“La emergencia que se que se declara es exclusivamente para el departamento de La Guajira, nada más. Y en ese sentido el decreto de emergencia regional local tiene las implicaciones de buscar resolver lo que no se ha logrado hacer en el tiempo”, dijo el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, al ser consultado sobre la posibilidad de establecer impuestos o regular otras materias usando lo poderes que una declaratoria le da al presidente.
El Gobierno ha dicho que la declaratoria busca resolver problemas graves de acceso a agua potable y a servicios de salud para la población en ese departamento, pero aún no se ha publicado el decreto que oficializa la decisión.
Una declaratoria de emergencia económica y social le da el poder a un presidente de reemplazar al Congreso y expedir leyes (en este caso decretos-ley) únicamente con su firma y sin necesidad de ningún debate adicional. Esos decretos, sin embargo, deben guardar relación con las razones detrás de la declaratoria.
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Escepticismo entre empresarios
Varios sectores empresariales están poniendo en duda la validez jurídica de declarar una emergencia económica y social en La Guajira.
“La situación de La Guajira por décadas es la que hoy se está viviendo y hoy esa declaratoria, muy seguramente cuando sea estudiada por la Corte Constitucional, la tendrán que revocar porque no ha existido ningún hecho sobreviviente (nuevo)”, dijo el presidente de Fedetranscarga, Arnulfo Cuervo.
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En la misma línea, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, indicó que, aunque el hambre y la desnutrición son preocupantes, llevan décadas en esa región y a eso se suma otro argumento ‘flojo desde el Gobierno’.
“El fenómeno de El Niño es un evento futuro del cuál no se conocen las consecuencias”, señaló Cabal.
Para Fenalco la Corte Constitucional tendrá que decidir si este panorama amerita poderes especiales para el presidente o debe resolverse con las facultades ordinarias y el presupuesto actual. Mientras tanto, desde Amcham piden que esta declaratoria no se quede en el papel, la presidenta de esta entidad, María Claudia Lacuoture, pidió medidas ‘eficaces’ para la gente y dijo que el sector privado está dispuesto a cooperar.
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