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Gas Natural Fenosa (GNF) solicitó a Colombia un diálogo de seis meses, al amparo del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones firmado entre ese país y España, para encontrar "soluciones integrales" para la eléctrica Electricaribe, que presta servicio en la costa atlántica.
Gas Natural SDG S.A. y Gas Natural Fenosa Electricidad Colombia S.L.(GNF), en su calidad de inversionistas extranjeros, "han notificado formalmente la existencia de una controversia con la República de Colombia", señala un comunicado de la compañía, con sede en Barcelona, al cual tuvo acceso Efe.
"En este contexto, GNF no ha interpuesto ninguna demanda; ha solicitado que se dé inicio a la etapa de seis meses para el arreglo amistoso previsto en el Acuerdo" sobre Electricaribe, que tiene grandes problemas en la prestación de su servicio.
La compañía española ha reiterado "su intención de continuar dialogando de buena fe con el Estado colombiano para llegar a una solución integral que reconozca los intereses de todos los afectados, incluyendo a la población de la región caribe", señala la información.
La Electrificadora del Caribe (Electricaribe), que distribuye y comercializa electricidad en siete departamentos de la costa atlántica de Colombia, región en la que atiende a 2,5 millones de clientes, es objeto de protestas desde hace varios meses por las fallas en el servicio.
El pasado jueves, gobernadores de la costa atlántica reunidos en Cartagena de Indias pidieron al Gobierno la intervención de Electricaribe, aunque eso afecte a las relaciones con España.
"Si las relaciones (diplomáticas) se van a romper con España, por parte del Caribe, pues que se rompan", dijo el gobernador del departamento de Bolívar, Dumek Turbay, anfitrión de un encuentro celebrado en Cartagena.
Las compañías del grupo Gas Natural, que tienen una participación accionarial del 85 % en Electricaribe señalaron que las "soluciones integrales" deben garantizar "la sostenibilidad de la prestación del servicio en la costa caribe".
Gas Natural destacó que Colombia es un mercado en crecimiento que para muchas compañías es un centro de operaciones, y por eso "la protección a los inversionistas es condición indispensable para que recursos del exterior continúen llegando y se destinen al desarrollo del país".
Entre los problemas que afectan la prestación del servicio de Electricaribe está el alto número de conexiones ilegales y el impago de grandes clientes, entre ellos entidades de los departamentos.
Según un estudio reciente de la Defensoría del Pueblo, la deuda de los entes territoriales de los departamentos con esta compañía, que supera los 18.000 millones de pesos (unos 5,2 millones de euros), "implica un riesgo para la prestación del servicio" en La Guajira, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Cesar y Magdalena.
Entre los clientes morosos están hospitales y escuelas a quienes la ley colombiana no permite que se les suspendan los servicios básicos, con lo cual a las pérdidas millonarias por impago y por las conexiones ilegales se suma un problema de regulación.
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