Agilizar los trámites de la licencia ambiental del macroproyecto del Canal del Dique es el llamado vehemente que al unísono hicieron el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, y los alcaldes de Luruaco, Campo de la Cruz, Candelaria, Manatí, Repelón, Sabanalarga, Santa Lucía y Suan.El gobernador recordó que “la ANI LA solicitó que el proyecto debe contar con licencia ambiental, pero Cormagdalena, el dueño del instrumento ambiental, impugnó dicha resolución”. Criticó que “hasta el momento la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) no se ha pronunciado sobre esta impugnación, lo que sigue retrasando y perdiendo tiempo valioso para el inicio del proyecto”."Estamos requiriendo una acción urgente por parte del Ministerio de Ambiente, para que expidan de una vez los términos de referencias para poder iniciar los trámites de la licencia ambiental del megaproyecto 'Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique'", agregó el gobernador del Atlántico.El pronunciamiento de Verano se dio durante una audiencia pública en Barranquilla sobre la socialización del proyecto 'Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique', el cual tiene como objetivo evidenciar las acciones y planes de contingencia frente a la llegada del Fenómeno de La Niña a esta zona del país.Allí, la Agencia Nacional de Infraestructura también expresó que está a la espera de que la ANLA se pronuncie frente al tema del licenciamiento ambiental para poder proceder. Además. se dio el pronunciamiento de Carolina Barbanti, vicepresidenta de Gestión Contractual de la ANI."Igualmente, desde el Ministerio del Ambiente hemos contado con la disposición de la señora ministra, para poder trabajar de manera expedita en las situaciones que se presenten y lo más importante es evitar que se presenten emergencias como inundaciones, y el tema de licenciamiento, la semana entrante una vez definido podemos proceder.". dijo.El megaproyecto, que le fue adjudicado a la empresa Sacyr el 7 de diciembre de 2022, está contemplado para ser ejecutado por etapas, en un período estimado de 15 años y con una inversión 3,1 billones de pesos, recursos distribuidos entre obras, operación y mantenimiento.
Según el Concesionario Sacyr, tras la finalización de la fase constructiva del proyecto, la cual está estimada para el año 2028, se espera la obtención de un balance de las principales condiciones ambientales (ecosistémicas, sociales y económicas) del Canal del Dique, que impactarán la adaptación de la obra al cambio climático.Por ejemplo, se espera un aumento del 10% en los caudales del Río Magdalena a la altura de Calamar en los próximos 100 años, por lo que las compuertas, diques y esclusas tienen como finalidad proteger a la población del riesgo de inundación.Además de un aumento del nivel del mar que puede incrementar la intrusión salina y la salinización de zonas bajas del delta particularmente en el Parque Santuario de Flora y Fauna "El Corchal", por este motivo, se llevará a cabo la construcción de la esclusa de cierre de Puerto Badel y el aumento de caudal en Caño Correa, ambas medidas son parte del proyecto y buscan salvaguardar el suministro de agua dulce para los habitantes de la región.En síntesis el proyecto busca que se cumplan los siguientes puntos:1. Regulación activa del ingreso de caudales al sistema del Canal del Dique. 2. Control de tránsito de sedimentos entre el Canal del Dique y las bahías de Cartagena y Barbacoas.3. Control de inundaciones y control de niveles de agua en el Canal del Dique.4. Prevención de los efectos que se derivan del cambio climático.5. Control de la intrusión salina para salvaguardar el suministro de agua dulce para los habitantes de la región.6. Mejoramiento de las conexiones ciénaga - ciénaga y ciénaga - canal. 7. Aseguramiento del recurso hídrico del Canal del Dique para agua potable, riego, ganadería, pesca y otros servicios. 8 Restauración de los ecosistemas Parques Nacionales y Naturales de Corales del Rosario y San Bernardo y el Santuario de Fauna y Flora El Corchal "El Mono Hernández".9. Restauración de rondas de ciénagas, caños y Canal del Dique.10. Mantener la navegación fluvial. Por otra parte, para el mejoramiento de las conexiones ciénaga - ciénaga y ciénaga - canal, se realizarán obras hidráulicas como canales, compuertas y paso de peces, todas ubicadas en las ciénagas. Respecto al aseguramiento del recurso hídrico para obtención de agua potable, riego, ganadería, pesca y otros servicios se implementará la operación de las compuertas de control en Calamar. La restauración de rondas de ciénagas y caños se realizará principalmente con actividades de protección de orillas y para mantener la navegación fluvial, son idóneos los dragados y esclusas.
