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Como un "gasto innecesario" catalogó la Contraloría el pago de $1080 millones por parte de Invías, en honorarios y gastos del Tribunal de Arbitramento, en medio de su defensa durante los alegatos que presentó el contratista Sacyr por presuntos sobrecostos que no estaban siendo asumidos por el Estado en la construcción del nuevo puente Pumarejo y que ascendían a $133 mil millones.
De acuerdo con Carlos Mario Zuluaga, contralor en funciones, la entidad hizo caso omiso a la directiva presidencial 04 de 2018 y a las recomendaciones de la oficina jurídica sobre los gastos en los que podía incurrir en medio de su defensa, lo que derivó en un hallazgo fiscal que constituye "una gestión antieconómica de los recursos públicos".
"Hay una directiva presidencial que establece unas condiciones que deben cumplirse y someter a consideración las condiciones bajo las cuales deben atenderse las circunstancias litigiosas. No era conveniente gastar unos recursos en tribunales de arbitramento. El Invías gastó 1080 millones que no debieron hacer. Lo más probable es que en las próximas semanas se adelantara un proceso de responsabilidad fiscal por este proceso", explicó.
Es importante recordar que el pasado 13 de abril hubo el Tribunal de Arbitramento emitió su laudo con el que negó las pretensiones del contratista, con lo que exoneró al estado del millonario pago que superaba los $130 mil millones.
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