La determinación disciplinaria también cobija a Jessica Catherine Barros Zúñiga y Claudia Sofía Meza Ochoa, quienes fungían como jefe de la Oficina Jurídica y secretaria de Salud del departamento de La Guajira, respectivamente, para la época de los hechos.
Se cuestiona a los investigados porque al parecer permitieron la entrega de medicamentos y la prestación de servicios de salud a la población pobre y vulnerable no cubierta con el subsidio a la demanda y los eventos no POS del Régimen Subsidiado, sin que mediara orden o contrato formal, con lo cual habrían incumplido los requisitos previos establecidos en el estatuto de contratación y sus decretos reglamentarios.
De acuerdo con la investigación disciplinaria, Drogas La Salud demandó al departamento de La Guajira por el no pago de las obligaciones contraídas por el suministro de medicamentos y adicionalmente, la entidad se vio obligada a sanear a través del programa de saneamiento fiscal y financiero, el no pago de la prestación de servicios de salud a la población pobre y vulnerable del régimen subsidiado.
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