con las autoridades, la víctima mortal registraba antecedentes judiciales.El hombre, según el reporte oficial contaba con antecedentes judiciales, murió tras la detonación de un artefacto explosivo entre los municipios de Tarazá y Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño.El caso se conoció cuando el personal de la morgue municipal alertó a las autoridades sobre el ingreso de un cuerpo sin vida trasladado desde la vereda Bejuquillo, el cual presentaba graves heridas por el estallido, incluyendo la amputación de su pierna derecha, fracturas en la extremidad inferior izquierda y múltiples laceraciones por esquirlas en el tórax y miembros superiores."La información que nosotros tenemos de acuerdo a la fuerza pública es que una persona perteneciente a un grupo al margen de la ley estaba manipulando un explosivo y, pues, se inclusionó y, lamentablemente, pues, fallece la persona" manifestó el alcalde de Tarazá, Yomer Fabian Alvarez.Tras las inspecciones técnicas las autoridades manejan como principal hipótesis que la víctima murió tras la detonación del artefacto, ya sea por su manipulación o por posibles enfrentamientos. En esta región delinquen estructuras criminales como el Clan del Golfo y el ELN.
Una fuerte explosión registrada en la mañana de este miércoles en el corregimiento El Doce, jurisdicción del municipio de Tarazá, Antioquia, dejó como saldo una persona fallecida y provocó daños materiales en varias viviendas cercanas.De acuerdo con la información preliminar, el estallido generó una fuerte onda expansiva que alarmó a los habitantes del sector, quienes reportaron afectaciones en inmuebles ubicados alrededor del lugar donde ocurrió la detonación.Las primeras hipótesis de las autoridades indican que el hecho se habría producido cuando la víctima, al parecer, manipulaba un artefacto explosivo dentro de una vivienda. La explosión fue de tal magnitud que la persona sufrió graves lesiones, incluida la amputación de sus manos y pies, falleciendo en el lugar por la gravedad de las heridas.Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido establecida. El cuerpo fue trasladado a la sede de Medicina Legal en Tarazá, donde se adelantan los procedimientos de identificación y las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió este hecho.
Disputas entre grupos armados en el Bajo Cauca antioqueño siguen causando temor, especialmente en poblaciones rurales que huyen hacia zonas urbanas para evitar caer en medio de las confrontaciones.El caso más reciente se reportó en el municipio de Tarazá, donde 20 personas que integran 10 grupos familiares llegaron en las últimas horas hasta el casco urbano, procedentes de veredas como Doradas Altas y Tahamí, tras fuertes combates registrados en la zona.Según el alcalde de Tarazá, Yomer Fabián Ariza, el panorama humanitario se ha recrudecido por los enfrentamientos entre grupos armados como el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias, que disputan el control del territorio, incluso con estrategias como el uso de drones cargados con explosivos, los cuales ya dejaron al menos una persona herida."Tuvimos un suceso y un artefacto cayó sobre una vivienda. La información que tenemos es que fue por medio del dron y hubo una persona lesionada; esa persona fue sacada del territorio y atendida. La información que tenemos fue en el municipio de Yarumal", indicó el mandatario.Pese a la compleja situación, donde los desplazados se han autoalbergado en casas de familiares o amigos, el mandatario local destacó que reportes del Ejército indican que, por lo menos, está habilitado un corredor humanitario desde los territorios afectados hacia el casco urbano para lograr cierta movilidad, así como el abastecimiento de víveres y alimentos.No obstante, advirtió que la Defensoría del Pueblo sí ha registrado confinamientos de algunos campesinos, por lo que insistió en la necesidad de implementar medidas de seguridad urgentes por parte del Gobierno nacional."Esa es una situación que lleva más de un año. Nosotros le hemos levantado la mano al Gobierno nacional, a los ministerios, al Ministerio de Defensa, al Ministerio de la Igualdad, a todos los ministerios para que, por favor, hagan presencia. Yo creo que hace más falta concurrencia de las entidades", aseguró Ariza.La situación en Tarazá se conoce pocas horas después del éxodo masivo que también han protagonizado más de 350 personas en diferentes veredas de Zaragoza y El Bagre, quienes ya llegaron solicitando atención hasta el corregimiento Puerto López.En esta zona, al igual que en Tarazá, sigue preocupando la utilización de drones, los cuales representan un peligro latente para la población civil. Por esta razón, en un reciente consejo de justicia transicional solicitaron al Gobierno nacional mediación en espacios de diálogo con los grupos armados para que se abstengan de este tipo de prácticas.
