Alcalde de Cartagena da ‘luz verde’ para demolición de edifico Aquarela

La demolición de Aquarela es un hecho. Así lo dejó claro el alcalde Willian Dau, quien dijo que tras recibir un concepto favorable de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica y reunirse con la ministra de Cultura, Carmen Vásquez, lo que queda es establecer cómo y cuándo se va demoler el polémico edificio.El mandatario anunció además que hizo una solicitud a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo para definir una hoja de ruta que le permita establecer las fases para la demolición.“Solicitamos el plan de acción a realizar, ellos ya lo tienen bastante adelantado, estaban esperando nuestra solicitud, y esperamos en poco tiempo tener más noticias”, señaló.El alcalde Dau explicó también que ya cuenta con gran parte de los recursos para proceder a demoler la torre del proyecto de interés social construida a pocos metros del Castillo de San Felipe, y que de acuerdo al Ministerio de Cultura y a la Procuraduría General de la Nación pone en riesgo la declaración de patrimonio material e inmaterial de Cartagena.De acuerdo al alcalde, la demolición de Aquarela tendría un costo entre dos y tres mil millones de pesos.Promotora Calle 47, constructora del proyecto, señaló que demoler el edifico sin que exista un fallo de judicial de fondo, implica que el Distrito asuma la responsabilidad patrimonial con los compradores y la misma empresa.“Implica resarcir los daños contra los afectados, que además de los constructores, incluye a más de novecientas familias cartageneras que invirtieron sus ahorros en este proyecto habitacional debidamente licenciado”, aseguró Gilma Úsuga, vocera de Aquarela.Úsuga indicó que lo existe actualmente es una orden policiva de restitución de 600 metros de espacio público ocupado, y no de la demolición completa de la torre del edifico.La vocera del proyecto dijo además que el concepto de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica que señala que retrasar la demolición de Aquarela podría calificarse como un "fraude a resolución judicial”, no es legalmente vinculante al proceso que se adelanta en estrados judiciales.