Según los representantes del proyecto, entre las obligaciones principales del concesionario está acompañar y prevenir situaciones que pueden generar riesgo, tanto para las obras como a las comunidades alrededor, por lo cual se ha hablado con la comunidad para conocer sus principales preocupaciones alrededor del proyecto y su estilo de vida, dado que el proyecto no solo busca mejorar los ecosistemas sino también generar empleo de mano de obra alrededor de la mega construcción. Se estima, además, se podrían generar alrededor de 60.000 nuevos empleos con el Proyecto Ecosistemas del Dique entre los que se incluyen nuevas zonas agrícolas, rehabilitación de territorios clave para el mejoramiento de la pesca y la mano de obra que se utilizará antes, durante y posterior a la realización del proyecto, además de buscar la mitigación de las inundaciones para mantener a salvo a las poblaciones aledañas.Para llegar a esta conclusión Sacyr de la mana de la ANI ejecutó durante meses mesas de diálogo de agenda abierta para que el proyecto cubriera las expectativas de los pobladores y así generar oportunidades de desarrollo e inclusión. Son 19 los municipios que están alrededor de los 116 kilómetros del Canal del Dique, los cuales resultarán beneficiados de las obras de este proyecto de interés nacional que, además, incluye la restauración ecológica y la mejora de la navegabilidad sobre las aguas que conectan a Calamar con la Bahía de Cartagena.
Como un "gasto innecesario" catalogó la Contraloría el pago de $1080 millones por parte de Invías, en honorarios y gastos del Tribunal de Arbitramento, en medio de su defensa durante los alegatos que presentó el contratista Sacyr por presuntos sobrecostos que no estaban siendo asumidos por el Estado en la construcción del nuevo puente Pumarejo y que ascendían a $133 mil millones. De acuerdo con Carlos Mario Zuluaga, contralor en funciones, la entidad hizo caso omiso a la directiva presidencial 04 de 2018 y a las recomendaciones de la oficina jurídica sobre los gastos en los que podía incurrir en medio de su defensa, lo que derivó en un hallazgo fiscal que constituye "una gestión antieconómica de los recursos públicos". "Hay una directiva presidencial que establece unas condiciones que deben cumplirse y someter a consideración las condiciones bajo las cuales deben atenderse las circunstancias litigiosas. No era conveniente gastar unos recursos en tribunales de arbitramento. El Invías gastó 1080 millones que no debieron hacer. Lo más probable es que en las próximas semanas se adelantara un proceso de responsabilidad fiscal por este proceso", explicó. Es importante recordar que el pasado 13 de abril hubo el Tribunal de Arbitramento emitió su laudo con el que negó las pretensiones del contratista, con lo que exoneró al estado del millonario pago que superaba los $130 mil millones. Le puede interesar:
El Estado colombiano se libró de pagar más de 130.000 millones de pesos al Consorcio SES Puente Magdalena, que se encargó de la construcción del puente Pumarejo en la vía que conduce de Barranquilla a Santa Marta.En 2021, el consorcio colombochileno, del que hace parte la constructora Sacyr, recurrió por segunda vez a un tribunal de arbitramento para exigir al Invías el pago de $133.104 millones para, según ellos, resarcir presuntos costos adicionales que le tocó asumir en las obras del puente Pumarejo.La constructora afirmó que hubo incumplimiento del contrato por parte del Invías, lo mismo que un desequilibrio económico. Según Sacyr, en el año 2015 la compañía se vio obligada a rediseñar los planos de toda la estructura, lo que hizo que el valor de la obra pasara de $615.000 millones, como se había adjudicado, a $800.000 millones.Sin embargo, este jueves el tribunal de arbitramento falló a favor del Estado colombiano y, de esta manera, evitó el pago de esta multimillonaria indemnización.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
