En fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 12 años a tres personas que ejercían funciones públicas como miembros principales de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar, adscrita al Ministerio del Trabajo.
Según la Procuraduría, estas personas fueron sancionadas "por obtener irregularmente beneficios de los recursos del sistema de seguridad social entre el 2016 y el 2018", faltas que fueron calificadas como "gravísimas a título de dolo".
Y es que el ente de control comprobó que de manera continua y sucesiva, “Yamile de Jesús Pérez Domínguez y Carlos Arturo Montero Araújo se apropiaron de más de $233 millones, que se encontraban depositados en la cuenta bancaria de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar”.
“Con este comportamiento los dos particulares defraudaron las arcas públicas sin justificación alguna, solo con el interés de obtener un beneficio propio, lo que se constituyó como un incumplimiento a su deber funcional”, dijo el ente.
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Así mismo, la Procuraduría demostró que, "en ejercicio de sus funciones, el otro miembro principal, Eduardo Urbano Marrugo Castellón, solicitó y recibió dinero de personas interesadas en obtener dictámenes de invalidez falsos, que se utilizaron para adquirir pensiones en forma ilegal ante Colpensiones y otros fondos privados”.
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