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Formulan cargos contra exalcalde de Tierralta, Córdoba, por el asesinato de María del Pilar Hurtado

Tanto el exalcalde Fabio Otero Avilés como Willington Ortiz Naranjo, el entonces secretario de Gobierno de Tierralta, Córdoba; fueron imputados por desatender las denuncias de la lideresa frente a amenazas contra su vida.

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Foto: BLU Radio.

Tuvieron que pasar cuatro años desde el asesinato de la lideresa social y reclamante de tierras María del Pilar Hurtado Montaño para que, finalmente, el exalcalde de Tierralta, Córdoba, Fabio Otero Avilés; fuera acusado formalmente por la Procuraduría General de La Nación tras la muerte de Hurtado Montaño el 21 de junio del año 2019.

Tanto Otero Avilés como Willington Ortiz Naranjo, el entonces secretario de Gobierno de Tierralta, Córdoba; fueron imputados por desatender las denuncias de la lideresa frente a las amenazas contra su vida por la reclamación de un predio en jurisdicción del municipio de Tierralta.

En este sentido, los cargos contra los dos exfuncionarios están relacionados con la omisión de sus deberes, como autoridades del municipio de Tierralta, por no diseñar estrategias que permitieran garantizarle la vida a Hurtado Montaño, de 34 años, ni tampoco las medidas necesarias para mantener el orden público, teniendo en cuenta la injerencia de organizaciones criminales en esa zona del departamento.

La Procuraduría General de La Nación, además, le formuló otro cargo al exalcalde por posible conflicto de intereses, dado que el predio que la lideresa social se encontraba reclamando pertenecía al padre del exfuncionario.

En su momento, Hurtado Montaño denunció haber recibido un panfleto firmado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, en el que la amenazaban de muerte, por lo que de inmediato dio aviso a las autoridades para solicitar medidas de protección, sin embargo, el pasado 21 de junio de 2019 fue asesinada por pistoleros que se desplazaban en una motocicleta, en momentos en los que acompañaba a su hijo al colegio en horas de la mañana.

Hurtado Montaño trabajaba como recicladora y lideraba un grupo de personas, mayormente mujeres de escasos recursos, que adelantan procesos para la reclamación de predios en el municipio. A su vez, dejó cuatro hijos que, tras su trágica muerte, fueron asumidos por el control del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.

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