Agilizar los trámites de la licencia ambiental del macroproyecto del Canal del Dique es el llamado vehemente que al unísono hicieron el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, y los alcaldes de Luruaco, Campo de la Cruz, Candelaria, Manatí, Repelón, Sabanalarga, Santa Lucía y Suan.El gobernador recordó que “la ANI LA solicitó que el proyecto debe contar con licencia ambiental, pero Cormagdalena, el dueño del instrumento ambiental, impugnó dicha resolución”. Criticó que “hasta el momento la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) no se ha pronunciado sobre esta impugnación, lo que sigue retrasando y perdiendo tiempo valioso para el inicio del proyecto”."Estamos requiriendo una acción urgente por parte del Ministerio de Ambiente, para que expidan de una vez los términos de referencias para poder iniciar los trámites de la licencia ambiental del megaproyecto 'Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique'", agregó el gobernador del Atlántico.El pronunciamiento de Verano se dio durante una audiencia pública en Barranquilla sobre la socialización del proyecto 'Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique', el cual tiene como objetivo evidenciar las acciones y planes de contingencia frente a la llegada del Fenómeno de La Niña a esta zona del país.Allí, la Agencia Nacional de Infraestructura también expresó que está a la espera de que la ANLA se pronuncie frente al tema del licenciamiento ambiental para poder proceder. Además. se dio el pronunciamiento de Carolina Barbanti, vicepresidenta de Gestión Contractual de la ANI."Igualmente, desde el Ministerio del Ambiente hemos contado con la disposición de la señora ministra, para poder trabajar de manera expedita en las situaciones que se presenten y lo más importante es evitar que se presenten emergencias como inundaciones, y el tema de licenciamiento, la semana entrante una vez definido podemos proceder.". dijo.El megaproyecto, que le fue adjudicado a la empresa Sacyr el 7 de diciembre de 2022, está contemplado para ser ejecutado por etapas, en un período estimado de 15 años y con una inversión 3,1 billones de pesos, recursos distribuidos entre obras, operación y mantenimiento.
Según el Concesionario Sacyr, tras la finalización de la fase constructiva del proyecto, la cual está estimada para el año 2028, se espera la obtención de un balance de las principales condiciones ambientales (ecosistémicas, sociales y económicas) del Canal del Dique, que impactarán la adaptación de la obra al cambio climático.Por ejemplo, se espera un aumento del 10% en los caudales del Río Magdalena a la altura de Calamar en los próximos 100 años, por lo que las compuertas, diques y esclusas tienen como finalidad proteger a la población del riesgo de inundación.Además de un aumento del nivel del mar que puede incrementar la intrusión salina y la salinización de zonas bajas del delta particularmente en el Parque Santuario de Flora y Fauna "El Corchal", por este motivo, se llevará a cabo la construcción de la esclusa de cierre de Puerto Badel y el aumento de caudal en Caño Correa, ambas medidas son parte del proyecto y buscan salvaguardar el suministro de agua dulce para los habitantes de la región.En síntesis el proyecto busca que se cumplan los siguientes puntos:1. Regulación activa del ingreso de caudales al sistema del Canal del Dique. 2. Control de tránsito de sedimentos entre el Canal del Dique y las bahías de Cartagena y Barbacoas.3. Control de inundaciones y control de niveles de agua en el Canal del Dique.4. Prevención de los efectos que se derivan del cambio climático.5. Control de la intrusión salina para salvaguardar el suministro de agua dulce para los habitantes de la región.6. Mejoramiento de las conexiones ciénaga - ciénaga y ciénaga - canal. 7. Aseguramiento del recurso hídrico del Canal del Dique para agua potable, riego, ganadería, pesca y otros servicios. 8 Restauración de los ecosistemas Parques Nacionales y Naturales de Corales del Rosario y San Bernardo y el Santuario de Fauna y Flora El Corchal "El Mono Hernández".9. Restauración de rondas de ciénagas, caños y Canal del Dique.10. Mantener la navegación fluvial. Por otra parte, para el mejoramiento de las conexiones ciénaga - ciénaga y ciénaga - canal, se realizarán obras hidráulicas como canales, compuertas y paso de peces, todas ubicadas en las ciénagas. Respecto al aseguramiento del recurso hídrico para obtención de agua potable, riego, ganadería, pesca y otros servicios se implementará la operación de las compuertas de control en Calamar. La restauración de rondas de ciénagas y caños se realizará principalmente con actividades de protección de orillas y para mantener la navegación fluvial, son idóneos los dragados y esclusas.
