Empezaron a correr los términos para que una instancia legal empiece a resolver si el proyecto Corredor Verde sobre la carrera Séptima es una amenaza a los derechos colectivos para miles de habitantes de esta amplia zona del norte de la capital.
El pasado martes, 5 de septiembre, el juzgado 35 administrativo de Bogotá admitió para estudio una acción popular interpuesta por Diego Escallón Arango y Juan Esteban Matallana contra la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) en la que advierten presuntas irregularidades.
Los demandantes sostienen que el ambicioso proyecto que impulsa la alcaldesa Claudia López atenta contra una serie de intereses públicos en particular amenaza el “patrimonio público, el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público”.
Los demandantes alegan que al proyecto le faltan “estudios y diseños necesarios para la contratación de las obras del Corredor Verde”.
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Además, los demandantes argumentan que "el proyecto es sustancialmente idéntico al TransMilenio por la carrera Séptima que la alcaldesa López había prometido no realizar durante la campaña electoral". Y señalan que esto "contraviene el artículo 105 del Plan Distrital de Desarrollo, que prohíbe expresamente la construcción de una troncal de Transmilenio por la Séptima".
“Las tres consultorías contratadas para este propósito no han entregado sus productos, la mayoría de los cuales carecen de la aprobación tanto de las interventorías como de las Empresas de Servicios Públicos. Mismo error que le ha costado a los bogotanos más de 20 mil millones de pesos en la avenida 68”, indicó Diego Escallón.
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Incluso, los demandantes advierten que existe un daño patrimonial al Estado por 577 mil millones de pesos por su incumplimiento a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares por parte del promotor del Plan Parcial El Pedregal que no ejecutó “las obras de compensación que debía desarrollar y a cambio pagar el dinero a la administración”.
EL IDU no tardó en responder a los demandantes asegurando que “el proyecto no constituye de ningún modo una amenaza al patrimonio público ni al goce del espacio público” y que al contrario “es un proyecto del mejor ecourbanismo, que le garantiza a los bogotanos transporte público eléctrico, a los peatones y ciclistas espacio público seguro y a Bogotá que su Metro avance y no que lo paren y saboteen”.
En consecuencia, el instituto dejó claro que defenderá “con todos los argumentos y pruebas el derecho de los bogotanos a tener Metro, transporte eléctrico y movilidad sostenible” pues el Corredor Verde “hace parte integral de la primera línea del metro, y que alimentará tanto a la línea 1 como a la 2 en la calle 72”.
2/4 Es un proyecto estructurado de manera rigurosa en sus componentes técnico, financiero y jurídico y no constituye de ningún modo una amenaza al patrimonio público ni al goce del espacio público.
— IDU Bogotá (@idubogota) September 7, 2023
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