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La Corte Suprema concedió este martes, 12 de julio, la libertad condicional de María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS, quien fue investigada por seguimientos ilegales, más conocidos como chuzadas, desde esta entidad.
Según la Corte, no es necesario que la exdirectora termine de pagar la pena en establecimiento de reclusión, pues ya cumplió las tres cuartas partes en centro carcelario y ha tenido una buena conducta.
María del Pilar Hurtado fue condenada por la Corte Suprema y paga una pena de 14 años de prisión por el famoso escándalo de las chuzadas del DAS por los seguimientos y llamadas a periodistas, defensores de Derechos Humanos, oposición, entre otros. Los delitos cometidos fueron durante el Gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, en los años 2007 y 2008.
“Entre los años 2007 y 2008 se desplegaron diferentes comportamientos al margen de la ley por parte del director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, doctor Bernardo Moreno Villegas, y la directora del DAS, María del Pilar Hurtado Afanador, principalmente en contra de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y algunos miembros del Congreso de la República, a quienes se catalogó como blancos políticos, al igual que contra un periodista y un abogado”, precisa la sentencia.
Durante el año 2008 y los primeros meses del año 2009, el DAS, a través de la subdirección de Fuentes Humanas, infiltró al Alto Tribunal, a través de sus propios empleados, quienes fueron reclutados por la detective Alba Luz Flórez Gélvez como informantes, obtuvieron grabaciones ilegales de las sesiones reservadas de la Sala Plena, copias de expedientes sobre la "parapolítica", algunas diligencias e información personal de los magistrados y sus equipos de apoyo investigativo, así como de algunas actividades que se desarrollaban al interior del Alto Tribunal.
En marzo y abril de 2008, concretamente, la directora María del Pilar Hurtado Afanador ordenó a sus funcionarios desplegar operaciones "a cubierta" para verificar información sobre firmas y algunos predios en notarías de la ciudad del entonces magistrado César Julio Valencia Copete y su abogado Ramiro Bejarano Guzmán, de acuerdo con requerimientos de información.
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