Asoproval (Asociación colombiana de empresa proveedoras de Alimentos) es uno de los sancionados por la Superindustria por haber participado en el cartel del PAE en Bogotá; sin embargo, el gremio no solamente niega las acusaciones, sino que asegura que ha sido víctima de un juicio injusto y unas sanciones desproporcionadas.
Por eso llevarán el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y le han pedido unas medidas de protección.
La Superindustria sancionó a un total de 16 personas naturales y jurídicas con multas de más de 28.000 millones por haberse cartelizado entre 2007 y 2017 en las licitaciones del Programa de Alimentación Escolar tras una investigación que duró más de 5 años.
“Las sanciones impuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio son desproporcionadas y confiscatorias y parecieran tener como único objetivo el cierre de las empresas, privando al Programa de Alimentación Escolar de Bogotá de sus mejores contratistas y destruyendo los empleos que generan”, señala Asoproval en un pronunciamiento enviado a Blu Radio.
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En otra parte de la comunicación aseguran que las empresas sancionadas proveen, hoy en día, unos 700.000 refrigerios diarios en Bogotá.
El argumento central de Asoproval es que las compañías ejercieron su derecho a asociarse en un gremio para defender sus intereses, pero eso no implica que lo hayan usado para armar un cartel y dicen que los están sancionando por el solo hecho de haber creado un gremio.
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Según Asoproval, la SIC perdió la competencia para sancionar “en tanto que la facultad sancionatoria de la entidad es de tres años y el último contrato se firmó en el 2017”.
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