Continúan generándose reacciones en torno a la propuesta presentada por el Gobierno Nacional frente al cobro por concepto de valorización sobre el desarrollo de las obras contenidas en la APP del Canal del Dique, a la que se suman voces de los alcaldes del sur del Atlántico, quienes han asegurado que se debe tener mayor claridad con el tema, en aras de conocer el impacto que podría tener en las comunidades. Es así como la próxima semana se llevará a cabo una reunión conjunta entre cinco alcaldes del sur del Atlántico: Repelón, Campo de La Cruz, Manatí, Santa Lucía y Suán, con el objetivo de estructurar un documento que será enviado al presidente de La República, Gustavo Petro, el cual contará con el aval de los alcaldes de algunos municipios de Bolívar, que posiblemente se puedan ver cobijados con el cobro. El alcalde de Campo de La Cruz, Richard Gómez, sostuvo que la decisión del Gobierno Nacional podría tener un impacto negativo en los municipios del sur del Atlántico debido a las dinámicas de pobreza que se registran para pequeños ganaderos y agricultores, lo que agravaría la situación económica de los pueblos, pues la mayoría de las familias no cuentan "ni siquiera con una unidad agrícola establecida"."Ellos pueden venir y corroborar que aquí las familias no tienen, en su mayoría, ni siquiera una unidad agrícola. Nosotros no contamos con grandes terratenientes, por eso estamos solicitando claridad en el tema y pedimos un encuentro con el presidente Gustavo Petro", expresó en diálogo con Blu Radio.Rehúsen Martínez, alcalde de Santa Lucía, Atlántico, sostuvo que "no existe claridad referente al cobro por concepto de valorización debido a la alta especulación que se ha generado por el tema", advirtiendo que los municipios del sur del departamento no cuentan con grandes cantidades de tierra.En tal sentido, esperan que antes del día miércoles de la próxima semana se pueda definir una fecha conjunta para establecer la hoja de ruta que tendrá la solicitud, la cual posiblemente se dé en el municipio de Santa Lucía, a la que arribarían alcaldes de los municipios de Bolívar. Le puede interesar:
Entre aplausos y cuestionamientos continúan moviéndose las reacciones en torno a la adjudicación de la APP del Canal del Dique por líderes en el sur del Atlántico. Esto luego de que la ANI decidiera entregarle en sus manos a la empresa Sacyr, el contrato de ejecución de las obras de mitigación y recuperación del afluente sobre la tarde de este miércoles en una audiencia pública desarrollada en Bogotá.Mientras que algunos líderes "ven con buenos ojos" que finalmente el Canal del Dique sea intervenido y restaurado para evitar una catástrofe ambiental por cuenta de los altos niveles; otros son los que siguen cuestionando la adjudicación a la empresa Sacyr, la cual, aseguran, no contaría con capacidad técnica en proyectos ambientales. Al menos es la posición que comparte William Lastra, presidente de las comunidades en el sur del Atlántico, quien asegura que el contrato se lo dieron "al mejor postor", pues considera que un proyecto de tal envergadura no puede quedar en manos de amiguismos para pagar favores políticos. "Esa empresa Sacyr no nos genera confianza porque no hay antecedentes técnicos de que haya desarrollado proyectos ambientales como una APP, sobre todo en el Canal del Dique. No queremos obras porque sí, pues lo que buscamos es que se desarrollen de manera adecuada para garantizar la tranquilidad de las comunidades a largo plazo", dijo.Otros líderes como Gustavo de la Rosa, inspector en el sur del Atlántico, aseguraron que el Canal del Dique cuenta con 12 puntos críticos que deben ser atendidos de manera inmediata para evitar posibles inundaciones ante los niveles de