Al resolver una demanda de nulidad y restablecimiento del Derecho, el Consejo de Estado decidió mantener la inhabilidad de 18 años que impuso la Procuraduría General en 2010 a María del Pilar Hurtado al encontrarla responsable de falta gravísima, cuando ordenó los seguimientos e interceptaciones a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, abogados y políticos de oposición durante el gobierno del expresidente Uribe.Hurtado Afanador fue sancionada por la Procuraduría en única instancia con destitución e inhabilidad general para el ejercicio de funciones públicas por 18 años, al hallarla responsable disciplinariamente.Ella consideró que la decisión no respetó su debido proceso y que la Procuraduría extralimitó sus funciones e igualmente violó la Constitución al desbordar sus atribuciones legales, por eso acudió al Consejo de Estado para que anulara dicha sanción.Sin embargo, el alto tribunal aseguró que la Procuraduría no actuó con desviación de poder y, por el contrario, avaló el reproche que hizo en su momento, ya que “su conducta resulta totalmente opuesta a la ética institucional, al orden jurídico que estaba obligada a honrar y respetar, como servidora de la patria”.Agrega la decisión que “con su comportamiento reprochable, desconoció que los funcionarios que dirigen los entes públicos tienen el deber de observar mayor disciplina y pulcritud en el cumplimiento de sus funciones”, indica la sentencia proyectada por el magistrado Carmelo Perdomo.
Los argumentos de esta judicatura son contundentes al establecer que los exfuncionarios de Uribe no fueron los directos responsables de ordenar una campaña de desprestigio en contra de la Corte Suprema de Justicia.En la providencia de 65 páginas, el juez 56 Penal del Circuito concluyó que, de la documentación presentada contra los exsecretarios de Palacio César Mauricio Velásquez y Edmundo del Castillo, no hay certeza de que hayan sido los artífices o que hayan participado en un plan para desprestigiar directamente a la Corte Suprema de Justicia. Igualmente, los testigos presentados por la Fiscalía como el director de inteligencia del DAS y los agentes de inteligencia, no implicaron directamente a Velásquez ni a del Castillo y, según el fallo, lo único que les constaba eran las instrucciones que recibían de parte de la condenada directora del DAS María del Pilar Hurtado.La carta del paramilitar José Orlando Moncada Zapata (alias ‘Tasmania’), mediante la cual manifestó que recibió un ofrecimiento por parte de algunos magistrados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para declarar en contra del presidente de la República, no fue suficiente prueba porque se retractó de la misiva.En el proceso, el director de inteligencia del extinto DAS reconoció que el jefe de prensa Velásquez envió un correo electrónico a María del Pilar Hurtado, con el objetivo de verificar el contenido de la declaración realizada por el testigo Edwin Manuel Guzmán Cárdenas en Nueva York en la que señalaba que dos magistrados de la Corte le habían ofrecido prebendas para declarar contra Álvaro Uribe, pero no se observa alguna orden o instrucción emitida por el secretario de Prensa de la Presidencia hacia la Directora del DAS, igualmente, que no le constan que dicho funcionario hubiese filtrado esa información a los medios de comunicación.“Leider Ancizar, agente de inteligencia prestó un apoyo técnico al abogado Diego Álvarez Betancourt, quien recopilaba información que le suministraba directamente al DAS, sin que de su intervención se advierta señalamiento alguno hacia los señores Edmundo del Castillo Restrepo y César Mauricio Velásquez Ossa”, señala el fallo.Agrega que la justicia no desconoce que las labores de inteligencia realizadas por el Departamento Administrativo de Seguridad, mediante las cuales se recolectó información en contra de la exparlamentaria Yidis Medina Padilla, como de los exmagistrados auxiliares de la Corte “fueron dispuestas desde el interior de la Casa de Nariño por conducto de Bernardo Moreno Villegas, sin embargo, al analizar los testimonios no realizan señalamiento directo en contra de Edmundo del Castillo Restrepo y César Mauricio Velásquez Ossa, como aquellas personas que emitieron órdenes ante los organismos de inteligencia para investigarlos y mucho menos, que dispusieron o entregaron la información obtenida a medios de comunicación”.Finalmente, el juez señala que la Fiscalía no demostró las responsabilidades que cumplían César Mauricio Velásquez y Edmundo del Castillo dentro de lo que se imputó como una organización para delinquir.“Se aleja el fiscal delegado de demostrar la distribución de responsabilidades conforme a las necesidades del grupo. Tampoco atina la acusación a establecer cuál es la disposición previa de los medios a través de los cuales se obedezca a un programa delictuoso de carácter permanente; tampoco explica el tema de la distribución de tareas entre los asociados”, señaló el juez.La providencia fue apelada por la Fiscalía ante la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá, que definirá si confirma este fallo o por el contrario lo revoca.
