"Crímenes de defensores de Derechos Humanos: ¿Quién responde?": Óscar Montes

La cifra del defensor de Pueblo, Carlos Alfonso Negret, es aterradora y escalofriante: 120 líderes y defensores de Derechos Humanos fueron asesinados en Colombia, entre el primero de Enero del año pasado y el 20 de Febrero de 2017. El asesinato sistemático de quienes han asumido la defensa de los Derechos Humanos en el país es tan preocupante como la indolencia del Gobierno Nacional, que se muestra indiferente ante la tragedia. Nada perturba la tranquilidad del Ejecutivo, que sigue sin encontrar respuestas concretas a las denuncias que todos los días se hacen sobre amenazas o crímenes de líderes sociales o de defensores de Derechos Humanos. Para el Defensor del Pueblo, la muerte y las amenazas se presentan con mayor frecuencia en aquellas zonas que han sido abandonadas por las Farc, o donde el grupo guerrillero dejó de hacer presencia. Se trata de un grave sañalamiento que ratificaría las dudas y los temores de quienes -durante el desarrollo de los diálogos de La Habana- advirtieron sobre la necesidad y la urgencia de que los espacios abandonados por las Farc fueran ocupados de inmediato por el Estado. La presencia del Estado en antiguas zonas de influencia de las Farc es fundamental para que la negociación no fracase. No se trata solo de incrementar el número de soldados y policías, sino de mejorar las condiciones de seguridad de todos sus habitantes y ello incluye -claro- a los líderes sociales y a los defensores de los Derechos Humanos, cuyos asesinatos deben ser esclarecidos con la mayor prontitud posible. Resulta inadmisible que el Gobierno no haya dado respuestas satisfactorias a quienes exigen que los crímenes de los 120 defensores de los Derechos Sociales no queden en la impunidad. Ante la gravedad de los hechos, se requiere que el Presidente de la República se ponga al frente de la delicada situación, garantice la integridad y la vida de quienes se encuentran amenazados y entregue resultados cuanto antes. La indiferencia que muestra hasta el momento es la peor respuesta a quienes esperan del presidente Santos un mayor compromiso en la promoción y defensa de los Derechos Humanos.