Según los representantes del proyecto, entre las obligaciones principales del concesionario está acompañar y prevenir situaciones que pueden generar riesgo, tanto para las obras como a las comunidades alrededor, por lo cual se ha hablado con la comunidad para conocer sus principales preocupaciones alrededor del proyecto y su estilo de vida, dado que el proyecto no solo busca mejorar los ecosistemas sino también generar empleo de mano de obra alrededor de la mega construcción. Se estima, además, se podrían generar alrededor de 60.000 nuevos empleos con el Proyecto Ecosistemas del Dique entre los que se incluyen nuevas zonas agrícolas, rehabilitación de territorios clave para el mejoramiento de la pesca y la mano de obra que se utilizará antes, durante y posterior a la realización del proyecto, además de buscar la mitigación de las inundaciones para mantener a salvo a las poblaciones aledañas.Para llegar a esta conclusión Sacyr de la mana de la ANI ejecutó durante meses mesas de diálogo de agenda abierta para que el proyecto cubriera las expectativas de los pobladores y así generar oportunidades de desarrollo e inclusión. Son 19 los municipios que están alrededor de los 116 kilómetros del Canal del Dique, los cuales resultarán beneficiados de las obras de este proyecto de interés nacional que, además, incluye la restauración ecológica y la mejora de la navegabilidad sobre las aguas que conectan a Calamar con la Bahía de Cartagena.
Como un "gasto innecesario" catalogó la Contraloría el pago de $1080 millones por parte de Invías, en honorarios y gastos del Tribunal de Arbitramento, en medio de su defensa durante los alegatos que presentó el contratista Sacyr por presuntos sobrecostos que no estaban siendo asumidos por el Estado en la construcción del nuevo puente Pumarejo y que ascendían a $133 mil millones. De acuerdo con Carlos Mario Zuluaga, contralor en funciones, la entidad hizo caso omiso a la directiva presidencial 04 de 2018 y a las recomendaciones de la oficina jurídica sobre los gastos en los que podía incurrir en medio de su defensa, lo que derivó en un hallazgo fiscal que constituye "una gestión antieconómica de los recursos públicos". "Hay una directiva presidencial que establece unas condiciones que deben cumplirse y someter a consideración las condiciones bajo las cuales deben atenderse las circunstancias litigiosas. No era conveniente gastar unos recursos en tribunales de arbitramento. El Invías gastó 1080 millones que no debieron hacer. Lo más probable es que en las próximas semanas se adelantara un proceso de responsabilidad fiscal por este proceso", explicó. Es importante recordar que el pasado 13 de abril hubo el Tribunal de Arbitramento emitió su laudo con el que negó las pretensiones del contratista, con lo que exoneró al estado del millonario pago que superaba los $130 mil millones. Le puede interesar:
El Estado colombiano se libró de pagar más de 130.000 millones de pesos al Consorcio SES Puente Magdalena, que se encargó de la construcción del puente Pumarejo en la vía que conduce de Barranquilla a Santa Marta.En 2021, el consorcio colombochileno, del que hace parte la constructora Sacyr, recurrió por segunda vez a un tribunal de arbitramento para exigir al Invías el pago de $133.104 millones para, según ellos, resarcir presuntos costos adicionales que le tocó asumir en las obras del puente Pumarejo.La constructora afirmó que hubo incumplimiento del contrato por parte del Invías, lo mismo que un desequilibrio económico. Según Sacyr, en el año 2015 la compañía se vio obligada a rediseñar los planos de toda la estructura, lo que hizo que el valor de la obra pasara de $615.000 millones, como se había adjudicado, a $800.000 millones.Sin embargo, este jueves el tribunal de arbitramento falló a favor del Estado colombiano y, de esta manera, evitó el pago de esta multimillonaria indemnización.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