sus aguas, sin dejar de lado tampoco la preocupación que le genera la empresa Sacyr por la nula experiencia en megaproyectos ambientales."La compañía tiene el gran reto de comenzar a hacer las obras de mitigación que venimos reclamando en los doce puntos críticos que hemos identificado que continúan amenazando con inundaciones de manera inmediata. El proceso de intervención no debe dar espera, pues aunque disminuyeron las lluvias para este mes, estas seguirán hasta el otro año", señaló.Cabe recordar que el proyecto cuenta con una longitud total de 116 kilómetros entre Calamar y la bahía de Cartagena. La ejecución de las obras incluye, entre otros, un sistema de esclusas y compuertas para evitar la entrada no controlada de grandes cantidades de sedimentos y caudal. Asimismo, tanto la ejecución de la mega-obra como su respectiva operación y mantenimiento se hará a través de una concesión que tendrá un plazo de 15 años y, según los cálculos, se pronostica la generación de 61.766 empleos entre directos e indirectos en la zona.Otro compromiso adicional se adelanta con víctimas del conflicto armado en el área de influencia del proyecto, ya que en cumplimiento del auto emitido por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la ANI avanza en la conformación de la Mesa Técnica para el diseño y redacción del protocolo arqueológico forense de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en marco del conflicto armado.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca cómo ha sido la oposición de Álvaro Uribe en los 100 días del Gobierno de Petro:
Sacyr Concesiones Colombia S.A.S se quedó con la licitación para la construcción del corredor Buga - Buenaventura, un contrato que contempla inversiones de 4.05 billones de pesos.Sacyr obtuvo un mayor puntaje que su competidor, una filial de Corficolombiana, porque presentó una propuesta económica con mayor puntaje y, además, acudió a un criterio de desempate: argumentó que es una mediana empresaEste es el último gran contrato que entrega la administración de Iván Duque. El proyecto contempla 128 kilómetros de vía, de los cuales 116.1 serán en doble calzada.Según la propuesta de Sacyr, el Gobierno colombiano aportará vigencias futuras por 1.25 billones para las obras.Sacyr además es el único proponente en el proyecto del Canal del Dique cuya adjudicación fue aplazada para el 12 de agosto. Según la Agencia Nacional de Infraestructura la propuesta de Sacyr para ese proyecto cumple con todos los requisitos establecidos por ley.Escuche el podcast El Camerino:Le puede interesar:
Se cayó la audiencia de adjudicación del Canal del Dique, reprogramada a última hora por la ANI para llevarse a cabo este viernes 5 de agosto a las 3:00 de la tarde. Una advertencia de la Contraloría fue clave para la toma de la decisión que maqrca un nuevo revés para el saliente gobierno de Iván Duque. El Canal del Dique, una APP de iniciativa pública con recursos públicos, tiene una licitación enorme, no solo en recursos sino en complejidad: el proyecto tiene una longitud total de 115,5 km que abarcan la hidrovía entre el municipio de Calamar y la bahía de Cartagena.Sacyr Concesiones Colombia SAS fue la única empresa que se presentó a la licitación del Canal del Dique, megaproyecto con una destinación de recursos por más de 3.1 billones de pesos.Según el cronograma de la ANI el contrato quedaría adjudicado este 4 de agosto, tres días antes del cierre de gobierno. La firma del contrato estaba programada para el 18 de agosto. Por tanto, la administración Duque no podrá dejar en firme el megaproyecto y quedó en manos del gobierno del gobierno de Gustavo Petro que tomará posesión este 7 de agosto. El gobierno de Petro ha manifestado sus reparos al proyecto y de hecho la futura ministra de Ambiente, Susana Muhamad, pidió la suspensión del mismo.