Se fugó alias 'El Chivo' de la cárcel de Tarazá, Antioquia. Este sujeto está vinculado al Clan del Golfo como uno de sus presuntos cabecillas. Se investiga una posible complicidad a la interna del centro penitenciario.Hay preocupación en el municipio de Tarazá, en el Bajo Cauca Antioqueño, después de conocerse el escape de Carlos Miguel Ojeda Miranda, más conocido con el alias de 'El Chivo', del centro penitenciario municipal. El hombre está procesado por homicidio agravado y tráfico de armas.De acuerdo con el reporte preliminar entregado por las autoridades, alias 'El Chivo' intimidó a uno de los guardias de turno con un arma de fuego, exigiendo las llaves de las celdas y la puerta principal. Una vez afuera, huyó como parrillero en una motocicleta que lo esperaba a pocos metros.Este hecho toma un tinte particular al conocerse que los guardias del penal son civiles contratados por la alcaldía y no portan armas, lo que facilitó su fuga. Las autoridades intentan establecer cómo este sujeto tuvo acceso a un arma de fuego dentro del centro de reclusión.Ojeda Miranda fue capturado en el año 2024 en la zona rural de Tarazá en un operativo donde se incautaron pistolas, granadas y material alusivo al Clan del Golfo. Según inteligencia militar, este hombre estaría vinculado a la coordinación de los instructores de las "escuelas clandestinas de formación" de este grupo armado.Por lo pronto, las autoridades trabajan en dar con el paradero de 'El Chivo' y esclarecer si en este caso se presentó negligencia o una posible complicidad por parte de los custodios. Mientras que la comunidad exige respuestas inmediatas ante la peligrosidad del fugitivo.
A menos de una semana para las tradicionales fiestas del río Tarazá, un complejo panorama afrontan varios comerciantes que se preparan para ofrecer sus productos en las riberas del afluente.Fuertes precipitaciones de las últimas horas en esta localidad del Bajo Cauca antioqueño produjeron una creciente del río que afectó varios de los puestos instalados para el evento.Mercancía, enseres y las mismas estructuras de estos espacios, la mayoría en madera, se vieron comprometidos por la fuerza y los altos niveles de las aguas. "Vemos varios comerciantes afectados debido a que la creciente sobrepasó el nivel normal y se llevó estructuras que fueron construidas en madera", aseguró Ángel Gómez, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tarazá.Hasta el momento no se conoce si por cuenta de la emergencia las fiestas tradicionales del municipio, entre el 9 y el 11 de enero, vayan a ser aplazadas o tengan modificaciones en medio de las advertencias previas de las autoridades para que los comerciantes aún no se instalaran en la zona.La Administración Municipal y los organismos de gestión del riesgo también continúan atendiendo y evaluando impactos de las inundaciones que el mismo afluente provocó en zonas urbanas aledañas.
Un total de 135 personas víctimas de desplazamiento forzado en Tarazá, Antioquia, llevan tres meses sin poder regresar a sus hogares. La ausencia de desminado humanitario impide el retorno seguro a sus territorios.Ante la inminente gravedad de que explotaran algunas de las minas antipersona instaladas cerca a las viviendas de distintas familias en el municipio de Tarazá, Antioquia, 135 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares, estos artefactos fueron plantados a raíz de los fuertes choques entre el ELN y el Clan del Golfo que se han presentado en esta zona.Las familias desplazadas proceden de las veredas Tahamí, Doradas Altas y Tesorito. Durante cerca de 2 meses se albergaron en el coliseo municipal de Tarazá, sin embargo, ante la falta de una solución definitiva, los desplazados optaron por autoalbergarse en viviendas de familiares o conocidos dentro del mismo municipio.Luis Carlos Martínez, presidente de la junta de acción comunal de la vereda Tahamí, explicó que, "tras múltiples solicitudes al Gobierno Nacional para realizar desminado humanitario y no recibir respuestas, la comunidad tomó la decisión de abandonar el albergue y buscar refugio por sus propios medios en otros sectores".El desplazamiento forzado continúa como uno de los principales flagelos que afecta a Antioquia y al país. De acuerdo con el más reciente boletín de la Defensoría del Pueblo, entre el 1.° de enero y el 30 de octubre de 2025, Antioquia registró 5.171 personas afectadas por eventos de desplazamiento forzado masivo, y el panorama nacional indica que más de 200.000 personas resultaron afectadas por desplazamiento forzado y confinamiento.