Continúan generándose reacciones en torno a la propuesta presentada por el Gobierno Nacional frente al cobro por concepto de valorización sobre el desarrollo de las obras contenidas en la APP del Canal del Dique, a la que se suman voces de los alcaldes del sur del Atlántico, quienes han asegurado que se debe tener mayor claridad con el tema, en aras de conocer el impacto que podría tener en las comunidades. Es así como la próxima semana se llevará a cabo una reunión conjunta entre cinco alcaldes del sur del Atlántico: Repelón, Campo de La Cruz, Manatí, Santa Lucía y Suán, con el objetivo de estructurar un documento que será enviado al presidente de La República, Gustavo Petro, el cual contará con el aval de los alcaldes de algunos municipios de Bolívar, que posiblemente se puedan ver cobijados con el cobro. El alcalde de Campo de La Cruz, Richard Gómez, sostuvo que la decisión del Gobierno Nacional podría tener un impacto negativo en los municipios del sur del Atlántico debido a las dinámicas de pobreza que se registran para pequeños ganaderos y agricultores, lo que agravaría la situación económica de los pueblos, pues la mayoría de las familias no cuentan "ni siquiera con una unidad agrícola establecida"."Ellos pueden venir y corroborar que aquí las familias no tienen, en su mayoría, ni siquiera una unidad agrícola. Nosotros no contamos con grandes terratenientes, por eso estamos solicitando claridad en el tema y pedimos un encuentro con el presidente Gustavo Petro", expresó en diálogo con Blu Radio.Rehúsen Martínez, alcalde de Santa Lucía, Atlántico, sostuvo que "no existe claridad referente al cobro por concepto de valorización debido a la alta especulación que se ha generado por el tema", advirtiendo que los municipios del sur del departamento no cuentan con grandes cantidades de tierra.En tal sentido, esperan que antes del día miércoles de la próxima semana se pueda definir una fecha conjunta para establecer la hoja de ruta que tendrá la solicitud, la cual posiblemente se dé en el municipio de Santa Lucía, a la que arribarían alcaldes de los municipios de Bolívar. Le puede interesar:
Entre aplausos y cuestionamientos continúan moviéndose las reacciones en torno a la adjudicación de la APP del Canal del Dique por líderes en el sur del Atlántico. Esto luego de que la ANI decidiera entregarle en sus manos a la empresa Sacyr, el contrato de ejecución de las obras de mitigación y recuperación del afluente sobre la tarde de este miércoles en una audiencia pública desarrollada en Bogotá.Mientras que algunos líderes "ven con buenos ojos" que finalmente el Canal del Dique sea intervenido y restaurado para evitar una catástrofe ambiental por cuenta de los altos niveles; otros son los que siguen cuestionando la adjudicación a la empresa Sacyr, la cual, aseguran, no contaría con capacidad técnica en proyectos ambientales. Al menos es la posición que comparte William Lastra, presidente de las comunidades en el sur del Atlántico, quien asegura que el contrato se lo dieron "al mejor postor", pues considera que un proyecto de tal envergadura no puede quedar en manos de amiguismos para pagar favores políticos. "Esa empresa Sacyr no nos genera confianza porque no hay antecedentes técnicos de que haya desarrollado proyectos ambientales como una APP, sobre todo en el Canal del Dique. No queremos obras porque sí, pues lo que buscamos es que se desarrollen de manera adecuada para garantizar la tranquilidad de las comunidades a largo plazo", dijo.Otros líderes como Gustavo de la Rosa, inspector en el sur del Atlántico, aseguraron que el Canal del Dique cuenta con 12 puntos críticos que deben ser atendidos de manera inmediata para evitar posibles inundaciones ante los niveles de