Sacyr podría quedarse no solamente con la licitación del Canal del Dique sino también con la del corredor Buga-Buenaventura, de acuerdo con el informe preliminar de evaluación que Konfirma preparó para ANI.El reporte muestra que tanto Sacyr como Prodevivalle (Corficolombiana) cumplen con todos los requisitos establecidos por la ANI. Además, las dos compañías obtuvieron el mismo puntaje: 200 puntos. Sin embargo, solamente Sacyr acreditó un criterio para el desempate:“El proponente aporta anexo suscrito por Jesús Rodríguez Robles en calidad de representante legal y Alejandro Umaña Ocampo en calidad de revisor fiscal, en donde se declara bajo gravedad de juramento que la sociedad se encuentra clasificada como mediana empresa”, señala el informeEl proyecto Buga Buenaventura es una concesión de quinta generación (5G) que contempla inversiones superiores a los 4 billones de pesos.De acuerdo con el cronograma de la licitación se adjudicará este 5 de agosto.Le puede interesar. Escuche el podcast El mundo hoy:
Durante cerca de cinco horas, más de 530 silleteros y silleteras de Santa Elena llevaron sobre sus espaldas esas enormes composiciones florales por un recorrido de más de 2.4 kilómetros que arrancó pasadas las 2 de la tarde en una jornada en la que la tradición, el trabajo campesino y la creatividad volvieron a convertirse en protagonistas para emocionar a los miles de asistentes propios y foráneos que llegaron a la capital antioqueña para vivir una de sus más importantes tradiciones.La edición de este año también dejó nombres propios: John Jairo Grajales Gómez, de la vereda El Porvenir, se quedó con el título de ganador absoluto del desfile con su silleta tradicional. También había obtenido este mismo premio en 2019."No tengo palabras, demasiado emocionado. Es una labor, es una tradición que la llevo en el corazón por ser. En homenajeado con estos galardones, y bendito dios, a nuestro señor, a los jurados, a todo mundo que está viendo la labor que uno hace. No es fácil, son siete, ocho meses de trabajar duro para poder producir esta silleta y sacarla en la ciudad de Medellín", manifestó Grajales.GanadoresEn otras categorías los ganadores fueron Mateo Londoño Ospina, de la vereda San Ignacio, en la Comercial; en la Monumental el galardón fue para David Santiago Grisales Gómez, de la vereda Piedra Gorda. Mientras tanto, la mejor propuesta en Emblemática correspondió a Juan Gabriel Velásquez Grajales, también de El Porvenir, y de ese mismo lugar del corregimiento, Víctor Julio Ruiz se destacó en la categoría Artística; Isabela Londoño Grajales, de la vereda El Cerro, obtuvo reconocimiento en la categoría Infantil e Isabela Grajales Grajales, de la vereda Piedra Gorda, en Junior.El principal evento de la Feria contó con por segunda vez en la historia de un presidente de la República. Abelardo de la Espriella estuvo acompañado de su familia, del vicepresidente José Manuel Restrepo, el alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador Andrés Julián Rendón."Feliz de estar aquí en Medellín, en este desfile, en esta feria, que es patrimonio de Colombia, pero tenemos que hacerlo patrimonio de la humanidad, y ese es el compromiso", apuntó el jefe de Estado. Por su parte, el vicepresidente Restrepo habló sobre la elección de Medellín para la primera visita oficial de los nuevos mandatarios."Lo que significa enderrama económica para el municipio, para el departamento, en quien se dedica al jardín, en quien hace la silleta, en quienes traen las flores de otros territorios de Colombia. Vincula el país alrededor de las flores. Y las flores, ¿ustedes saben lo que significa incluso en tradición exportadora de Colombia?", aseguró. El vicepresidente Restrepo también destacó que el Desfile de Silleteros es un evento que, además de estar muy arraigado a la tradición antioqueña, es un ícono del país en el mundo."De Colombia, de Antioquia, de Medellín, que hay que acompañar, porque estos estos, estas silletas y los silleteros representan, además, mire la hermosura de lo que significa esta tierra, de lo que tiene Colombia también para mostrarle al mundo. Y tenemos que acompañarlo, esto es una tradición cultural de enorme importancia para el país", expuso Restrepo.Según el alcalde Federico Gutiérrez, durante los 10 días de Feria, la ciudad alcanzó una ocupación hotelera superior al 80% y una derrama económica superior a 60 millones de dólares.