La zozobra sigue sintiéndose en el municipio de Tarazá, Bajo Cauca antioqueño, donde hace exactamente 26 días más de un centenar de personas abandonaron sus viviendas en las veredas Tahamí, Doradas Altas y Tesorito ante los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo, que se disputan el territorio por actividades ilegales de minería, cultivos de coca y extorsiones.Desde entonces, un total de 53 familias permanecen en el coliseo municipal, donde recientemente recibieron ayudas humanitarias por parte de la Unidad de Víctimas. Sin embargo, lo que no ha vuelto es la tranquilidad para poder regresar a sus hogares, en especial por la alerta que se cierne sobre este territorio debido a la alta presencia de minas antipersonal. Así lo expresó Luis Carlos Martínez, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Tahamí, quien pidió al Gobierno nacional que intervenga.“Hacemos un llamado al Gobierno nacional y a la comunidad internacional para que hagan lo posible, o lo que tengan que hacer, para que nos ayuden a estas comunidades, para poder regresar a nuestro territorio, porque sabemos que es un territorio que ha estado afectado por las minas, por los artefactos explosivos”, aseguró Martínez.Aunque los enfrentamientos cesaron hace más de una semana y el Ejército ha indicado que está haciendo presencia en la zona, el retorno de estas 135 personas no ha sido posible, en especial porque en los últimos días dos personas habrían resultado heridas por minas antipersonal instaladas por los ilegales que se enfrentaban. A la petición de ayuda se ha sumado en reiteradas ocasiones el alcalde de esta localidad, Yomer Álvarez.“Se está pidiendo un desminado para esa zona, y ese desminado tiene que ir acompañado del Gobierno nacional. Entonces, el gobernador hacía el llamado en ese consejo de seguridad y le decía al Ejército: lo que tenemos que hacer es que ustedes lleguen y den las garantías en el territorio”.Según reportó la Unidad de Víctimas, las familias desplazadas que se encuentran albergadas en el coliseo y en viviendas de la zona urbana ya recibieron más de dos toneladas de alimentos, artículos de aseo y dotación de albergue (colchonetas, cobijas, juegos de cama, toldillos, toallas y kits de cocina) como parte de la atención, mientras se dan las condiciones de seguridad para regresar a las veredas.Durante este año, esta entidad ha atendido a más de 2.500 familias desplazadas o confinadas durante 24 emergencias masivas ocurridas en Antioquia por el conflicto armado.
Se agrava el panorama humanitario en el municipio de Tarazá: aparte de más de 130 personas desplazadas, hay 50 familias confinadas en zona rural donde persisten confrontaciones entre el ELN y el Clan del Golfo. Gobernación de Antioquia solicitó al Ejército acciones de desminadoLa situación de orden público en el municipio de Tarazá se agrava con el paso de las horas, pues a desplazamientos de zonas rurales como las veredas Doradas Altas y Tahamí, ahora se suma el temor de varias comunidades para desplazarse por cuenta de artefactos explosivos instalados en caminos.La problemática tiene confinadas a unas 50 familias como lo expuso en el más reciente Consejo de Seguridad y Oportunidades Sociales presidido por el gobernador Andrés Julián Rendón, el alcalde de Tarazá, Yomer Fabián Álvarez.En diálogos con Blu Radio, el mandatario aseguró que siguen sin ser efectivas en el territorio las acciones que ha anunciado como despliegue el Ejército.