sus aguas, sin dejar de lado tampoco la preocupación que le genera la empresa Sacyr por la nula experiencia en megaproyectos ambientales."La compañía tiene el gran reto de comenzar a hacer las obras de mitigación que venimos reclamando en los doce puntos críticos que hemos identificado que continúan amenazando con inundaciones de manera inmediata. El proceso de intervención no debe dar espera, pues aunque disminuyeron las lluvias para este mes, estas seguirán hasta el otro año", señaló.Cabe recordar que el proyecto cuenta con una longitud total de 116 kilómetros entre Calamar y la bahía de Cartagena. La ejecución de las obras incluye, entre otros, un sistema de esclusas y compuertas para evitar la entrada no controlada de grandes cantidades de sedimentos y caudal. Asimismo, tanto la ejecución de la mega-obra como su respectiva operación y mantenimiento se hará a través de una concesión que tendrá un plazo de 15 años y, según los cálculos, se pronostica la generación de 61.766 empleos entre directos e indirectos en la zona.Otro compromiso adicional se adelanta con víctimas del conflicto armado en el área de influencia del proyecto, ya que en cumplimiento del auto emitido por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la ANI avanza en la conformación de la Mesa Técnica para el diseño y redacción del protocolo arqueológico forense de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en marco del conflicto armado.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca cómo ha sido la oposición de Álvaro Uribe en los 100 días del Gobierno de Petro:
Sacyr Concesiones Colombia S.A.S se quedó con la licitación para la construcción del corredor Buga - Buenaventura, un contrato que contempla inversiones de 4.05 billones de pesos.Sacyr obtuvo un mayor puntaje que su competidor, una filial de Corficolombiana, porque presentó una propuesta económica con mayor puntaje y, además, acudió a un criterio de desempate: argumentó que es una mediana empresaEste es el último gran contrato que entrega la administración de Iván Duque. El proyecto contempla 128 kilómetros de vía, de los cuales 116.1 serán en doble calzada.Según la propuesta de Sacyr, el Gobierno colombiano aportará vigencias futuras por 1.25 billones para las obras.Sacyr además es el único proponente en el proyecto del Canal del Dique cuya adjudicación fue aplazada para el 12 de agosto. Según la Agencia Nacional de Infraestructura la propuesta de Sacyr para ese proyecto cumple con todos los requisitos establecidos por ley.Escuche el podcast El Camerino:Le puede interesar:
Se cayó la audiencia de adjudicación del Canal del Dique, reprogramada a última hora por la ANI para llevarse a cabo este viernes 5 de agosto a las 3:00 de la tarde. Una advertencia de la Contraloría fue clave para la toma de la decisión que maqrca un nuevo revés para el saliente gobierno de Iván Duque. El Canal del Dique, una APP de iniciativa pública con recursos públicos, tiene una licitación enorme, no solo en recursos sino en complejidad: el proyecto tiene una longitud total de 115,5 km que abarcan la hidrovía entre el municipio de Calamar y la bahía de Cartagena.Sacyr Concesiones Colombia SAS fue la única empresa que se presentó a la licitación del Canal del Dique, megaproyecto con una destinación de recursos por más de 3.1 billones de pesos.Según el cronograma de la ANI el contrato quedaría adjudicado este 4 de agosto, tres días antes del cierre de gobierno. La firma del contrato estaba programada para el 18 de agosto. Por tanto, la administración Duque no podrá dejar en firme el megaproyecto y quedó en manos del gobierno del gobierno de Gustavo Petro que tomará posesión este 7 de agosto. El gobierno de Petro ha manifestado sus reparos al proyecto y de hecho la futura ministra de Ambiente, Susana Muhamad, pidió la suspensión del mismo.
