
esa entidad prorrogó de manera irregular, por un año más a partir del pasado 5 de agosto, el contrato firmado con la empresa Equirent para el alquiler de 407 vehículos usados por la Policía y la Brigada XIII para patrullar la ciudad.
“Existe un error en cuanto a afirmar que no se podía adicionar el contrato. Las normas colombinas permiten hacer las adiciones contractuales hasta por un 50 % del valor inicialmente pactado. El tiempo se puede prorrogar siempre que así las partes lo acuerden”, precisó Gómez.
De acuerdo con el directivo, la decisión tomada por el fondo se ajusta a la ley y consiste en “una adición que permite garantizar los servicios, pero además que cubre un proceso para poder suministrar y modernizar la flota”.
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Sobre las acusaciones del concejal Palacio, el funcionario comentó: “no sé si exista un interés particular o un interés en desestabilizar la percepción de seguridad de Bogotá”.
Gómez señaló finalmente que el proceso de modernización de la flota de estos vehículos para la ciudad comenzaría dese enero e incluso ya se están adelantando los estudios para agilizar este proceso.
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El concejal Javier Palacio denunció en los micrófonos de Blu Radio que “nuevamente se pone en riesgo la seguridad de Bogotá porque la señora Natalia De La Vega (Gerente del Fondo) hace una prórroga del contrato de renting de patrullas para la Policía, el cual ya sobrepasa el costo de los 100 mil millones, y la gerente, de forma extraña y violando la ley, se extralimita en la adjudicación y en la extensión de este contrato”.
Cuando en diciembre de 2008 se firmó ese contrato por 36 meses, se hizo por ese tiempo, porque era el tiempo de vida útil que iba a tener cada patrulla al ser usada las 24 horas del día. La idea era que vencido el contrato se firmara uno nuevo y con ello llegara una nueva flota de vehículos para que la Policía siempre contara con una flota moderna para brindar seguridad a todos los bogotanos.
Al respecto, el cabildante afirmó que “lo preocupante es que ya tenemos patrullas con más de seis años de uso”.
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Palacio aseguró además que con esta decisión se viola la ley 80 que especifica que “no se puede prorrogar un contrato por más del 50 %. Encontramos que se prorrogó en más de 3 mil millones de pesos”.