“Cuando hablamos de posesiones, una posesión que sea efectiva, porque pues el coronel decía, 'Nosotros tenemos ejército allá', pero de ahí a que tengan un Ejército que le dé garantías de seguridad a la población, pues hay mucho que decir”, agregó.Álvarez también reveló que una de las solicitudes puntuales por parte de la administración departamental durante el mismo encuentro fue garantizar el desminado en la zona que persiste el confinamiento, una actividad que solo se puede desarrollar con la garantía de presencia y control en el territorio por parte de la fuerza pública.“Se está pidiendo un desminado para esa zona y ese desminado tiene que ir acompañado del gobierno nacional. Entonces, el gobernador hacía el llamado en ese en ese Consejo de Seguridad y le decía al ejército, pues lo que se lo que tenemos que hacer es que ustedes lleguen y den las garantías en el territorio”, agregó.Hasta el casco urbano de Tarazá ya han llegado 136 personas huyendo de las recientes confrontaciones entre el Clan del Golfo y el ELN, una situación que sigue siendo atendida por la institucionalidad local y regional en el coliseo del municipio.Autoridades locales reiteraron la necesidad de la presencia del Gobierno nacional en el municipio para abordar los diferentes impactos que ya dejan más de 15 días desde que se registraron los primeros arribos de pobladores desplazados de la ruralidad.El Ejército Nacional avanza en las operaciones de búsqueda de un militar que luego de fuertes combates contra el Clan del Golfo está desaparecido en Yondó, Antioquia. El uniformado habría sido visto por última vez cuando ingresó al río Cimitarra
Con el paso de los días aumenta el drama humanitario de decenas de personas que han debido abandonar sus hogares en veredas como Doradas Altas y Tahamí del municipio de Tarazá por fuertes disputas entre el ELN y el Clan del Golfo.La problemática que inició hace 13 días con la llegada de 42 personas al Coliseo Municipal, ya asciende a 136, según el más reciente reporte del alcalde Yomer Fabián Álvarez, quien destacó que sigue el panorama de incertidumbre para el retorno de esta población en la que hay varios menores de edad y 12 adultos mayores.La posible presencia de artefactos explosivos en vías rurales complica la situación que incluso mantiene confinadas a varias comunidades con planes de abandonar sus territorios."Es incierta la situación. No sabemos hasta dónde podamos nosotros sostenerlos, atenderlos, y mucho más cuando hoy el Gobierno no nos acompañe. Es incierta hoy la situación de estas personas que están en el coliseo, porque cuando nos preguntan cuándo van a retornar, nosotros no tenemos una respuesta precisa", indicó. El mandatario cuestionó la presencia de entidades del Gobierno nacional para atender la situación, pero al mismo tiempo pidió mayor presencia de la fuerza pública para hacer frente a la amenaza armada en un corredor estratégico ubicado en límites entre Tarazá, Valdivia, Cáceres y Anorí."Eso es un corredor estratégico durante mucho tiempo. Le hemos dicho al Gobierno nacional, al Ejército Nacional, que por favor, le preste atención, que llegue a este territorio, que tome el control, pero lastimosamente no podemos decir que no hay presencia del Ejército, pero no lo suficiente para tomar el control de un territorio tan amplio como es ese sector", detalló el alcalde. Esta situación en el Bajo Cauca antioqueño se suma a la amenaza armada que persiste sobre varios municipios del Norte y Nordeste antioqueño por parte del frente 36 de las disidencias de las Farc ante recientes acciones ofensivas de la fuerza pública en las que han abatido al menos cuatro de sus cabecillas.
