Luego de 13 horas de reunión, finalmente hubo acuerdo, a las 3:00 de la mañana de este miércoles, entre las autoridades tradicionales del pueblo wayúuy representantes del Gobierno Nacional, ante el reclamo de esta comunidad indígena por la inacción gubernamental por la muerte de niños con desnutrición.
Por esto, fue pactada una ruta de trabajo con 13 puntos, con la que el gobierno se comprometió a darle cumplimiento a las sentencias judiciales nacionales y a las de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en medio de una deuda histórica que la misma viceministra para el diálogo social, Lilia Clemencia Solano, reconoció ante la comunidad.
“Con dolor y con vergüenza que venimos hoy por los años de atraso porque, aunque somos un gobierno muy reciente, de todas formas esta es una enorme responsabilidad la que tenemos. Como lo han dicho ustedes, es una batalla a muerte la que se ha dado en el corazón más sensible de un pueblo, que es la muerte de niños”, indicó en medio del diálogo Solano.
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A los compromisos también se suma la elaboración de una política pública que permita maximizar el ejercicio de los derechos económicos de esta etnia que vive entre Colombia y Venezuela, y la ubicación de mesas técnicas que garanticen suficiente oferta educativa en las zonas de la alta Guajira y control permanente a los estados de nutrición de los niños por parte del ICBF.
A su vez, a partir del 5 de febrero deberán iniciar espacios de diálogos permanentes para hacer vigilancia y seguimiento al cumplimiento de los acuerdos.
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Con esto, quedará libre la circulación de vehículos a partir de este miércoles 25 de enero por las vías que conectan a La Guajira con Magdalena, Cesar y la frontera.
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