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Contraloría General y no de Medellín vigilará licitación para chatarrizar 50.000 vehículos

La Administración Municipal echó para atrás un primer contrato donde se iba a pagar $98 por kilo de la chatarra y realmente rondaba en $1.000.

CHATARRIZACIÓN MEDELLÍN.jpeg
Chatarrización en Medellín.
Cortesía.

Luego de las denuncias por irregularidades en la adjudicación de un contrato de chatarrización en Medellín, en el Congreso de la República aprobaron que este proceso sea auditado por la Contraloría General de la República. Esto, para garantizar la transparencia y avance en este proceso.

La decisión fue tomada durante la comisión sexta de la Cámara de Representantes para que la Contraloría General de la República realice un seguimiento al contrato de venta de chatarra en Medellín, y no la Contraloría municipal, donde, según Daniel Carvalho, no se han generado acciones concretas frente a este hecho que ha tenido varias irregularidades.

Agregó el representante que no se han generado acciones concretas frente a este hecho que ha tenido varias irregularidades en la venta de 50.000 vehículos, en donde la alcaldía Municipal echó para atrás un primer contrato donde el contratista iba a pagar $98 pesos por kilo de la chatarra y realmente rondaba en $1.000 pesos.

“Afortunadamente el concejal Daniel Duque denunció esto a tiempo, y demostró que estaban a punto de perderse más de 30.000 millones de pesos y ante esta denuncia la alcaldía se vio obligada a detener el proceso”, aseguró.

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Los concejales del Partido Verde, como Daniel Duque y su equipo de trabajo, denunciaron que en este proceso se estaban presentando situaciones como lafalsificación de documentos, precios por debajo de los que se manejan en el mercado y falta de certificaciones en la adjudicación del contrato de chatarrización de la Secretaría de Movilidad.

En su momento William Yeffer Vivas, personero de Medellín, había señalado que si con las pruebas se identificaba la existencia de la venta de los vehículos por chatarra a esos precios inferiores, se procedía con la apertura formal de investigación disciplinaria y, de ser el caso, la formulación de pliegos a los funcionarios implicados en el proceso.

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