En el municipio de Tarazá, Antioquia, se registró el desplazamiento forzado de 28 familias —unas 89 personas— como consecuencia de los combates entre integrantes del Clan del Golfo y el ELN en la vereda Doradas Altas.Las familias afectadas fueron evacuadas con apoyo de la institución militar hacia los cascos urbanos de Tarazá y Cáceres, donde actualmente reciben atención bajo los protocolos establecidos."Tarazá necesita paz, Doradas Altas y todo ese sector necesitan paz; al Gobierno nacional, el acompañamiento con la fuerza pública en el territorio y la inversión social", solicitó Yomer Fabián Álvarez, alcalde de Tarazá.Por su parte, el comandante encargado del Ejército Nacional, mayor general Erik Rodríguez Aparicio, confirmó que las tropas ya se encuentran en la zona para garantizar la seguridad. Agregó que este fenómeno no es exclusivo de Tarazá, sino que también afecta al sur de Bolívar y que algunas personas desplazadas se han movilizado hacia municipios como Segovia."Dar parte en este momento, tanto en el caso del sur de Bolívar, en Santa Rosa, en las veredas de Santa Rosa, como en Tarazá; ya tenemos tropas, tanto de la Brigada 19 en el caso del sur de Bolívar, como en Tarazá tropas de la Brigada 11 y la Fuerza de Despliegue Rápido, atendiendo esas emergencias y buscando a los perpetradores de estas confrontaciones que han generado el desplazamiento", manifestó el alto mando militar.Rodríguez Aparicio explicó que esta situación obedece a la disputa de grupos armados ilegales por el control de economías ilícitas, en especial la explotación de oro en zonas rurales apartadas.El oficial resaltó que el denominado “cinturón aurífero”, que se extiende desde el sur de Bolívar hasta localidades como San Pablo, Tarazá, Cáceres y El Bagre, es el principal foco de confrontación entre los grupos ilegales, debido a la riqueza minera de la región.
Cuatro personas murieron y otras decenas resultaron heridas el domingo tras la colisión de dos trenes al sur de El Cairo, que provocó el descarrilamiento de varios vagones, informaron las autoridades.Según la autoridad ferroviaria egipcia, un tren que cubría la ruta entre Guiza y Fayum impactó por detrás a otro que se dirigía desde El Cairo hacia la ciudad de Asuán, en el sur del país.El Ministerio de Salud informó en un balance preliminar de cuatro fallecidos y 88 heridos que estaban siendo atendidos en hospitales de la región de Guiza.El presidente Abdel Fatah al Sisi afirmó que seguía la situación "con gran preocupación" y ordenó una investigación urgente para "exigir responsabilidades a cualquiera que haya incurrido en negligencia".Los equipos de emergencia recurrieron a grúas para retirar los vagones accidentados, según la autoridad ferroviaria.Las autoridades anunciaron la apertura de una investigación para determinar las causas del accidente, ocurrido en la misma zona donde hace más de dos décadas tuvo lugar el peor desastre ferroviario de la historia de Egipto.En 2002, más de 370 personas murieron cuando un incendio arrasó un tren en el sur de El Cairo. En 2009, varios accidentes ferroviarios en la misma zona causaron decenas de víctimas.
El futbolista chileno Leandro Hernández, del Colo Colo, fue detenido la madrugada de este domingo en Santiago tras protagonizar un grave accidente de tránsito y conducir bajo los efectos del alcohol.Según el cuerpo policial chileno, Hernández "conducía en estado de ebriedad, con 1,2 gramos de alcohol en la sangre".El futbolista, de 21 años, salió ileso del accidente, pero el conductor contra el que chocó tuvo que ser trasladado a un hospital cercano tras sufrir heridas de consideración.De acuerdo con la prensa local, Hernández se habría saltado un semáforo en rojo y colisionó contra otro auto en el capitalino barrio de Providencia.El joven no está convocado al partido de este domingo frente al Ñublense porque se encuentra en recuperación por un esguince medial en el tobillo izquierdo.Colo Colo se mide a las 15:00, hora local, con Ñublense en Chillán, a 400 kilómetros al sur de Santiago, en un partido que podría alzarlo como campeón de la Liga de Primera 2026.
La agente Especial Interventora del Hospital Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Marjorie Englehard Archbold, dio a conocer que los recursos asignados al programa equipos básicos de salud no se encuentran disponibles en las cuentas de la E.S.E. en la cuantía que se necesita para atender las obligaciones pendientes.Dijo en un comunicado la funcionaria que ante esta crítica situación por el riesgo que corre la atención a las comunidades en la isla, adelanta la revisión financiera y administrativa relacionada con el programa, con el propósito de establecer los recursos recibidos, los valores ejecutados, los pagos realizados y los saldos pendientes asociados a cada obligación, y que corresponden a hechos ocurridos antes del inicio de la intervención; es decir, bajo la administración del exgerente del hospital, Michael Manuel Cardona.Agregó que esta situación fue puesta en conocimiento de la Superintendencia Nacional de Salud y del Ministerio, como entidad que asignó los recursos del programa.Asimismo, los hechos que así lo requieran serán puestos en conocimiento de los organismos de control competentes.“El Hospital Departamental de San Andrés continuará con la revisión de las cuentas presentadas por los contratistas y dará respuesta a las solicitudes recibidas conforme avance el proceso de verificación financiera”, ratificó la funcionaria.Hay que recordar que la Supersalud ordenó en octubre de este año la intervención forzosa administrativa por un año del hospital, tras una visita que hizo a la Isla el presidente Abelardo De La Espriella.En medio de la visita, se produjo un intercambio de palabras entre el mandatario con la gobernadora de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Girley Ordóñez Bowie, y la representante a la Cámara por la comunidad raizal Elizabeth Jay-Pang Díaz por la intervención del Hospital Departamental y el manejo de recursos públicos en el archipiélago.La decisión de intervenir el hospital por parte de la Superintendencia de Salud se tomó después de los múltiples incumplimientos en los planes de mejoramiento que, según la entidad, venían siendo exigidos desde 2022.
