Una serie de contratos y convenios firmados entre el Área Metropolitana y la fundación Tenarco, la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI) y la Asociación Regional de Municipios del Caribe (ARCA) han puesto en el centro de la polémica a varios funcionarios, quienes están siendo investigados mediante una indagación previa por parte de la Procuraduría.
Por un lado, se está investigando a la fundación debido a unos convenios en los que aparentemente no se registraron los recursos de carácter obligatorio que debían ser aportados por esta, de acuerdo a lo establecido por la ley. Se estima que faltarían alrededor de 6.500 millones de pesos.
Además, se han descubierto contrataciones realizadas con ACOPI que parecen haber sido direccionadas para que los directivos de la asociación fueran los encargados de su ejecución. En el caso de ARCA, se han encontrado inconsistencias en el pago del 30% que le correspondía al contratista, así como posibles pagos a la nómina de la asociación y el convenio 202 de 2022, por un valor de 2.600 millones de pesos.
Finalmente, la entidad está investigando si el Área Metropolitana nombró como jefa de proyectos a María Camila Salcedo Soto sin cumplir con los requisitos de experiencia exigidos por la ley.
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