El Inpec remitió al Juez de ejecución de penas y medidas de seguridad concepto favorable para conceder la libertad a la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado, quien fue condenada dentro del escándalo de las 'chuzadas', por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación y abuso de autoridad a 14 años de prisión.El juez quinto evaluará las condiciones de redención entregadas por el Inpec y tomará en las próximas horas una determinación a la solicitud elevada por su defensa.BLU Radio conoció la resolución 449 expedida en las últimas horas, en la cual señala que Hurtado ha pagado 72 meses y 18 días de cárcel, más una redención de pena por trabajos de agricultura, para un total de 100 meses y 18 días, lo cual para el Inpec le permite emitir un concepto favorable para acceder a la libertad condicional.Actualmente María del Pilar Hurtado viene disfrutando de beneficios de salida por 72 horas a su residencia y se encuentra recluida en las instalaciones de la Escuela de Caballería en el norte de Bogotá.Por: Asdrúbal Guerra
La Corte Suprema de Justicia concedió la revisión, en segunda instancia, de la condena de la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado y del exsecretario general de la Presidencia en el gobierno Uribe, Bernardo Moreno, por el caso de las chuzadas ilegales.La sala de casación penal del alto tribunal concedió esa impugnación en contra del fallo de abril de 2015 que condenó a Hurtado a 14 años de prisión por los delitos de peculado por apropiación, concierto para delinquir agravado, falsedad ideológica en documento público, violación ilícita de comunicaciones y abuso de autoridad.En ese mismo fallo fue condenado el exsecretario de Presidencia por concierto para delinquir simple, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública y abuso de autoridad a ocho años. A este se le concedió prisión domiciliaria.En la decisión, la sala consideró válida la revisión por "la condena emitida en su contra por esta corporación data del 28 de febrero de 2015, fecha posterior a la fijada por la Corte Constitucional como límite temporal para la aplicación de la doble conformidad judicial”.El alto tribunal se refiere a la sentencia que concedió la revisión de la condena del exministro Andrés Felipe Arias y que determinó que las sentencias de única instancia, proferidas después de 2014, podían acceder a ser revisadas en una segunda instancia.La Corte explicó que se escogerá “aleatoriamente a un magistrado ponente que conformará la sala con los dos magistrados que sigan en orden alfabético, quienes surtirán el trámite”.
En la tarde de este lunes 26 de julio se conoció que el general Marcos Evangelista Pinto Lizarazo pidió su retiro voluntario del Ejército tras los atentados en Cúcuta. Recordemos que el alto oficial estuvo a cargo de la Segunda División del Ejército, a la que pertenece la Brigada 30 en Cúcuta y la vigilancia y seguridad en Norte de Santander.Human Rights Watch, a través de su director José Miguel Vivanco, recordó que el oficial ha sido mencionado en varios procesos en los que se investigan asesinatos en persona protegida o falsos positivos.En un informe la ONG internacional referenció los casos que son investigados y en los que se menciona al alto oficial.“Entre octubre de 2006 y abril de 2007, el general Pinto Lizarazo fue comandante del batallón Anastasio Girardot, de la Cuarta Brigada. Los fiscales tienen investigaciones sobre 23 presuntos asesinatos perpetrados por soldados del batallón en 2006 y 22 en 2007, según documentos de la Fiscalía. Por ejemplo, en 2011, un tribunal condenó a cuatro soldados del batallón Anastasio Girardot por el homicidio, en diciembre de 2006, de dos civiles que fueron reportados como milicianos de las FARC”, señala el informe.Human Rights Watch, además, cuestionó el paso del oficial en Huila.“El general Pinto Lizarazo también estuvo al mando del batallón Magdalena de la Novena Brigada entre diciembre de 2007 y septiembre de 2009. Los fiscales han abierto investigaciones sobre 18 ejecuciones supuestamente cometidas por soldados del batallón en 2008, según documentos de la Fiscalía. El 18 de enero de 2008, soldados del batallón Magdalena mataron al campesino Ever Urquina Rojas, en el municipio de San Agustín, e informaron que se trataba de un enemigo “NN” muerto en combate. El sargento William Andrés Vargas Capera confesó y se declaró culpable por este hecho. En el preacuerdo con la Fiscalía, manifestó haber escondido deliberadamente el documento de identidad y la ropa de la víctima. Según un documento al que tuvo acceso Human Rights Watch, Pinto Lizarazo certificó un pago de 1.500.000 pesos colombianos (USD 770) a un informante que, supuestamente, proporcionó la información que posibilitó la operación en la cual fue asesinado Urquina Rojas. No obstante, los fiscales concluyeron que el presunto informante no “ofreció” ninguna información “con relación al occiso Ever Urquina Rojas”.La ONG aseguró que no existen avances en unas indagaciones por las ejecuciones extrajudiciales de uniformados que estuvieron bajo su cargo.“El 11 de diciembre de 2015, la Fiscalía interrogó al general Pinto Lizarazo sobre su presunta participación en falsos positivos mientras fue comandante del batallón Magdalena. En el derecho procesal penal colombiano, estos interrogatorios son uno de los primeros pasos del proceso penal. Aunque el caso contra el general Pinto Lizarazo sigue abierto, no hubo avances desde diciembre de 2015, según dijo a Human Rights Watch un abogado que representa a víctimas del caso”, según HWR.