Sacyr podría quedarse no solamente con la licitación del Canal del Dique sino también con la del corredor Buga-Buenaventura, de acuerdo con el informe preliminar de evaluación que Konfirma preparó para ANI.El reporte muestra que tanto Sacyr como Prodevivalle (Corficolombiana) cumplen con todos los requisitos establecidos por la ANI. Además, las dos compañías obtuvieron el mismo puntaje: 200 puntos. Sin embargo, solamente Sacyr acreditó un criterio para el desempate:“El proponente aporta anexo suscrito por Jesús Rodríguez Robles en calidad de representante legal y Alejandro Umaña Ocampo en calidad de revisor fiscal, en donde se declara bajo gravedad de juramento que la sociedad se encuentra clasificada como mediana empresa”, señala el informeEl proyecto Buga Buenaventura es una concesión de quinta generación (5G) que contempla inversiones superiores a los 4 billones de pesos.De acuerdo con el cronograma de la licitación se adjudicará este 5 de agosto.Le puede interesar. Escuche el podcast El mundo hoy:
El Juzgado 804 Transitorio de Familia de Bogotá concedió una acción de tutela y ordenó al presidente Abelardo De La Espriella abstenerse, en ejercicio de sus funciones, de participar en actos religiosos que impliquen adhesión o identificación del Estado con una confesión determinada.La decisión fue adoptada al resolver una tutela presentada por el ciudadano Julio Jair Mizger Díaz, quien alegó la vulneración de sus derechos a la libertad de conciencia, la libertad de cultos y el principio de laicidad del Estado.El caso se originó por los hechos ocurridos el 29 de agosto en la Plaza de Bolívar, durante la denominada “Gran velatón por las víctimas del terremoto”, convocada por el Gobierno Nacional para recaudar ayudas tras el sismo del 10 de agosto. Según el accionante, durante el evento se realizaron actos propios de la religión católica que excluyeron a otras confesiones y a personas no creyentes.En la tutela se afirmó que el presidente participó en la “coronación de una estatua de la Virgen de Fátima” y que, además, habría entregado la Nación a Cristo. El ciudadano sostuvo que el evento fue convocado y difundido a través de canales oficiales del Estado, lo que le otorgó un carácter institucional.El juez estudió ambos aspectos por separado. Tras revisar el material audiovisual, concluyó que la participación del mandatario en la imposición de una corona a la imagen religiosa excedió los límites de neutralidad que exige la Constitución a las autoridades públicas.En el fallo se señala que “el principio de neutralidad religiosa exige que las autoridades públicas se abstengan de identificarse o realizar actos oficiales de adhesión, incluso simbólicos, a una determinada religión o confesión”. El juez agregó que, aunque el evento tenía una finalidad pública relacionada con la solidaridad hacia las víctimas del terremoto, “la actuación específica del señor Presidente desbordó dicha finalidad”.La decisión también precisa que el mandatario no actuó en una esfera estrictamente personal, sino en su calidad de jefe de Estado y durante un evento oficial. Por ello, el juzgado consideró que la participación presidencial proyectó una adhesión simbólica del Estado a una confesión religiosa determinada.En contraste, el despacho concluyó que no se acreditó que el presidente hubiera pronunciado la frase sobre la entrega de la Nación a Cristo. Al revisar el video, determinó que esa expresión fue realizada por otra persona y no podía ser atribuida al mandatario.El juez negó otras solicitudes del accionante, entre ellas una reparación simbólica mediante una declaración pública y el envío de copias a la Procuraduría para una eventual investigación disciplinaria.La providencia es de primera instancia y puede ser impugnada.
Un joven sobrevivió a una fuerte descarga eléctrica cuando, presuntamente, intentaba hurtar cables en el sector del retorno de Viveros, en la vía hacia el retén, en Barrancabermeja. El hombre quedó atrapado entre una maraña de cables, con quemaduras visibles en diferentes partes del cuerpo y una posible fractura en una de sus piernas.De acuerdo con versiones conocidas en el lugar, dos personas habrían subido a un poste para intentar apoderarse de varios cables. Sin embargo, tras producirse la primera descarga eléctrica, una de ellas habría logrado escapar, mientras que su compañero quedó atrapado entre los conductores.El joven permaneció durante varios minutos en el lugar, expuesto a las consecuencias de la descarga y con lesiones de consideración. La gravedad de las posibles afectaciones internas deberá ser determinada por los profesionales de la salud.Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja acudieron al sitio y, mediante el uso de una escalera, lograron llegar hasta el hombre, liberarlo de los cables y descenderlo en una camilla.Posteriormente, fue trasladado al Hospital Regional del Magdalena Medio, donde quedó bajo atención médica para establecer la gravedad de las quemaduras y determinar si presenta lesiones internas como consecuencia de la descarga eléctrica.Por ahora, se presume que el incidente involucró una línea de media tensión. Sin embargo, las autoridades y la Electrificadora de Santander responsable del servicio deberán establecer la magnitud exacta de la energía involucrada y las circunstancias en las que se produjo el accidente.El caso vuelve a poner en evidencia los riesgos de manipular redes eléctricas sin las condiciones de seguridad necesarias, especialmente cuando se trata de infraestructura de media tensión en Santander.
