Entre aplausos y cuestionamientos continúan moviéndose las reacciones en torno a la adjudicación de la APP del Canal del Dique por líderes en el sur del Atlántico. Esto luego de que la ANI decidiera entregarle en sus manos a la empresa Sacyr, el contrato de ejecución de las obras de mitigación y recuperación del afluente sobre la tarde de este miércoles en una audiencia pública desarrollada en Bogotá.
Mientras que algunos líderes "ven con buenos ojos" que finalmente el Canal del Dique sea intervenido y restaurado para evitar una catástrofe ambiental por cuenta de los altos niveles; otros son los que siguen cuestionando la adjudicación a la empresa Sacyr, la cual, aseguran, no contaría con capacidad técnica en proyectos ambientales.
Al menos es la posición que comparte William Lastra, presidente de las comunidades en el sur del Atlántico, quien asegura que el contrato se lo dieron "al mejor postor", pues considera que un proyecto de tal envergadura no puede quedar en manos de amiguismos para pagar favores políticos.
"Esa empresa Sacyr no nos genera confianza porque no hay antecedentes técnicos de que haya desarrollado proyectos ambientales como una APP, sobre todo en el Canal del Dique. No queremos obras porque sí, pues lo que buscamos es que se desarrollen de manera adecuada para garantizar la tranquilidad de las comunidades a largo plazo", dijo.
Otros líderes como Gustavo de la Rosa, inspector en el sur del Atlántico, aseguraron que el Canal del Dique cuenta con 12 puntos críticos que deben ser atendidos de manera inmediata para evitar posibles inundaciones ante los niveles de sus aguas, sin dejar de lado tampoco la preocupación que le genera la empresa Sacyr por la nula experiencia en megaproyectos ambientales.
"La compañía tiene el gran reto de comenzar a hacer las obras de mitigación que venimos reclamando en los doce puntos críticos que hemos identificado que continúan amenazando con inundaciones de manera inmediata. El proceso de intervención no debe dar espera, pues aunque disminuyeron las lluvias para este mes, estas seguirán hasta el otro año", señaló.
Cabe recordar que el proyecto cuenta con una longitud total de 116 kilómetros entre Calamar y la bahía de Cartagena. La ejecución de las obras incluye, entre otros, un sistema de esclusas y compuertas para evitar la entrada no controlada de grandes cantidades de sedimentos y caudal.
Asimismo, tanto la ejecución de la mega-obra como su respectiva operación y mantenimiento se hará a través de una concesión que tendrá un plazo de 15 años y, según los cálculos, se pronostica la generación de 61.766 empleos entre directos e indirectos en la zona.
Otro compromiso adicional se adelanta con víctimas del conflicto armado en el área de influencia del proyecto, ya que en cumplimiento del auto emitido por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la ANI avanza en la conformación de la Mesa Técnica para el diseño y redacción del protocolo arqueológico forense de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en marco del conflicto armado.
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