En la Procuraduría y la Fiscalía denunciaron unas supuestas presiones en la Alcaldía de Medellín para exigir renuncias voluntarias y contratar personal cercano al alcalde Daniel Quintero. Además, se estarían pidiendo aportes a favor de una corporación para financiar el movimiento del actual gobierno de la ciudad.
Este caso fue denunciado por María del Pilar Rodríguez, quien hasta el 30 de septiembre fungió como la directora de la Unidad Técnica de la Niñez de la Secretaría de Inclusión Social de Medellín y llegó al cargo desde el año pasado junto a la entonces secretaria Mónica Gómez.
Tras la renuncia de esta titular y la llegada del secretario Juan Pablo Ramírez, la situación se complicó para varios funcionarios.
Ella fue citada a una reunión con su jefe inmediato el subsecretario Grupos Poblacionales, Juan Daniel Pulgarín, y el secretario Ramírez en su oficina, donde le dijeron que debía salir porque incomodaba.
"Allí me informaron que definitivamente tenía que renunciar, que había presión del alcalde que yo no podía seguir porque yo representaba otros intereses, pero le dije que, en ningún momento, yo solo trabajo y mi único interés son los niños”, aseguró.
Ante la demora con la dimisión, Rodríguez denunció que fue intimida, así como se escucha en una llamada entre ella y su jefe.
“Y lo que te pedí por cuarta vez ahora, por favor, entrégame tu carta de renuncia o me dices qué hacemos, si miramos el tema de insubsistencia”, se escucha en un aparte de la llamada.
Sin embargo, ante la consulta de BLU Radio, la Alcaldía de Medellín dispuso al subsecretario Juan Daniel Pulgarín quien respondió que no hubo una intimidación sino que la insubsistencia está en la normatividad para los cargos de libre nombramiento y remoción. Y ante la pregunta de si fue por temas políticos, respondió lo siguiente:
"No hay ninguna razón distinta a la renovación de nuestro modelo social", explicó Pulgarín.
El caso de Rodríguez no es el único porque el mismo 30 de septiembre salieron 32 empleados contratistas, pues no se les renovó el contrato. Uno de los afectados, a quien guardamos su identidad, dijo por qué.
“Nos dijeron que, efectivamente, muchos de nosotros íbamos a salir porque Juan Pablo iba a poner los de esta administración; que para hacerla entre nosotros los que nos conocemos, los que hemos estado siempre y los que íbamos a estar”, aseguró.
El subsecretario Pulgarín reconoció que sí se pidió la renuncia de tres subsecretarios y tres directores técnicos con la llegada del nuevo titular de inclusión el 8 de abril, pero todo parte de un plan de reorganización.
“No hay otra razón distinta a un plan de renovación del modelo social de la ciudad buscando actualizar su enfoque de intervención en la ciudad”, insistió.
La denuncia no acaba allí porque otro punto grave sería una supuesta solicitud de aporte obligatorio a la Corporación El Futuro se parece a nosotros. Este dinero habría sido pedido en una reunión citada el pasado domingo 8 de agosto en una de las casas de la unidad residencial San Luis de La Calera, donde fueron citados varios funcionarios, entre ellos, la entonces directora de la Unidad de Niñez.
“Allí se hizo una encerrona donde nos quitan los celulares, los meten en una caja y nos presentan, con Juan Pablo, de que tenemos que seguir con la campaña y que 'Independientes' que no se puede acabar y que, por eso, nosotros tenemos que comenzar a dar unas cuotas. Y que eso se va a hacer a través de una corporación que se llama El futuro se parece a nosotros”, aseveró .
La corporación tiene el nombre, verificado en Cámara de Comercio, con esa célebre frase del alcalde Daniel Quintero, con un patrimonio de $15 millones y un objeto social de “fortalecimiento de la democracia y la formación para la participación política y el ejercicio de buen gobierno”.
Ese día de la reunión les entregaron a los funcionarios un volante que indica dónde consignar y con tarifas según el nivel de estudio: un ejemplo, los profesionales deben aportar tres días de salario para la inscripción y $200.000 de mensualidad. Un punto llamativo es que en el volante aparece como representante legal la señora Yorlady Villa Cuartas, pero ante la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia registra Melissa Peláez Palacio.
Sin embargo, el subsecretario Pulgarín desconoce a esa corporación y que se haya exigido dinero.
“No conozco la corporación realmente. En ningún momento en las reuniones del secretario nos ha exigido y solicitado en ningún momento beneficiar a ningún particular”, añadió.
Por ahora, estos casos fueron denunciados formalmente ante la Procuraduría y la Fiscalía.
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