Más de 100 kilos de material explosivo fueron encontrados en las últimas horas en zona rural de Charta, Santander, en medio de las operaciones que adelantan las autoridades contra estructuras armadas ilegales en el departamento.El hallazgo fue informado por el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, quien explicó que tropas de la Quinta Brigada del Ejército localizaron el material y adelantan el procedimiento de incautación, además de las investigaciones para establecer su procedencia y posible uso.De acuerdo con las primeras informaciones entregadas por las autoridades, los explosivos pertenecerían, al parecer, a una estructura del ELN que tiene presencia en la región.“Ante la ofensiva contra las estructuras criminales ubicaron unos explosivos que están en proceso de incautación en este momento y haciendo ese respectivo proceso de investigación”, explicó Hernández.El funcionario señaló que en el procedimiento participan diferentes componentes de las autoridades y que se realizará el respectivo acompañamiento institucional mientras avanzan las investigaciones.Este nuevo operativo ocurre pocas semanas después de otro importante hallazgo registrado en Charta. El pasado 3 de septiembre, tropas de la Quinta Brigada, en coordinación con la Policía y con apoyo del FBI, localizaron un depósito ilegal en la vereda Ovejera, donde fueron encontrados 250 kilos de explosivo R1.Según las autoridades, ese material pertenecía al Frente de Guerra Nororiental del ELN y estaba oculto cerca de una institución educativa. Por el riesgo que representaba para la comunidad, los explosivos fueron destruidos de manera controlada.En ese momento, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, señaló que con la operación se evitó que el material pudiera ser utilizado contra la población civil, la Fuerza Pública o infraestructura estratégica. También indicó que los explosivos podrían haber sido destinados a actividades relacionadas con minería ilegal.Con el nuevo hallazgo, las autoridades mantienen las operaciones en esta zona del departamento.
En una camilla, con el rostro desencajado, Maricarmen se despide de su hogar. Esta madrileña de 87 años desahuciada el miércoles se ha convertido en símbolo de la crisis del encarecimiento de la vivienda en España.Después de varios años de lucha judicial, esta jubilada perdió la batalla frente a la agencia inmobiliaria que compró el piso que ella ocupaba desde hacía 70 años en el acomodado barrio del Retiro y le subió el alquiler un 275%, hasta los 2.650 euros mensuales.Maricarmen, que se desplaza en silla de ruedas por problemas de movilidad, se vio obligada a abandonar su vivienda, lo que provocó una ola de indignación a nivel nacional."¡Maricarmen, no estás sola!", coreaban decenas de manifestantes congregados frente a su domicilio mientras la octogenaria era llevada a una ambulancia.Explosión de los preciosSu caso ilustra la crisis de la vivienda en España, donde los precios se han disparado y la oferta se ha reducido, en parte por los alquileres turísticos de corta duración, como Airbnb, y los fondos "buitre".En diez años, el precio medio del metro cuadrado en alquiler en el país casi se ha duplicado, alcanzando los 15,1 euros/m² en agosto, según el portal inmobiliario Idealista. Para la compra el precio ronda los 2.355 euros, es decir un 50% más en una década, según cifras oficiales.Madrid encabezó en 2025 y 2026 la clasificación mundial de la red Barnes sobre las ciudades más cotizadas para el sector inmobiliario de lujo. El número de viviendas sociales es tan reducido que algunas se adjudican por sorteo."En Madrid y Barcelona ya casi no quedan pisos por menos de 700 €/mes. El mercado de alquiler empieza en cerca de 1.000 €/mes, lo que precisa de unos ingresos de al menos 2.000 €/mes netos y un importante ahorro para afrontar varios meses de fianza", denuncia la organización de consumidores OCU en un estudio publicado