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Siguen los desencuentros entre el Gobierno y la Procuraduría, esta vez, por la minería en Antioquia 

El ente solicitó el aporte de las pruebas técnicas y normativas para erradicar la minería del suroeste, donde empresas adelantan exploraciones desde años atrás.

Gustavo Petro - Procuraduría
Gustavo Petro - Procuraduría
Fotos: Facebook Gustavo Petro - Procuraduría

Un nuevo capítulo de los desencuentros entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y la Procuraduría, esta vez por cuenta de la minería en Antioquia.

Luego de la orden del presidente Gustavo Petro de prohibir proyectos mineros en el suroeste de Antioquia, la Procuraduría solicitó al Departamento Administrativo de la Presidencia que aporte las pruebas técnicas y normativas para esa determinación en un territorio donde empresas adelantan exploraciones desde años atrás.

El Ministerio Público hizo este requerimiento al director del Dapre, Mauricio Lizcano, para que remita los fundamentos técnicos, normativos y de política pública, que sirvieron de base para la suspensión de proyectos de minería en Támesis y Jericó, donde se explora cobre.

La prohibición fue ordenada por el mismo presidente Gustavo Petro desde Jericó, quien dijo que la minería que se adelantaba con el proyecto Quebradona, de Anglo Gold Ashanti, afectaba el agua y que mejor escogen proteger los acuíferos.

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"No se puede poner en peligro el agua del territorio. Hay acuíferos en el territorio y de eso vive parte de la población. Precisamente, lo que hemos encontrado es que la exploración minera se localizó donde están los acuíferos, entonces, tenemos un peligro, nosotros escogemos el agua", dijo el jefe de Estado desde el suroeste antioqueño.

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La decisión fue transmitida al Ministerio de Minas para que no se continúen estos proyectos, por lo que la Procuraduría pidió que se referencie el acta de relatoría de la sesión de las declaraciones públicas, las cuales fueron emitidas en las jornadas denominadas “Diálogos Vinculantes para el Suroeste antioqueño”, así como las órdenes administrativas por el Gobierno Nacional y las autoridades ambientales, para la implementación de la instrucción impartida.

El ente de control también solicita información si hubo proceso de participación ciudadana para tal decisión. Lo que pretende la Procuraduría es evaluar los fundamentos e implicaciones de la prohibición de proyectos mineros en los municipios antioqueños.

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