La Procuraduría General de la Nación, PGN, solicitó este domingo a la alcaldesa de Santa Marta, Virna Jhonson, a la Gobernación del Magdalena, a los registradores municipales y a la Policía Nacional, informar sobre las gestiones realizadas para garantizar el orden público, y la prestación del servicio de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que fue interrumpido desde el pasado 2 de octubre por una posible amenaza de toma a sus instalaciones por seguidores del Partido Fuerza Ciudadana.
La comunicación enviada por la Procuraduría regional Magdalena y provincial Santa Marta, asegura que las labores de la Registraduría en esta ciudad aún se mantienen interrumpidas, situación que afecta derechos fundamentales como la identidad de los colombianos, fe pública registral, y su participación en el proceso electoral ad portas de los comicios de este mes de octubre.
Como se recordará, durante varios días los seguidores del partido Fuerza Ciudadana convocaron una serie de plantones en las instalaciones de la institución para exigir que se les permitiera inscribir un nuevo candidato, luego de que el Consejo Nacional Electoral, CNE, revocara la inscripción de Patricia Caicedo, hermana del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo; quien aspira a ser la próxima alcaldesa de Santa Marta.
Pese a que el Registrador Nacional, Alexander Vega, emitió un comunicado días atrás en el que explicaba que el cierre temporal respondía al riesgo en la seguridad de los funcionarios, la alcaldesa Virna Jhonson negó que existiera algún tipo de amenaza contra la vida de alguno de ellos.
“Es falso que haya existido algún acto de vandalismo en las instalaciones y tampoco tenemos ningún informe donde se establezca que existe amenaza que ponga en riesgo la seguridad de los funcionarios de la Registraduría de Santa Marta”, puntualizó en su momento.
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