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Procuraduría abrió indagación por posibles irregularidades en contrato de chatarrización en Medellín

En Medellín, el contrato para la chatarrización de unos 50.000 vehículos estipula un precio de $98 por kilogramo mientras en el país el valor oscila entre los $1.000 y $1.800.

Sede de la Procuraduría en Bogotá // Foto: Facebook Procuraduría General de la Nación
Sede de la Procuraduría en Bogotá
Foto: Facebook Procuraduría General de la Nación

A través de un comunicado, la Procuraduría General de la Nación informó que se iniciaron las indagaciones previas con funcionarios de la Alcaldía de Medellín tras la denuncia de un presunto detrimento patrimonial al contratar la chatarrización de 50.000 vehículos a $ 98 por kilogramo, cuando su valor comercial en el país oscila entre $ 1.000 y $ 1.800.

Según las denuncias, por cada kilogramo vendido se habrían perdido más de $ 900; razón por la que la Procuraduría también investigará el proceso de subasta que terminó con la adjudicación y celebración del contrato.

Así, el ente de control solicitó a la Alcaldía de Medellín los estudios y documentos previos que se hicieron para la subasta.

Adicional a esto, la Administración distrital deberá enviar a la Procuraduría información de los servidores públicos que habrían intervenido en las etapas precontractual y contractual y precisar, entre otros aspectos, si se delegó la función de celebrar contratos a una autoridad distinta al alcalde.

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Ya habían alertado sobre las posibles irregularidades.

En medio de un debate de control político a la Alcaldía de Medellín  , concejales del Partido Verde denunciaron en octubre falsificación de documentos, precios bajos y falta de certificaciones indispensables en la adjudicación del contrato de chatarrización de la Secretaría de Movilidad.

En los patios de la Secretaría de Movilidad se encuentran cerca de 50.000 vehículos para chatarrización, subasta que fue adjudicada a la Unión Temporal RYM SAS y que, según el concejal Daniel Duque, es la misma empresa que fue descalificada por el municipio de Bello para la misma tarea, por no contar con la certificación ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

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Otra de las irregularidades en el proceso de subasta y posterior contratación, encontrada por Daniel Duque y su equipo, hace referencia a la falsedad en las especificaciones técnicas y en el certificado del Icontec en una máquina requerida por la Secretaría de Movilidad para poder participar en el proceso.

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