La memoria de Johan Sebastián Durán Guerrero, el joven bumangués de 25 años que murió tras recibir varios disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), empieza a quedar plasmada en las calles de Biddeford, Maine.Dos artistas locales comenzaron a pintar un mural en el centro de esta ciudad para homenajear al colombiano, quien murió el pasado 13 de julio durante un procedimiento de agentes de inmigración. La obra está ubicada en el número 5 de Alfred Street y muestra a Johan junto a su pequeña hija.El mural fue autorizado tanto por los propietarios del edificio como por el negocio que funciona en el lugar, Stem & Vine. Su propietaria, Brianne Emhiser, aseguró que se siente honrada de que la fachada de su establecimiento sea el espacio escogido para mantener viva la memoria del joven colombiano.De acuerdo con los artistas, la obra estaría terminada aproximadamente en las próximas 48 horas.El homenaje se suma a las distintas expresiones de duelo que han surgido en Biddeford desde la muerte de Johan. En los días posteriores al tiroteo, residentes levantaron memoriales improvisados en el sitio donde ocurrió el hecho, mientras familiares, amigos y organizaciones defensoras de los migrantes han reclamado respuestas sobre las circunstancias de su muerte.Johan Sebastián Durán Guerrero había llegado a Estados Unidos en busca de oportunidades y se había establecido en Biddeford junto con su familia. Era padre de una niña de tres años y, según organizaciones de apoyo a migrantes, contaba con autorización para trabajar y un número de Seguro Social.El 13 de julio, Johan salió de su vivienda en un vehículo cuando fue interceptado por agentes de ICE. La versión oficial sostiene que el joven intentó escapar y que habría dirigido el automóvil hacia uno de los funcionarios, quien entonces disparó al considerar que existía una amenaza para su seguridad.Sin embargo, el caso ha estado rodeado de cuestionamientos. El senador independiente Angus King afirmó que, de acuerdo con información del Departamento de Seguridad Nacional, Johan no era el objetivo de la operación. Además, se ha señalado que los agentes involucrados no portaban cámaras corporales. La Fiscalía General de Maine mantiene abierta la investigación y el funcionario que disparó fue puesto en licencia administrativa.Videos de cámaras de seguridad y testimonios de personas que estaban en el sector también han generado interrogantes frente a la versión oficial. Medios estadounidenses han reportado que el agente identificado como David Brouillette disparó contra Johan y que posteriormente surgieron antecedentes sobre el comportamiento violento del funcionario, información que ahora también hace parte del escrutinio público sobre el caso.La muerte del joven bumangués provocó además una fuerte reacción en Biddeford. Su compañera, Karolina Rojas Álvarez, describió a Johan como un hombre trabajador, dedicado a su familia y con sueños por cumplir. Durante una declaración pública, recordó especialmente el vínculo que tenía con su hija de tresEl alcalde de Biddeford, Liam LaFountain, también ha reclamado una investigación transparente y ha insistido en que Johan era parte de la comunidad. En una proclamación presentada ante el Concejo Municipal, pidió justicia y rendición de cuentas por su muerte y expresó solidaridad con la familia y con los habitantes migrantes de la ciudad.Ahora, mientras avanza la investigación en Estados Unidos, el rostro de Johan quedará plasmado en un muro de Biddeford. Una imagen junto a su hija que busca convertir el dolor de una comunidad en memoria y recordar la historia del joven colombiano que salió de Bucaramanga buscando un mejor futuro y terminó muriendo durante un operativo de inmigración.