La agencia internacional Fitch Ratings ratificó la calificación nacional de largo plazo de Medellín en ‘AAA(col)’, la máxima de su escala, con perspectiva estable, tras evaluar el comportamiento de las finanzas del Distrito durante 2025.En su revisión del 5 de noviembre de 2026, la calificadora destacó el crecimiento de los ingresos tributarios, las transferencias nacionales y los dividendos de Empresas Públicas de Medellín (EPM), factores que contribuyeron a mantener márgenes operativos sólidos y aumentar la disponibilidad de recursos de la administración distrital.Según Fitch, Medellín tiene una expectativa muy baja de riesgo de incumplimiento de sus obligaciones financieras frente a otros emisores del país. Además, su perfil financiero ‘AA’ y su perfil crediticio individual ‘BBB’ la ubican por encima de Bogotá, Cali, Barranquilla y el departamento de Antioquia.El alcalde Federico Gutiérrez aseguró que esta calificación refleja la confianza en el manejo de los recursos públicos y permite respaldar la financiación de proyectos de infraestructura mediante créditos, cuyos pagos se distribuyen en el tiempo.“Esta calificación es una buena noticia para Medellín y una muestra de que cuando se administran los recursos públicos con transparencia, responsabilidad y rigor, se construye confianza. Recuperamos la credibilidad en nuestras instituciones y demostramos que la plata de la gente se debe cuidar e invertir bien”, expresó el mandatario.Por su parte, el secretario de Hacienda, Orlando Uribe Villa, indicó que el recaudo tributario pasó de 2,72 billones de pesos a 3,47 billones durante esta administración, lo que representa un crecimiento del 27,56 %.“En la ciudad hay más de 1.800 obras en marcha, avanzamos en la construcción de megacolegios, jardines infantiles Buen Comienzo, el Metro de la 80, escenarios deportivos y espacios culturales. Ese trabajo se financia con distintas fuentes”, afirmó el funcionario.En su evaluación, Fitch también señaló que salud y educación concentran las principales responsabilidades de gasto del Distrito. Sin embargo, indicó que el crecimiento de los gastos operativos ha estado acompañado por mayores ingresos, lo que ha permitido conservar un margen operativo positivo y estable.La ratificación de esta calificación se conoce mientras el Concejo de Medellín discute el presupuesto para 2027 y las fuentes de financiación de los proyectos de la ciudad.
El programa de este domingo, 8 de noviembre de 2026, 'En Blu Jeans' arrancó con la encuesta: ¿En cuáles de estas experiencias prefiere gastar su dinero?'La ciencia detrás de las cosas': Juanca Solarte explicó la anatomía de las orejas y el funcionamiento del oído, respondiendo a por qué nunca dejamos de escuchar.'Tema Central': Se analizó la economía de las experiencias y por qué las personas prefieren gastar su dinero en vivencias (viajes, gastronomía, entretenimiento y aprendizaje) antes que acumular bienes materiales.'Historias de viaje con JuanK': Juanca compartió detalles de su viaje a Egipto, comentando la importancia cultural de los gatos y su recorrido por las pirámides en la meseta de Guiza.'La máquina de la verdad': Se desmintieron mitos sobre Guatapé, explicando el valor cultural e histórico de sus zócalos y sus variadas opciones turísticas más allá de la rumba.