El secretario de Salud de Barrancabermeja, Luis Fernando Castro, confirmó en los distintos puntos de vacunación COVID-19 se encuentra disponible la vacuna de Sinovac para aplicar las primeras dosis a mayores de 30 años."Invitamos a todas las personas que todavía no se han inmunizado para que acudan a los puestos de vacunación. Hay dosis de Sinovac para primer y segunda dosis, también hay dosis de Pfizer y AstraZeneca para segunda aplicación", señaló el funcionario. Se espera que en próximas horas lleguen más de 150.000 vacunas de Moderna a Santander. A Santander han llegado 1.483.303 vacunas COVID-19 de las farmacéuticas Sinovac, AstraZeneca, Janssen y Pfizer.
El Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, explicó en Mañanas BLU las razones por las que Musa Besaile fue expulsado de esta jurisdicción."La sala no encontró que sus supuestos aportes a la verdad sean relevantes en su caso, eran generalidades. Quienes no hacen aportes a la verdad resultad expulsados por un incidente de incumplimiento. La JEP no puede ser un escampadero de políticos", enfatizó el presidente de la Justicia Especial de Paz en BLU Radio."Se limitó a repetir lo que ya había señalado"El magistrado Cifuentes dijo que la información que reveló Besaile "no era exacta ni concreta".¿Podría volver a la JEP Musa Besaile si decide hablar con la verdad?"Solo en Cien Años de Soledad hay oportunidad para este señor", aseveró el magistrado Cifuentes.Escuche la entrevista completa aquí:
La Secretaría Distrital de Educación alertó a la ciudadanía sobre colegios y jardines ilegales en la ciudad.Hernán Trujillo, director de inspección y vigilancia, asegura que la Secretaría Distrital de Educación está trabajando en sanciones para evitar que más de 100 mil personas sean estafadas “La campaña ‘estudia Legal’, busca combatir la ilegalidad y ofrecer información para que las familias no sean engañadas a la hora realizar procesos de matrícula en los sistemas educativos”.La Secretaría de Educación además lleva a cabo capacitaciones para orientar a las personas que pretenden constituir un establecimiento educativo y a la comunidad en general respecto de la importancia de prestar el servicio de educación en condiciones de calidad y legalidad.Así mismo, la entidad hace un llamado a la comunidad a denunciar estos colegios y jardines, para evitar los sobre costos y repetir los años cursados ya que los diplomas obtenidos en estas instituciones no tienen validez.Para verificar si una institución educativa presta servicio legal en la capital, puede hacer clic en el siguiente enlace de la Secretaría de Educación.»» Haga clic aquí ««Por: Paula Galeano
Un posible caso de discriminación contra una mujer afrocolombiana se habría presentado en un almacén de telas del norte de Barranquilla, según denunció la propia afectada, Marbel Romero Licona, una líder de su comunidad en la ciudad.De acuerdo con el testimonio de Romero Licona, un vendedor del almacén Lafayette, ubicado en la carrera 52 entre calles 72 y 74, hizo un comentario ofensivo sobre su condición económica asociado a su color de piel."¿De dónde va a tener esa negra plata para comprar telas?", fue la frase que, según la mujer, le escuchó al vendedor cuando ella salía del establecimiento tras preguntar por unas telas.Romero, quien se decida a la confección de uniformes y otras prendas de vestir, afirma que todo comenzó cuando le pidió al vendedor una muestra de una tela para enseñársela a un cliente, ya que había algunas diferencias con la original.El vendedor le respondió que valía 50.000 pesos, ante lo que ella comentó que había ido otras veces a ese almacén, antes de la pandemia, y nunca había tenido inconveniente. Luego se enteró de que la administración había cambiado."No quise discutir con él y me retiré. En el momento en que yo me voy él dice: '¿De dónde va a tener esa negra plata para comprar telas?', recordó.Marbel Romero, que la mayor parte del tiempo luce turbantes y atuendos coloridos, afirma que es "orgullosamente negra" y que lo que la ofendió fue la asociación discriminatoria.La ONG Confluencia de Mujeres realizó la queja ante el almacén de cadena, que anunció una investigación interna."Si durante la experiencia vivida por la señora Romero hubiere ocurrido algo diferente que le haya ocasionado los sentimientos que ustedes nos refieren, no hay duda de que esta organización rechaza dicha conducta y presenta las excusas públicas solicitadas en su escrito”, señala la repuesta del almacén.