este miércoles."Es muy indignante, ¿no?" Los españoles, sobre todo los jóvenes, están sobrepasados y acusan al gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez y a las autoridades de la Comunidad de Madrid, gobernada por la derecha (Partido Popular, PP).En España, un país muy descentralizado, las autoridades regionales tienen competencia en materia de política de vivienda a nivel local, lo que alimenta las críticas a la oposición conservadora."Creo que es muy indignante, ¿no?", afirmó Pedro Sánchez en rueda de prensa en Nueva York antes de su discurso en la Asamblea General de la ONU."Ver a responsables políticos que (...) con dinero público se permiten el lujo de comprarse áticos con 200 metros de terraza y sin embargo no son capaces de mover un dedo por personas que necesitan de la ayuda de lo público", añadió, apuntando a la presidenta conservadora de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.La izquierda acusa a Ayuso desde hace meses de haber comprado, con fondos públicos, un lujoso ático en el centro de la capital para su uso personal. Ella lo niega.El miércoles por la noche miles de personas se manifestaron simbólicamente bajo las ventanas de la vivienda de Maricarmen, pero también en Barcelona y Oviedo.El jueves, Díaz Ayuso contraatacó recalcando que el desahucio fue "por orden judicial" y acusó al gobierno central de no haber cambiado la ley en los ocho años que lleva en el poder.Gobierno y oposición en ascuas"En un contexto de inflación, de pérdida de poder adquisitivo (...) esta situación no ayuda a ninguno de los partidos", estima Guillermo Fernández Vázquez, profesor en la universidad Carlos III de Madrid."Al PP le viene muy mal (...) que se siga hablando del ático de Ayuso y, además, que se siga hablando con indignación" y al gobierno también "va a pasarle factura" porque "revelan una impotencia enorme", añade.A pocos meses de las elecciones legislativas, Pedro Sánchez prometió presentar de urgencia un nuevo texto en el Parlamento.Pero sin mayoría y debilitado por múltiples casos judiciales, el jefe del gobierno sigue bajo la presión de la oposición y de sus aliados, como el partido de izquierda radical Sumar, que llama a congelar los alquileres.
La policía regional de Cataluña (Mossos d'Esquadra), halló el cadáver de un hombre de 75 años en su casa, donde una mujer y su hija, familiares del fallecido, habían convivido con el cuerpo durante años.Fuentes de los 'Mossos' informaron este jueves a EFE que ayer fueron avisados por los vecinos de la urbanización Can Formiga de Cabrera, en el municipio barcelonés de Cabrera d'Anoia, en la que se encuentra ubicada la casa, de que hacía tiempo que no veían a las personas que vivían en ella, de las que no tenían noticias hacía años, y de que en torno a la vivienda se había acumulado suciedad.Agentes de la policía catalana se personaron en la casa, en la que encontraron a una madre y a la hija, mayor de edad, que no habían salido de la vivienda, como mínimo, desde la pandemia de covid, así como el cadáver de un hombre, propietario del inmueble y familiar de ambas.Las citadas fuentes indicaron que, en la inspección del cuerpo y del lugar no se observaron indicios de que el hombre hubiese muerto de forma violenta, por lo que apuntan a un fallecimiento por causas naturales.Las mismas fuentes precisaron que ayer miércoles se procedió al levantamiento del cadáver, que fue trasladado al instituto de medicina legal en Barcelona.La autopsia del cuerpo, explicaron estas fuentes, permitirá conocer la fecha aproximada del fallecimiento del hombre, que se produjo hace años dado el estado en el que se encontraba el cadáver, así como la causa de la muerte.A partir de este dato, además, se podrá determinar el número mínimo de años en los que madre e hija han convivido en la misma casa con el cadáver.Las dos mujeres, que no están detenidas, están siendo atendidas por los servicios sociales y sanitarios.
