La Contraloría General de la República, a través de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, imputó responsabilidad fiscal por más de $202.767 millones contra dos EPS, el representante legal de una IPS Pública, tres uniones temporales prestadoras de servicios y tres exgobernadores de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
De acuerdo con el ente de control, en uno de los casos, los investigados habrían incurrido en irregularidades al recibir recursos del Adres por más de 94.000 millones de pesos, los cuales no se vieron representados en servicios de salud para sus usuarios en las islas y a su turno las EPS giraron a las uniones temporales prestadoras de servicios $2.905.830.271, los cuales tampoco se vieron representados en prestación de servicios de salud durante esas vigencias.
El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, señaló que no se puede ser condescendiente frente a las dificultades de atención de los pacientes.
“Esta es una cifra inaudita, incluso para nosotros en la Procuraduría, hablar de una cifra cercana a los 203.000 millones es una cifra muy fuerte para San Andrés y no es compasible ni condescendiente frente a las dificultades que se han venido presentando y, por esta razón, queremos anunciar que este ejercicio que estamos haciendo lo vamos a continuar haciendo en todo el territorio nacional”, indicó el contralor.
Asimismo, la Contraloría General de la República advirtió que se giraron $16.293.645.185 por concepto de subsidio de la oferta en salud cuando la operación en el archipiélago no era deficitaria.
Igualmente, encontró que se pagaron $87.172.819.868 a la IPS pública que no estaba habilitada en ese departamento para prestar servicios de salud ni tampoco tenía contratos suscritos con las EPS para estas vigencias.
Por otra parte, se estableció que se le han dejado de pagar a la Gobernación de San Andrés $824.336.362, como contraprestación por la entrega de la infraestructura hospitalaria a la IPS Pública mediante el contrato interadministrativo celebrado entre ambas partes.
Finalmente, la CGR pudo constatar que la Gobernación de San Andrés suscribió un contrato de consulta médica tele asistida con una IPS privada, cuando dichos servicios estaban contenidos dentro del contrato interadministrativo, constituyéndose en una contratación paralela por $633.611.856.
Las irregularidades en la utilización de los recursos se habrían presentado entre las vigencias comprendidas entre los años 2017 a enero del 2021.
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