Luego de una semana pedagógica por la rotación de los nuevos dígitos, este lunes 10 de agosto comenzará a regir el periodo sancionatorio del pico y placa para vehículos particulares y motocicletas.La disposición, producto de un estudio técnico de acuerdo al número de registros y vehículos activos, seguirá teniendo como base el último dígito de la placa para carros particulares, mientras que para las motocicletas de dos y cuatro tiempos se determina por el primer dígito de la placa.De igual manera seguirá, rigiendo de manera continua entre las 5:00 de la mañana y las 8:00 de la noche, así:Lunes: 5 y 8Martes: 1 y 4Miércoles: 0 y 2Jueves: 3 y 6Viernes: 7 y 9Con estos dígitos funcionará la medida hasta el 27 de enero de 2027.Continúan como vías exentas de la medida la vía Las Palmas, vía 4.1 occidente antioqueño, conexión de la avenida 33 entre la autopista sur y la avenida Las Palmas, calle 10 entre el Eje vial del Río y la terminal del sur y los corregimientos; además de la autopista Sur y avenida Regional, excepto en el municipio de Bello, donde la restricción rige en todas las vías, según las autoridades locales con el fin de descongestionar la glorieta de Niquía."La entidad invita a la ciudadanía a consultar previamente las placas con restricción, verificar los horarios y planear sus desplazamientos con anticipación. Desde la secretaría reiteramos que esta medida busca mejorar la movilidad en la ciudad", manifestó el secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz.Vale la pena recordar que el pico y placa busca sacar cerca de 200.000 vehículos diariamente de circulación en la subregión, a pesar de la identificación de una saturación en la vías de entre el 100 y el 170%. Según esta dependencia de la Alcaldía de Medellín hay días en los que esa tarea es más difícil, por la cantidad de motos y carros que hay matriculados con ciertos dígitos: 0,1 y 5.
A menos de 48 horas de haberse posesionado como presidente, Abelardo De La Espriella anunció las primeras afectaciones a grupos armados que delinquen en Antioquia tras los resultados reportados por la fuerza pública en las subregiones de Urabá y el Nordeste.Tras su asistencia al tradicional Desfile de Silleteros que cerró la Feria de las Flores en Medellín, antes de dejar la capital antioqueña el mandatario anunció que en medio de combates con tropas de la Décima Cuarta Brigada fueron abatidos dos integrantes del Clan del Golfo en la vereda Liberia del municipio de Anorí.La operación, según el presidente, también permitió la incautación de seis fusiles y abundante material de guerra e intendencia.Los hombres, entre ellos uno de sus cabecillas en la zona, hacían parte de la subestructura Jorge Mario Valle y eran señalados de diferentes acciones terroristas en contra de la población civil, pero también de la fuerza pública."Esta comisión terrorista a la que se le propinó este duro golpe es la misma que en el año 2024 había asesinado a cuatro de nuestros valientes soldados que adelantaban operaciones en esa región del departamento",dijo el mandatario.De la Espriella también aseguró que en otras acciones desplegadas en el Urabá antioqueño, en el municipio de Necoclí, fueron capturados cuatro presuntos integrantes de la subestructura Gabriel Poveda Ramos del mismo grupo ilegal dedicados al narcotráfico y al componente financiero.En las operaciones desarrolladas por parte de la Armada y la Décima Séptima Brigada, los uniformados incautaron armas de fuego, municiones y material de interés para las labores de inteligencia militar.
La senadora María Clara Posada solicitó a la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, ordenar una auditoría forense a Colpensiones para revisar el manejo de los recursos de la entidad durante los últimos cuatro años.La congresista argumenta que existen numerosas denuncias sobre presuntas irregularidades en materia de contratación y consideró necesario establecer cómo fueron ejecutados los recursos públicos. “El país necesita saber cómo ejecutaron los recursos públicos”, afirmó.Entre los hechos que cuestiona, Posada menciona la presunta contratación del principal financiador del Pacto Histórico y aseguró que en junio se destinaron 25.300 millones de pesos para garantizar hasta octubre la contratación de una nómina paralela de 1.000 trabajadores temporales.También reprocha la ejecución de 238.587 millones de pesos para el cambio del data center, proceso que, según indicó, estuvo relacionado con fallas en la prestación del servicio durante junio y julio.A esto sumó un gasto de 87.621 millones de pesos en publicidad y señaló que no se han publicado las facturas correspondientes a los viajes de los directivos de la entidad.Colpensiones cuenta con un presupuesto anual de 75,6 billones de pesos, por lo que la senadora insiste en que su administración debe estar sometida a criterios de transparencia y control.Posada pide que la nueva administración de la entidad comience con un “corte de cuentas claro” que permita establecer qué ocurrió con los recursos públicos y cómo fueron utilizados durante los últimos años.
