El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, envió una carta al presidente Juan Manuel Santos quejándose por el decreto del 29 de diciembre que modifica la reglamentación de la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, obligando a los departamentos a girar los recaudos de licores, cigarrillos y juegos de azar, entre otras cosas, directamente al Adres, empresa estatal adscrita al Ministerio de Salud.
“Presidente, desde Boyacá le pedimos sea revisado el decreto, que hoy, en todas las regiones y por diferentes instancias políticas, sociales y académicas, es cuestionado ya que podría infringir nuestra Constitución Política pues esta, en su artículo 362, ordena: que los bienes y rentas tributarias o no tributarias o provenientes de la explotación de monopolios de las entidades territoriales, son de su propiedad exclusiva y gozan de las mismas garantías que la propiedad y renta de los particulares. Los impuestos departamentales y municipales gozan de protección constitucional y en consecuencia la ley no podrá trasladarlos a la Nación, salvo temporalmente en caso de guerra exterior”, se lee en el comunicado.
Le puede interesar: El disgusto del gobernador de Antioquia por decreto que reduce recursos al departamento
“Así las cosas, frente al decreto número 2265, reitero mi inconformismo, debido a que impacta directamente los ingresos percibidos por concepto de transferencia directas al sector de la salud por la operación de monopolio rentístico de juegos de suerte y azar, impuesto al consumo de cerveza y sifones, impuesto al consumo de cigarrillo y tabaco, impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, excedentes de Lotto en línea, premios no reclamados, liquidación, declaración y giro recursos del monopolio rentístico de licores destilados, razón por la cual nuestro departamento dejaría de percibir e invertir en la salud de los boyacenses más de cuarenta y dos mil millones de pesos”, agrega.
Publicidad
El Gobierno está tratando de realizar algunos cambios al decreto para lograr un acuerdo con los gobernadores.