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La Unidad de Restitución de Tierras emitió una resolución el pasado 31 de diciembre en la que incluyó en la lista de registro nacional de tierras despojadas 32.5 hectáreas ubicadas en la vereda Casanova de Turbo, mismo espacio donde se proyecta construir el puerto Pisisí.
Esto se da luego que seis familias de la zona presentaran sus pruebas y reclamaciones pues aseguran que estos predios les fueron quitados por grupos paramilitares, los mismos que los hicieron abandonar sus hogares luego de una serie de hechos violentos cometidos entre 1990 y 1996.
Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros que acompaña los procesos de restitución en el Urabá, indicó que en la resolución quedaron consignados varios de esos ataques cometidos contra los hoy reclamantes.
Durante esos años se presentaron homicidios de líderes campesinos y políticos de la zona como fue el de Candelario Pérez, presidente de la Unión Patriótica en Turbo y secretario del concejo y Hugo Quintero, concejal por el mismo partido. También hay casos de abuso sexual contra una de las hijas de las reclamantes entre otros
El director aseguró que con esta resolución, las familias de Casanova ya pueden instaurar una demanda para recuperar sus predios y ser certificadas como reclamantes y víctimas del conflicto.
“Con esto se desestima todas estas campañas de desprestigio que suelen crearse, erróneamente, en torno a los reclamantes de Urabá. Fueron delitos muy graves, que sucedieron dentro del marco del exterminio de la UP y con esto la unidad le da la validez a dichas solicitudes”, agregó Vega.
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Los predios implicados pasaron, luego del despojo, por varios terceros hasta que fueron adquiridos por la constructora del megaproyecto. Por eso, para Gerardo Vega, es importante la vinculación de la empresa privada para agilizar los procesos judiciales, pues "desde hace varios años ya se conocían las reclamaciones y denuncias de las familias de la zona".
Vega puntualizó que las víctimas no se oponen al proyecto y al desarrollo de la región, pero sí piden es justicia y reparación por los hechos del conflicto.
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